Oaxaca. México. Las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y personas trabajadoras de los medios, prevalecieron como un tema irresuelto en la agenda de derechos humanos durante el año 2011. El deterioro de la situación que guarda la libertad de expresión continuó activando las alertas como indicador para evaluar la calidad de la democracia mexicana con resultados poco alentadores. Los niveles y rasgos de la violencia e impunidad que se documentaron en años anteriores persistieron en las “zonas de silencio” ya ubicadas, como Tamaulipas o Coahuila, y se extendieron a estados como Veracruz y Guerrero. También, se agudizaron fenómenos que ya asomaban el año anterior como el aumento en número y grado de violencia en las agresiones contra mujeres periodistas, así como la criminalización y violencia contra usuarios de redes sociales. La información necesaria para confirmar las agresiones continuó censurada en muchos de los casos, igual que en el año anterior, por temor a represalias. Según la documentación de ataques a la libertad de expresión que realizó el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los casos están cerca de alcanzar la cifra del 2010 (155). Se mantuvo un promedio de entre 10 y 8 asesinatos desde el año 2009 a la fecha, al menos 10 confirmados en 2011, 4 de ellos fueron de mujeres. El 20 por ciento del total de las agresiones ocurrieron en Veracruz lo que lo convirtió en el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo. Veracruz entre dos fuegos A inicios de 2011, organizaciones de libertad de expresión y de periodistas advertíamos que el clima de autocensura y violencia contra la prensa se agudizaba en el estado de Veracruz. El silencio que guardaron los medios locales respecto a la desaparición del periodista Noel López Olguín el 8 de marzo, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 1 de junio, fue uno de los primeros síntomas de la creciente violencia contra la prensa en ese estado. Posteriormente y en lapsos cortos de tiempo, ocurrieron los asesinatos de los periodistas Miguel Ángel López y su familia el 20 de junio; Yolanda Ordaz de la Cruz el 24 de julio; el exilio de más de una decena de periodistas del puerto; la vigilancia y el despido de varios reporteros por presiones gubernamentales; la desaparición (aún no confirmada por motivo de su labor) del reportero Gabriel Fonseca Hernández y el ataque con explosivos al periódico El Buen Tono. Entre otras agresiones, estos fueron los casos que configuraron el escenario violento contra la prensa. Veracruz cuenta con más de 150 medios de comunicación. Contradictoriamente, existe un fuerte vacío informativo ya que dichos medios viven entre la amenaza del crimen organizado y un incremento del control gubernamental respecto a la información relacionada con temas de seguridad, derechos humanos y corrupción. Ante el vacío periodístico, la ciudadanía hizo uso de los medios a su alcance para generar y difundir la información. En este contexto, el 25 de agosto, la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, publicaron en las redes sociales Twitter y Facebook mensajes sobre supuestos ataques en escuelas veracruzanas, hechos que no pudieron comprobarse, por lo que ambos fueron detenidos y acusados del delito de terrorismo, medidas que fueron fuertemente cuestionadas por la ciudadanía. Tras permanecer cerca de un mes en el penal de Pancho Viejo obtuvieron su libertad después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado desistiera de la acción penal. Posteriormente, el gobierno estatal emitió otro mensaje equivocado; la aprobación en el Congreso local y su publicación en la Gaceta Oficial del 20 de septiembre de la modificación al Código Penal para crear la figura de perturbación al orden público. La norma establece sanciones que van de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario. Para el gobierno de Veracruz, no fue clara la necesidad de implementar medidas de protección para la prensa, así como de resarcir la desinformación que vive la ciudadanía y respondió con medidas represivas. Actualmente esta modificación se encuentra frente a un proceso de inconstitucionalidad impulsado por la sociedad civil. Tamaulipas;  la información por redes sociales y la violencia Según los registros de Cencos, han sido cuatro las personas asesinadas por hacer uso de herramientas web para difundir información sobre seguridad y crimen organizado en el estado de Tamaulipas; sin embargo, la mayoría de los medios locales lo han reportado como hechos aislados y fuera del contexto de censura contra la prensa. El análisis de los casos apunta a que, desde hace al menos dos años, la ciudadanía en Tamaulipas está llenando el vacío de información de los medios de comunicación y del propio gobierno ante la violencia como ahora ocurre en Veracruz. Periodistas y ciudadanos asumieron la tarea de informarse y protegerse de secuestros, extorciones, balaceras y más hechos violentos a través redes sociales y foros en Internet resultando esta una de las vías de comunicación más eficaces para ello, pero que coloca a las y los usuarios en franca vulnerabilidad. La violencia ya no está dirigida únicamente a quienes ejercen el periodismo, sino contra ciudadanos de a pie. María Elizabeth Macías Castro, era jefa de información del periódico Primera Hora en Nuevo Laredo y fungía como moderadora de un foro de denuncia contra el crimen organizado. El 24 de septiembre fue decapitada, un mensaje escrito en una cartulina que dejaron junto a su cuerpo decía: "Yo soy la nena de laredo y aqui estoy por mis reportes y los suyos (...)". Días antes, los cuerpos de dos jóvenes una mujer y un hombre de entre 25 y 28 años de edad fueron colgados de un puente en la ciudad de Nuevo Laredo con mensajes que vinculaban los asesinatos con el uso de redes sociales en las que ambos habían denunciado acciones de organizaciones criminales contra la ciudadanía. Finalmente, en el mes de noviembre fue asesinado un hombre en circunstancias similares a las de María Elizabeth Macías. En el mensaje encontrado al lado del cuerpo sin vida, se le identificó como el Rascatripas y se advertía que su asesinato se debía a los mismos motivos que los tres anteriores; sin embargo, las y los usuarios del foro de denuncia niegan que este hombre haya pertenecido a este grupo. Las autoridades, por su cuenta, tampoco han brindado los elementos suficientes para esclarecer el caso. Cómo opera la impunidad En abril de 2010, la periodista Angelina Albarrán junto con otros 26 periodistas del estado de Morelos, sufrió amenazas de muerte a través de un correo electrónico en el que se les acusó a todos de ser “narcoperiodistas”. Ella denunció esto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, así como en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de hacer el debido seguimiento de cada uno de los procesos y de no obtener resultados, decidió emprender la investigación por su cuenta descubriendo que la amenaza no provino del crimen organizado sino un colega suyo. Un año después, el 14 de abril de 2011, la periodista recibió una llamada de la FEADLE en la que le informaron que el 20 de abril les enviarían un equipo de psicólogos a ella y a los periodistas amenazados para ser evaluados respecto a posibles daños emocionales provocados por las amenazas del año anterior. Fue hasta el lunes 9 de mayo que una delegación de la PGR llegó a Morelos para citar al grupo de periodistas y programar la fecha del examen, ese día, un agente del Ministerio Público Federal del área de Exhortos, les hizo firmar la notificación de la fecha de la prueba psicológica y les advirtió que si no asistían, serían multados con 50 salarios mínimos. Hasta el momento, no ha habido castigo para el responsable de la amenaza. Las acciones del Estado… Durante 2011, fue clara la falta de garantías para el ejercicio pleno de la libertad de expresión tanto de periodistas como de ciudadanía en general por parte del Estado mexicano así como el rezago en materia de justicia y esclarecimiento de los casos. Fueron las y los propios periodistas los que se vieron orillados a emprender las investigaciones para esclarecer sus casos y los de sus colegas y fueron las y los ciudadanos los que cubrieron los vacíos informativos. Las y los periodistas han implementado sus propias medidas para contener las agresiones, múltiples análisis y debates sobre la cobertura y la solidaridad que se necesita al interior del gremio para afrontar la violencia han sido las respuestas ante la falta de respuesta del Estado. Un ejemplo exitoso de estas redes de autoprotección y profesionalización son la Red Mexicana de Reporteros de Morelos, o la Red de Periodistas de a Pie, entre otros; sin embargo, la tarea de proteger y abonar al sano ejercicio de la libertad de expresión como se ha insistido, corresponde a la coordinación de esfuerzos entre los actores involucrados. Paralelamente, el gobierno mexicano no ha clarificado de cara a la ciudadanía el funcionamiento del mecanismo de protección para periodistas, que emanaría del Convenio de colaboración firmado por varias dependencias de la Administración Pública Federal en noviembre del 2010, muchos periodistas, sobre todo del interior de la República, ni siquiera conocen de su existencia. Asimismo, no se tiene claridad sobre el número de casos en los que las personas responsables de un delito cometido contra la libertad de expresión y el gremio periodístico haya concluido en sanciones penales.