Oaxaca, México.- El recorte presupuestal al programa Reducción de muerte materna (MM), que se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2012, viola el artículo 1 constitucional porque reduce recursos públicos destinados a garantizar el respeto de los Derechos Humanos (DH), cuya asignación debe ser progresiva según acuerdos internacionales firmados por México. Daniela Díaz Echeverría, investigadora del área de Presupuestos y políticas públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, detalló a Cimacnoticias que a partir de la reforma constitucional de junio pasado, las autoridades están obligadas a cumplir con tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el cual establece que los presupuestos públicos para el respeto de los DH deben ser progresivos, es decir que aumenten cada año. Por lo anterior, la activista aseguró que el Ejecutivo federal trasgredió la Carta Magna al reducir el presupuesto para el combate de la MM, ya que el recurso es para proteger en específico el derecho a la salud de las mujeres. En el PPEF 2012, el Ejecutivo federal propone una asignación de 242.34 millones de pesos (mdp) para disminuir los fallecimientos vinculados al embarazo, parto o puerperio; este monto es 21.56 por ciento menor al que aprobó la Cámara de Diputados para 2011, es decir 308.94 mdp. Lina Berrio, directora de la organización Kinal Antzetik, informó a Cimacnoticias que se requiere una ampliación presupuestal de 150 mdp para que las acciones encaminadas a la reducción de la MM puedan ejecutarse. Durante el foro virtual Presupuesto público y mortalidad materna, organizado por CIMAC, Díaz Echeverría explicó que la disminución de recursos al programa de Reducción de MM “debilita la prestación real de la atención”, que en el caso de salud materna ya es endeble debido a que la estrategia Embarazo Saludable al no formar parte de los programas del Seguro Popular, carece de presupuesto etiquetado. En este sentido, dijo, es importante mantener una asignación progresiva de recursos al programa, el cual contempla acciones mínimas para avanzar en la disminución de la MM. En 2010 se registraron mil cuatro fallecimientos maternos, en lo que va de este año han ocurrido 738 decesos y se prevé que 2011 cierre con mil 126 defunciones maternas, según datos de la Secretaría de Salud (Ss). La inversión en MM debe ser prioritaria porque la problemática sigue siendo grave y afecta sobre todo a las mujeres en mayor desventaja, dijo Díaz. “Las mujeres que fallecen durante el embarazo, el parto y el puerperio son mujeres pobres que acceden a servicios de salud pobres, absolutamente deficientes”, abundó. Muestra de ello es que según datos del Observatorio de Mortalidad Materna, de las mil 207 muertes maternas registradas en 2009, el 33.1 por ciento contaba con Seguro Popular (399 mujeres), citó la experta. “Aunque esas mujeres estaban bajo un esquema de aseguramiento, y de tener derecho a una serie de acciones establecidas en el catálogo de Embarazo Saludable, el mero señalamiento de dicho catálogo en absoluto fue suficiente”, recalcó. Hasta ahora los servicios públicos “responden a la demanda de la atención de partos, pero ello no significa que haya atención de calidad ni con capacidad resolutiva, es decir, que resuelva o atienda plenamente las necesidades en salud”. Para combatir la MM, el secretario de Salud, Salomón Chertorivski, anunció ayer que una de las acciones que impulsan el gobierno es la verificación que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en hospitales, con el fin de confirmar que cumplen con la normatividad. En lo que va del año se han verificado 227 hospitales, de los cuales 11 fueron suspendidos. Al respecto, Daniela Díaz señaló que “toda supervisión es bienvenida”, pero es urgente atender “la deficiente situación de la infraestructura sanitaria” debido a que es mayor la demanda que la oferta de servicios de salud. Y es que el país sólo cuenta con 0.63 camas por cada mil habitantes sin seguridad social. La situación empeora en las regiones marginadas, donde apenas cuentan con 0.1 camas por el mismo número de habitantes. Otro problema, refirió, es que el primer nivel de atención médica (como los centros de salud) está subutilizado, “prácticamente ni atiende partos normales, ni tiene la capacidad de estabilizar emergencias obstétricas”. Por eso, concluyó, los hospitales (segundo nivel de atención) “están saturados de atención de partos, independientemente de si son de alto riesgo o no”.