Oaxaca, México. En México la situación que guardan los derechos humanos se encuentra en indudable deterioro, y mientras que las agresiones van en aumento, se hace más evidente la ineficacia de las instituciones para impartir justicia, menos aún, para hacer una adecuada reparación del daño. Ante el fenómeno de la violencia generalizada en el país, la ciudadanía ha impulsado procesos de organización que tienen -algunos de ellos- como primer objetivo la búsqueda de justicia en sus casos individuales, pero que también han explorado dentro de la colectividad, la defensa de otros derechos, propios y de grupo. Ciudadanos que vieron violentados sus derechos y que al defenderlos defienden también los derechos de otras personas fueron casos frecuentes durante 2011; algunas y algunos realizan esta labor de forma independiente mientras que otros se unieron a alguna organización, movimiento, colectivo o grupo ciudadano. En muchos de los casos estas personas ni siquiera se consideran defensoras de derechos humanos o saben que el derecho a defender está reconocido internacionalmente. Asimismo, las organizaciones y defensores de derechos humanos que realizan una labor más especializada y sistematizada también fueron fuertemente agredidas durante este año. La labor de defensa de derechos humanos implica, en la mayoría de los casos, afectar los intereses de quienes cometen las agresiones, ya sea del propio Estado que viola derechos humanos por acción u omisión, o por grupos criminales que actúan en aquiescencia de agentes del Estado. Es por ello que las y los defensores se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad y enfrentados en su labor cotidiana a muchos tipos de violencia. Las agresiones en números El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) realizó un registro indicativo sobre estas agresiones entre el mes de enero y el mes de diciembre de 2011 y contabilizó un total de 69 casos, donde en varios de ellos fueron agredidas más de una persona. El 43 por ciento de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos mientras que en el 39 por ciento de los casos se desconoce el agresor. El registro toma en cuenta los diversos tipos de derechos defendidos por los defensores y las defensoras, abarcando un amplio abanico de estos, desde derechos culturales y ambientales, hasta el mismo derecho a defender los derechos humanos y los derechos civíles y políticos. Las entidades que presentan un número significativo de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos son Oaxaca con 10 agresiones y Chiapas y Guerrero con 9 agresiones. Los asesinatos y las amenazas son las agresiones que cuentan con un mayor número de incidencia. Cabe resaltar que generalmente al ocurrir un asesinato se presentaron amenazas previas. De víctimas a defensores La Familia Reyes Salazar es originaria del estado de Chihuahua; en 2009, Josefina Reyes Salazar inició la búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo Julio César, crimen que no había sido resuelto. Después de hacer sus propias investigaciones, Josefina relacionó el asesinato de su hijo con elementos del Ejército, durante su labor de denuncia recibió múltiples amenazas hasta que el 3 de enero de 2010 fue asesinada. Así comenzó el acoso y los asesinatos contra la familia Reyes Salazar. Asimismo, los hermanos de Josefina han sido acosados y varios de ellos asesinados desde entonces: Rubén Reyes Salazar, fue ejecutado siete meses después que Josefina y en 2011, después de ser secuestrados y desaparecidos, en febrero se encontraron los cuerpos de Malena y Elías Reyes Salazar, así como su esposa Luisa Ornelas Soto. Actualmente Marisela Olga y Claudia Reyes Salazar, continúan su lucha por el esclarecimiento de los asesinatos de sus familiares aún cuando sus casas han sido incendiadas y reciben amenazas de muerte constantemente. Defensores de las personas migrantes Los defensores de los derechos de las personas migrantes en México enfrentan constantemente agresiones por su labor de protección y apoyo a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos Agresiones contra padre Heyman Vázquez Medina, coordinador del albergue para Migrantes “Hogar de la Misericordia", en Arriaga, Chiapas; El Hogar Refugio de Personas Migrantes conocido como “La 72” en Tenosique, Tabasco; Colaboradores de la Casa del Migrante en Saltillo; la Casa YMCA para menores migrantes, la Casa del Migrante en Tijuana y El padre Solalinde, del albergue "Hermanos en el Camino" en Ixtepec, Oaxaca; son algunas de las perpetradas este año contra los defensores de los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Víctimas de violencia convertidas en defensoras Familiares y amigos de personas desaparecidas o asesinadas, en la búsqueda de la justicia han sido amenazadas, agredidas y asesinadas a causa de su búsqueda. Cabe mencionar dos casos: Nepomuceno Moreno Núñez y Norma Andrade. El primero, asesinado el pasado 28 de noviembre en su natal Sonora, buscaba justicia y señalaba a los culpables de la desaparición forzada de su hijo; después de ser amenazado y pedir protección al Estado mexicano fue asesinado mientras iba por una de las avenidas principales de la ciudad de Hermosillo. La segunda, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, asesinada en 2001, fue baleada el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su labor de defensa y apoyo a madres en búsqueda de justicia a través de la asociación civil que ella fundó, Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Protección a defensores El gobierno Federal firmó el Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y modifica el Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. A través del decreto el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los acuerdos internacionales en la materia y debe tomar las medidas necesarias para proteger y promover los Derechos Humanos y a sus defensores y defensoras. Actualmente el mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos se encuentra en proceso de creación en la Secretaría de Gobernación. Las organizaciones de la sociedad civil participan en la elaboración de los lineamientos fundamentales para un mecanismo eficaz, trabajo que comenzó a tener mayor actividad desde la firma del Decreto que coincidió con la visita a México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay; sin embargo, las organizaciones que participan en la creación del mecanismo ya habían enviado propuestas desde finales de 2010. El Estado mexicano destinará para el 2012, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2 millones 500 mil pesos para el Mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y para el Mecanismo de protección a periodistas lo cual es insuficiente para lograr implementar las medidas necesarias para el eficaz funcionamiento de estos. En tanto que el mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos queda establecido con lineamientos sólidos para su buen funcionamiento, los defensores y las defensoras deben recurrir a las instancias ya existentes en busca de protección cuando se encuentren en riesgo. La repuesta es lenta o nula, y quienes nos defienden están vulnerables ante el continuo contexto de vulnerabilidad.