Palabras del Gobernador de Oaxaca ante la CNDH

Oaxaca, México.-  A cinco años de la desaparicón de integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, el Gobierno estatal , se comprometió a investigar este hecho, desdeñado por el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz A contonuación el discurso integro del mandatario Gabino Cué Monteagudo: Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado Pavel Renato López Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  del Honorable Congreso del Estado. Doctor Heriberto Antonio García, Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca. Licenciada Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Comisionada de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Señoras y señores: Me es muy grato dar la más cordial bienvenida a nuestro estado al Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien se encuentra con nosotros para suscribir un importante instrumento que nos permitirá fortalecer, promover y proteger los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños. Sea bienvenido a nuestro estado; los oaxaqueños celebramos y agradecemos su visita. Reconocemos también y mucho apreciamos, el trabajo diligente y profesional que en Oaxaca realiza la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, a cargo del Doctor Heriberto Antonio García. Este evento me da la oportunidad de compartir con Ustedes algunas reflexiones sobre el importante tema que hoy nos ocupa. Debo señalar primeramente que la transición democrática de Oaxaca, no se explica ni tendrá sentido, si no empezamos por respetar y hacer respetar el estado de derecho que regula la interacción de la sociedad; si como sociedad y gobierno, no somos capaces de crear un ambiente de respeto absoluto al ser humano y del orden público. A pesar de ser herederos del pensamiento juarista y del movimiento liberal que consagró los derechos y libertades ciudadanas en la letra de la Ley, es necesario reconocer que la nuestra, es una sociedad que se ha desarrollado a lo largo de su historia bajo el estigma del autoritarismo, la explotación y los cacicazgos. Por ello, avanzar y dar cauce de futuro a la transición democrática, exige al Gobierno del Estado garantizar el pleno respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos; y a ellos, ejercerlos con toda responsabilidad para no afectar el orden público, ni los intereses de los demás. “Que el Pueblo y el Gobierno respeten el derecho de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. El histórico apotegma condensa los valores y principios del Juarismo: Soberanía e Independencia, legalidad y tolerancia, respeto a los derechos humanos, así como una búsqueda incesante de Paz y Progreso para nuestro Pueblo. Esa es la fuente de inspiración de mi gobierno. Y a la luz de esas premisas, desde el primer día de mi mandato honramos a Juárez y al Estado de Derecho, ciñendo el ejercicio del poder y la autoridad al imperio de la Ley, y cumpliendo escrupulosamente su mandato. Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos constituye una alta prioridad para mi gobierno; y por tanto, el eje transversal de todos los frentes y quehaceres de la función gubernamental. En solo cuatro meses hemos concretado avances sustanciales en materia de derechos humanos: Hemos fortalecido la estructura institucional en esta materia, mediante la creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos, con dependencia orgánica directa a la Gubernatura del estado. En el ámbito de la procuración de justicia, instituimos la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social; y en breve pondremos en operación la Subprocuraduría para Atender Delitos Cometidos en Contra de de la Mujer por Razón de Género; y la Fiscalía para la Atención de Migrantes. Desde el primer día de mi gobierno, enviamos al Honorable Congreso del Estado, un Proyecto de Reforma para adecuar la Constitución del Estado, a las expectativas del Pueblo de Oaxaca y a la realidad política y social de la entidad. Un proyecto de reforma constitucional, donde la protección y promoción de los derechos humanos ocupa un lugar primordial, al plantear profundas modificaciones al Artículo 114 de nuestra Carta Magna. Se trata de un proyecto de reforma, que de ser aprobado por la legislatura local, cambiaría contundentemente el alcance de la protección de los derechos humanos en el Estado de Oaxaca, colocándolo como una entidad de vanguardia en el plano nacional. No solo cambiará la denominación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, para instituirla como Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Se prevé dotar a la Defensoría de los Derechos Humanos, con nuevas y fortalecidas facultades en favor de la sociedad, fundadas en los principios y derechos humanos de orden universal. Entre ellas, formular propuestas para la modificación de la estructura orgánica, disposiciones reglamentarias y prácticas administrativas del gobierno, cuando su operación o desempeño, vulnere los derechos humanos. La Defensoría podrá también presentar informes, denuncias y quejas ante las autoridades competentes, cuando se demuestre plenamente la consumación de una violación de derechos humanos, como consecuencia de una mala práctica de la función pública. Podrá además hacer del conocimiento del Honorable Congreso del Estado, la actitud nugatoria de instituciones y servidores públicos, que en forma reiterada se resistan a acatar las recomendaciones formuladas. Y en el marco de la reforma constitucional para fortalecer al Poder Judicial, se ha propuesto la creación de una instancia especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, denominada Sala Constitucional, la cual tendrá entre sus facultades conocer y actuar sobre las violaciones a los derechos humanos. A ello, habría que agregar que en el proyecto de iniciativa correspondiente a la instauración de los Mecanismos de Democracia Directa, se establece como causal de Revocación del Mandato de Gobernador del Estado, la Comisión de delitos de lesa humanidad. Se trata de un conjunto de modificaciones constitucionales que representan un avance significativo en nuestro objetivo para promover y acendrar en el estado, una nueva cultura de respeto puntual a los derechos humanos. Es por ello que hago un respetuoso llamado a las y los legisladores del Honorable Congreso del Estado, para realizar una pronta valoración de la trascendencia social del proyecto de reforma constitucional que ha propuesto mi gobierno. Analizarlo, debatirlo y enriquecerlo, para juntos ofrecer al Pueblo de Oaxaca, un cuerpo constitucional más justo y actualizado. Nos afanamos en construir y cultivar una nueva relación entre los Poderes del Estado, que se forje y nutra en el diálogo, la cooperación, el respeto recíproco y la autonomía plena. Y con este espíritu, hemos propuesto también al Congreso local, la iniciativa de Ley para Regular el Uso de la Fuerza por los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad Púbica del Estado, cuyo objetivo es dar certeza a la sociedad de que en Oaxaca nunca más habrá una policía represora. A través de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos, estamos procesando las propuestas y observaciones emitidas por las instancias y organismos locales, nacionales e internacionales, con los cuales mantenemos una comunicación estrecha y permanente. Por primera vez en la historia de Oaxaca, y animado por una inquebrantable vocación con la justicia y la legalidad, he concurrido y comparecido ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar un balance de la situación que guardan diversos expedientes de la materia. Asumimos puntalmente las once  recomendaciones emitidas por el organismo a la anterior administración, y estamos atendiendo las medidas cautelares para el caso de las 135 personas desplazadas de San Juan Copala; así como las relativas a Santo Domingo Ixcatlán y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, entre otras acciones, sin que a lo largo de esta administración se hayan generado nuevas recomendaciones. Como también reiteramos el compromiso gubernamental de brindar seguridad a las defensoras y defensores de los derechos humanos, así como al ejercicio de la actividad periodística  y a los representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores: La reseña de estas acciones revela la importancia estratégica que mi gobierno otorga a la promoción y protección de los derechos humanos. Con ese ánimo y convicción –y con enorme beneplácito-  el Gobierno de la Paz y el Progreso de Oaxaca, formaliza el Convenio de Colaboración Institucional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca. Una nueva herramienta que nos permitirá implementar en Oaxaca una Red de Atención Integral para Víctimas del Delito de Secuestro. Y desde luego, consolidar, fortalecer y profundizar la nueva cultura de los derechos humanos en la sociedad oaxaqueña. Para ello, nos daremos a la tarea de crear en lo inmediato un Modelo de Atención Integral que ofrezca a las víctimas y sus familias, tratamiento médico y psicológico; asesoría para el manejo de crisis; metodología de denuncia y esquemas de comunicación con las autoridades competentes, entre otras importantes acciones. Al suscribir este convenio -señoras y señores- mi gobierno reafirma su cabal disposición de cumplir y honrar a cabalidad sus términos. Y desde luego, reiteramos nuestra gratitud personal e institucional al Doctor Raúl Plascencia Villanueva y al Doctor Heriberto Antonio García, a quienes les expreso mi reconocimiento por su encomiable participación en este esfuerzo que hoy iniciamos en pro de las víctimas de la violencia; y sobre todo, por su voluntad para sumar a Oaxaca a esta Red Nacional, cuya finalidad tiene un profundo significado de justicia, humanismo y solidaridad humana. Muchas gracias.