México incumple recomendaciones de la CIDH: Gabino Gómez

Mario CASASÚS/El Clarín Cl Oaxaca, México.-En entrevista con Clarín.cl Gabino Gómez Escárcega, abogado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), habla de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Fue un llamado a cuentas para el Estado mexicano, porque no ha cumplido con las medidas provisionales que la Corte resolvió, la CIDH le ordenó al Estado mexicano: 1.- Localización de los desaparecidos y 2.- Protección a las familias de los desaparecidos. Nosotros denunciamos ante la Corte que el gobierno mexicano no está haciendo su trabajo; las Organizaciones No Gubernamentales de Chihuahua dimos nuestra versión y el Estado dio su versión, estamos en espera que la Corte Interamericana resuelva sobre los argumentos presentados en la audiencia; nosotros esperamos que resuelva con un ‘extrañamiento’ contra el Estado mexicano, para que se aboque a cumplir con su responsabilidad”. Cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Gabino Gómez compara las dos Caravanas convocadas por el poeta Javier Sicilia, mientras analiza los expedientes de Marisela Escobedo (defensora de los Derechos Humanos asesinada en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua) y de la familia Alvarado (tres integrantes fueron desaparecidos por militares en diciembre de 2009) y presenta una nueva denuncia: “Doña Eva, vive en una población a 100 kilómetros de Chihuahua, el pasado 19 de junio, los policías le arrebataron a su esposo Toribio Muñoz, a sus cuatro hijos, a un sobrino y a su yerno; mientras celebraban el Día del Padre, vieron cómo un comando de hombres armados con insignias de la Policía Federal se llevó detenidos a todos los varones de la casa –desde el padre de familia de 72 años, hasta al nieto de 21 años-, la señora Eva no encuentra respuestas del Estado fallido, la impunidad juega a favor de las autoridades”. MC.- Don Gabino, a una semana de la Caravana de Paz por el sureste mexicano, ¿qué análisis haría con respecto a la Caravana del Consuelo? GG.- Fueron dos caravanas distintas en términos de la recepción de denuncias por la violencia, en la Caravana al Norte el dolor fue producto del crimen organizado y la espiral de violencia que vive el país por la guerra de Felipe Calderón; en la Caravana al Sur vimos un panorama violento, pero con otra problemática: los despojos en contra de las comunidades indígenas, las quejas provenían por los abusos de los caciques y las autoridades corruptas, pero sin duda lo que llamó mi atención fue la vulnerabilidad y las violaciones que sufren los migrantes centroamericanos en México. En el plano social veo una mejor organización para la defensoría de los Derechos Humanos en el norte; a diferencia del sureste, no veo a la sociedad permeada por el terror generalizado de la frontera norte, en el sur las prioridades son las luchas magisteriales, ambientalistas e indigenistas; por ejemplo, en Chihuahua existe una gran variedad de Organizaciones No Gubernamentales para reclamar Justicia para Nuestras Hijas y nos coordinamos para la acción, fue el matiz que percibí, además de las nuevas personas que caminaron con nosotros, por fin las víctimas están denunciando los crímenes, las desapariciones forzadas y el terrorismo de Estado. MC.- Javier Sicilia reeditó el ensayo: “La placa de Marisela y la desobediencia civil” para la antología: Estamos hasta la madre (Planeta, 2011), ¿el gobernador de Chihuahua cumplió su amenaza de retirar la placa instalada por la Caravana del Consuelo? GG.- La placa en memoria de Marisela Escobedo (1958-2010) todavía se conserva frente al Palacio de Gobierno, durante la Caravana de Paz conmemoramos los 9 meses del asesinato de Marisela, a ella le costó la vida buscar Justicia para su hija Rubí –asesinada por Sergio Rafael Barraza en abril de 2008-, la autoridad no investigó y Marisela inició la búsqueda para encarcelar al responsable –fugitivo y confeso del crimen-, sin embargo el gobierno lo dejó en libertad en dos ocasiones –Sergio Rafael Barraza fue absuelto en un primer momento y un Tribunal de Casación lo sentenció en ausencia, pero nunca lo detuvieron-, Marisela Escobedo se convirtió en una defensora de los Derechos Humanos y por eso fue asesinada en la puerta del Palacio de Gobierno el 16 de diciembre de 2010, mientras protestaba, las cámaras de video registraron el crimen, no obstante ningún policía salió a perseguir al asesino. MC.- La Caravana del Consuelo cruzó al Paso Texas para conversar con los hijos de Marisela Escobedo (12/06/2011), ¿cuál es su situación migratoria?, ¿qué resolvió el gobierno de Obama ante la solicitud de asilo político? GG.- La hija de Rubí Frayre Escobedo (QEPD), Heidi Barraza Frayre está en pleno procedimiento de asilo político; dos hijos de Marisela habían solicitado asilo en Estados Unidos –Juan Manuel y Alejandro con su esposa-, la semana pasada le otorgaron el asilo a la nuera de Marisela –Mónica Arias-, pero los dos hijos están pendientes del fallo migratorio para evitar la deportación. MC.- El semanario Proceso (3/07/2011) publicó una crónica sobre la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), donde ustedes denunciaron al Estado mexicano, ¿cuál fue la repercusión al acusar a los militares en la desaparición de 3 integrantes de la familia Alvarado? GG.- Con el caso de la familia Alvarado estamos en una grave situación por amenazas de muerte, Jaime Alvarado participó en la primera Caravana a Ciudad Juárez; recientemente intentaron asesinarlo, al atropellarlo lo dieron por muerto, en vista de que no murió, allanaron su casa, hicieron destrozos, no se robaron nada, pero le dejaron un mensaje: “te vamos a matar junto a toda tu familia”; de forma que todos los sobrevivientes de la familia Alvarado están escondidos, por eso no nos acompañaron durante la Caravana al Sur, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para garantizar la protección de la familia y a las autoridades mexicanas les valió madres. MC.- ¿Qué se discutió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? GG.- Fue un llamado a cuentas para el Estado mexicano, porque no ha cumplido con las medidas provisionales que la Corte resolvió, la CIDH le ordenó al Estado mexicano: 1.- Localización de los desaparecidos y 2.- Protección a las familias de los desaparecidos. Nosotros denunciamos ante la Corte que el gobierno mexicano no está haciendo su trabajo, la audiencia fue para que el Estado mexicano explicara las razones por las que no hace su trabajo; las Organizaciones No Gubernamentales de Chihuahua dimos nuestra versión y el Estado dio su versión, estamos en espera que la Corte Interamericana resuelva sobre los argumentos presentados en la audiencia; nosotros esperamos que resuelva con un “extrañamiento” contra el Estado mexicano, para que se aboque a cumplir con su responsabilidad. MC.- ¿Con qué argumento se defendió el Estado si frente a sus narices asesinaron a la defensora de Derechos Humanos: Marisela Escobedo? GG.- Los abogados del Estado mexicano dijeron puras pendejadas (tonterías), para demostrar que sí trabajaban sólo llevaban: las reformas a la Ley de Derechos Humanos y algunas pesquisas sobre los desaparecidos, pero las investigaciones son hechas por los familiares de los desaparecidos en Chihuahua, no son averiguaciones previas ni peritajes del Estado. Por si fuera poco, el Estado pretendió regañarnos con soberbia y sin argumentos en la audiencia, si son capaces de hablarnos con esa arrogancia en una Corte, imagínense cómo le hablan a las víctimas cuando no hay testigos ni jueces presentes. MC.- Al estar involucrados los militares de Chihuahua en la desaparición de Rocío Alvarado, Paola Alvarado y Juan Ángel Alvarado (29/12/2009), ¿dónde se debería litigar el triple crimen?, ¿en tribunales del fuero civil o en una corte marcial? GG.- No aceptamos que el caso de la familia Alvarado sea llevado por los tribunales de los militares, ellos entienden el fuero como impunidad. La Corte Interamericana dictaminó –a partir del Caso Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974- que los soldados serán juzgados por tribunales civiles cuando el delito sea tipificado como violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. MC.- ¿El Estado debe convocar y participar en una Comisión de la Verdad? GG.- No, la Comisión de la Verdad que propone el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad debe ser autónoma, el Estado no puede ser juez y parte. MC.- ¿Qué opina de la nueva Procuraduría de Atención a Víctimas del régimen de Felipe Calderón? GG.- Es insuficiente, no tiene presupuesto asignado, ni personal capacitado, es un parche ante el fin del mandato de Felipe Calderón; nosotros exigimos un esquema eficiente y ciudadano para la atención de víctimas de la guerra de Felipe Calderón, no queremos otra procuraduría rabona (sin cola). MC.- ¿Cuántas represalias ha sufrido por trabajar en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y en el Barzón? GG.- Varias, la más reciente fue el 11 de julio, cuando la Policía Municipal de Chihuahua me arrestó ilegalmente, privándome de la libertad por más de 2 horas, en el Comando Norte me golpearon y amenazaron; el alcalde de Chihuahua reconoció los “abusos” de su policía y prometió que “sancionaría” a los responsables, a pesar de todo los policías no fueron destituidos, ellos tomaron los datos de mi credencial de elector y he recibido amenazas de muerte. MC.- Finalmente, ¿podría compartir algunos detalles de la nueva denuncia que presentó ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? GG.- Doña Eva, vive en una población a 100 kilómetros de Chihuahua, el pasado 19 de junio, los policías le arrebataron a su esposo Toribio Muñoz, a sus cuatro hijos, a un sobrino y a su yerno; mientras celebraban el Día del Padre, vieron cómo un comando de hombres armados con insignias de la Policía Federal se llevó detenidos a todos los varones de la casa –desde el padre de familia de 72 años, hasta al nieto de 21 años-, la señora Eva no encuentra respuestas del Estado fallido, la impunidad juega a favor de las autoridades, el “delito” que cometió la familia Muñoz fue denunciar a un grupo armado que andaba disparando tiros al aire, la policía municipal se negó detener a los sospechosos, entonces la familia Muñoz le indicó a la policía que si no actuarían era mejor que se retiraran de la colonia: “váyanse de aquí, no sirven para nada”, pero en breve llegaron los refuerzos, no para detener a los sospechosos armados, sino a don Toribio y hasta la fecha continúan desaparecidos los 7 integrantes de la familia Muñoz. http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2613:gabino-gomez-mexico-no-cumple-con-las-medidas-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-&catid=7:entrevista&Itemid=8