Oaxaca, MéxicoEl presidente de la Comisión de Cultura del Congreso estatal, Flavio Sosa Villavicencio, denunció este viernes que la población afrodescendiente de Oaxaca es presa de discriminación, “de un racismo velado, ejercido e invisibilizado desde las propias instituciones gubernamentales”.
En la inauguración del foro “Los pueblos negros en movimiento por su reconocimiento”, cuestionó si esas comunidades tienen la misma posibilidad de acceso que el resto de la gente a vivienda, educación, empleo y servicios: “parece evidente que las respuestas son negativas en la mayoría de los casos”, dijo.
En el mismo sentido, Flavio Sosa interrogó si los pueblos afrodescendientes tienen acceso a informar y estar informados; si tienen las mismas posibilidades para ejercer el voto, acceder a puestos de elección popular, gobernar en cargos administrativos y acceder a la justicia.
Para responder a esas preguntas, agregó, sería prudente contar con estadísticas sobre la condición social de los pueblos afromexicanos, lo que es imposible pues el INEGI carece de indicadores para identificar a la población negra, su dimensión, su ubicación y mucho menos el estado de sus satisfactores sociales.
“Los instrumentos censales de nuestro país invisibilizan a estas comunidades”, señaló en el encuentro convocado por Centro Cultural Cimarrón, México Negro, Época, Ecosta Yutu Cuii, Grupo Afrodesc y Socpinda, en el marco de la celebración del Año Internacional de las Poblaciones Afrodescendientes.
Subrayó que los diversos tratados internacionales sobre comunidades afrodescendientes reconocen el derecho de éstas a un desarrollo social equitativo, al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales en igualdad con el resto de la población, lo que no sucede en Oaxaca.
“Es imposible sostener el discurso de la democracia cuando a cualquier parte de la población se le niega la igualdad”, por lo que los derechos de la población afrodescendiente “no son un asunto de interés particular para los pueblos negros, sino aval para toda la sociedad de que vivimos un sistema justo”, expresó.
Por ello, añadió, combatir la iniquidad contra la población afrodescendiente es obligación de todas las personas, “pero nos toca especialmente a quienes participamos en alguno de los Poderes del Estado”, expuso ante el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino.
Flavio Sosa calificó como acertado que en este foro se discuta la necesidad de una reforma constitucional para el reconocimiento del pueblo negro, y se comprometió a asumir como propios los planteamientos de las organizaciones y comunidades negras que participan en el encuentro.
Citó al secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon, quien dijo que “la discriminación de que son objeto los afrodescendientes es perniciosa. A menudo están atrapados en la pobreza en gran medida a causa de la intolerancia, y encima se utiliza la pobreza de pretexto para excluirlos todavía más”.
Celebró la participación de personas representantes de los distintos niveles de gobierno, de instancias académicas, intergubernamentales y de la sociedad civil, y dijo confiar en que al término del encuentro “podamos salir de aquí con acuerdos concretos”.
Agregó que en las discusiones del foro surgirán elementos sustanciales para un trabajo legislativo que sirva para contribuir a transformar de fondo la relación entre el Estado y las comunidades afrodescendientes, en favor del reconocimiento de sus derechos como pueblos y como personas.
En el foro, que concluirá el domingo 23, participan también la Unidad Regional de Culturas Populares de la Costa, el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad
Intercultural del Sureste y la UNESCO.
Se espera la participación del embajador de Sudáfrica en México, Mphakama Mbete, quien ya confirmó su asistencia al evento.
En la inauguración del foro “Los pueblos negros en movimiento por su reconocimiento”, cuestionó si esas comunidades tienen la misma posibilidad de acceso que el resto de la gente a vivienda, educación, empleo y servicios: “parece evidente que las respuestas son negativas en la mayoría de los casos”, dijo.
