CENCOS Oaxaca, México.- Ante la situación  de gravedad y urgencia de los desplazados de San Juan Copala y la negativa del Estado mexicano en cumplir las medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 7 de octubre del 2010, el pasado 27 de septiembre del 2011 tuvo lugar en el Hotel Hiltón Reforma de la Ciudad de México la reunión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, presidida por el comisionado Rodrigo Escobar Gil, en seguimiento a las medidas cautelares 197/10 otorgadas a favor de 135 habitantes desplazados del pueblo indígena de San Juan Copala. La audiencia tuvo lugar luego de que el pasado 19 de Agosto del presente año el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJ), el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Humanos Yaxkin y Sakbe, Comunicacion y Defensa Para el Cambio, A. C., solicitamos a la Comisión una Audiencia Pública con la presencia del Relator para México Rodrigo Escobar, así como con la presencia del Estado mexicano con la finalidad de presentar la situación de violencia generalizada en contra de la comunidad indígena de San Juan Copala y las localidades autónomas triqui. La solicitud se hizo en razón de la incapacidad demostrada por el Estado Mexicano de otorgar seguridad y respeto a la comunidad autónoma. A casi un año de emitidas las medidas cautelares MC197-10, el Estado Mexicano no ha capturado ni enjuiciado a ningún responsable de los ataques al MASJ, a pesar de estar claramente identificados sus responsables. Esta omisión por parte del Estado Mexicano provoca que sicarios del MULT siga cometiendo con plena impunidad crímenes en contra de miembros del Municipio Autonómo de San Juan Copala, como el ocurrido el pasado 05 de agosto de este año, en donde fueron asesinados Francisco Ramírez Merino de 35 años, José Luis Ramírez Hernández de 39 y Álvaro Jacinto Cruz de 18 años integrantes de la comunidad autónoma de Agua Fría Copala, Oaxaca. En esa ocasión también se dio a conocer a la Comisión Interamericana, las acciones en contra de los beneficiarios llevadas a cabo por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, quien ordenó una represión el 07 de agosto, en contra de mujeres y niños del plantón de la Ciudad de Oaxaca, donde resultaron lesionadas una niña de 3 años, una anciana y una joven triqui. A finales del mes de agosto la CIDH dio respuesta favorable a nuestra petición llevándose a cabo el día 27 de septiembre de 2011 la reunión mencionada. En ella se expresó por Reyna Martínez Flores y Marcos Albino, a nombre del Consejo Autónomo Comunitario la situación que vive la comunidad triqui autónoma ante la incapacidad del gobierno mexicano la protección y seguridad que el Estado está obligado a proporcionar y que había sido solicitada expresamente por la CIDH desde el 7 de octubre del 2010. El Estado mexicano contestó por su parte que para la implementación de las medidas cautelares MC 197-10 de la CIDH se han realizado 17 reuniones de trabajo con los representantes de los beneficiarios, olvidándose de comentar que todos los acuerdos tomados en estas reuniones han sido incumplidos por el Estado mexicano. El Estado mexicano también se pronunció en contra de la ampliación de medidas cautelares que la CIDH está considerando a raíz de la petición realizada en mayo de este mismo año, aduciendo que ¿Cómo es posible que la CIDH otorgue una ampliación de medidas cautelares al Municipio Autónomo de San Juan Copala, cuando ni siquiera sabemos el paradero o la localización de los 135 de las primeras medidas cautelares? Reconociendo con esto, de manera explicita que si el estado mexicano no siquiera tiene localizados a los 135 beneficiarios de las medidas cautelares, luego entonces, NO HA REALIZADO NINGUNA ACCION PARA PROTEGER SU SEGUIRIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA. El Estado mexicano reconoció que había otorgado el número telefónico el 060 para casos de emergencia, por si se presentaba algún ataque paramilitar, lo que demostró la poca comprensión de la magnitud del problema. El Estado mexicano, y en este caso específicamente el gobierno de Oaxaca llamó "mentirosos" a los representantes del Municipio Autónomo cuando estos afirmaron que el desalojo del plantón del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, se había dado luego de las amenazas de que si no "negociaban" el retiro "voluntario" de dicho lugar, el gobierno usaría la fuerza policiaca para desalojar a las mujeres y niños triquis que ahí habitan. Acusó a Jordán González, un beneficiario herido por los paramilitares en una emboscada en la que murió su esposa embarazada, de estarse "escondiendo" y que por eso no se le ha brindado atención médica. Ante la errática y poco asertiva intervención por parte del Estado mexicano el Comisionado Rodrigo Escobar Gil de la CIDH declaró sobre la supuesta "falta de identificación de los beneficiarios" aducida por el gobierno mexicano: "La Comisión con base en los documentos y en las peticiones que se han presentado tiene la identificación de los beneficiarios (...) en realidad los beneficiarios están plenamente identificados (...) Es indudable que existe un conflicto y es un conflicto muy grave y . El deber del estado es adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas beneficiadas con estas medidas cautelares". Y finalmentedispuso el Comisionado Escobar: En ese orden de ideas, y ya a amanera de conclusión, y con el propósito de evaluar el cumplimiento y la implementación de las medidas cautelares por parte del Estado yo le voy a solicitar a los representantes del Estado que en un término de 10 días se sirvan informar a la Comisión las medidas que se han adoptado para asegurar la vida y la integridad de los beneficiarios de estas medidas y de los miembros de la comunidad de San Juan Copala. Especialmente también es importante conocer si existe un sistema de alertas para que el Estado y los organismos de seguridad reaccionen ante cualquier posibilidad o ante cualquier denuncia de riesgo existente en contra de los beneficiarios de las medidas. También para que se informe a la comisión sobre las medidas que se han adoptado para garantizar el retorno de los desplazados a sus hogares y a su territorio ancestral; también que se informe las medidas de ayuda humanitaria que se hayan adoptado o implementado en relación con la población desplazada, y especialmente las medidas de carácter social en el campo de la alimentación, de la vivienda, de la salud, para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población que ha sido victimas de estos actos de violencia. Solicitaría que, como existe ya una solicitud formal de ampliación medidas cautelares, le pediríamos al Estado que se nos informe sobre esos puntos".

Con estas palabras el Comisionado Rodrigo Escobar Gil dio terminada la reunión de trabajo.

A Continuación se dará lectura a la propuesta de solución alternativa del conflicto de San Juan Copala que presenta el Municipio Autónomo a la sociedad y como parte de la misma a la exigencia del reconocimiento a la libre determinación de las comunidades indígenas del Municipio Autónomo de San Juan Copala que se entregó al Presidente de la República, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia del Congreso del Estado de Oaxaca y gobernador de Oaxaca. SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio Claudia Gómez-Portugal M. | claudia@sakbe.org.mx Tel. 01(55) 5264 3777 | Cel. (55) 1850 6827 www.sakbe.org.mx México, D.F. a 29 de septiembre, 2011. - Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala sobre la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 27 de septiembre.