El ambiente de tensión social y enfrentamiento latente, señaló el CEDH, obliga a que se intensifiquen, de manera urgente, medidas precautorias en esa demarcación del municipio de Cintalapa de Figueroa, donde autoridades y pobladores del ejido Gustavo Díaz Ordaz alertan sobre las consecuencias del bloqueo al camino principal, mantenido desde hace 27 días por lugareños de las comunidades San Antonio y San Miguel, del lado oaxaqueño.
El CEDH informó que solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que valore la posibilidad de emitir medidas cautelares a los gobiernos estatales de ambas entidades federativas, con el fin de garantizar la convivencia pacífica en aquella zona y se propicien alternativas en la búsqueda de una solución al conflicto agrario y de límites, que se remonta hace 40 años. El organismo defensor, encabezado por el indígena tzeltal Lorenzo López Méndez, indicó que el pasado 30 de agosto integró un expediente de queja en torno a Los Chimalapas, en el que pidió a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno chiapaneco, la aplicación de medidas cautelares. Ambas dependencias gubernamentales ordenaron que se mantengan operativos preventivos de seguridad policíaca. Este lunes, el ejido Gustavo Díaz Ordaz acordó un extrañamiento público al gobierno de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los cuales acusa de evadir sus obligaciones legales en el conflicto que vive la zona, que deriva en violaciones a los derechos fundamentales de la población del lado chiapaneco. A través de un desplegado, los pobladores denunciaron que el gobierno oaxaqueño se resiste a aplicar la ley, y que la CNDH ignora la petición de enviar a un visitador para que documente los atropellos en Gustavo Díaz Ordaz. El bloqueo al camino de acceso, provoca la escasez de alimentos, medicamentos y ausencia de médico. Esta situación nos obligó a abandonar las actividades agrícolas y ganaderas, argumentaron.