Patricia BRISEÑO/CIMAC Oaxaca, México.- Reyna Martínez Flores, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT-I) “Mujeres en resistencia”, acusó al Estado mexicano de ser incapaz de garantizarles protección y seguridad para las y los desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, como se lo solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la medida cautelar MC 197/ 10, emitida en octubre de 2010. [caption id="attachment_128079" align="alignleft" width="300" caption="Foto:www.50mm.mx"][/caption] Ante el comisionado sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, quien estuvo de visita en México los pasados 26 y 27 de septiembre con otros representantes del organismo internacional, Reyna Martínez expuso que ni el Estado mexicano ni la administración estatal, han capturado ni enjuiciado a ningún responsable de los ataques al municipio autónomo, pese a que han sido identificados. Según Martínez Flores, la reunión obedeció a que sus compañeras y simpatizantes del MULT-I han recibido amenazas de ataque por parte de un grupo de paramilitares, que supuestamente opera en la zona e impide su ingreso a San Juan Copala. Cabe recordar que la CIDH pidió al Estado mexicano medidas cautelares a favor de 135 pobladores  de San Juan Copala para garantizar su vida y que las autoridades federales y estatales investigaran y sancionaran a los responsables de los homicidios y violaciones sexuales de habitantes de San Juan Copala, sin que a la fecha se haya implementado nada de esto, según sostuvo Martínez Flores. El pasado 14 de septiembre, en el contexto del festejo por las fiestas patrias, “Mujeres en resistencia” levantó el plantón que mantenía afuera del Palacio de Gobierno, bajo la condición de regresar tres días después de los festejos. No obstante, la administración estatal no les permitió reinstalarse y las convocó a una mesa de trabajo para que las autoridades les expusieran los avances en sus demandas, este fin de semana vence el plazo. El grupo de desplazados de Copala no confía en el gobierno estatal “porque les han prometido la solución de sus demandas y al final no cumplen”, sin embargo sostuvieron que el movimiento no se da por vencido “ni se vende por unos pesos a cambio de dejar libres a los asesinos de sus compañeros”, manifestó Reyna Martínez. En la reunión con integrantes de la CIDH también participó la representación de las comunidades indígenas triquis de Yosoyuxi, Agua Fría y Santa Cruz Tilapa, acompañada por las organizaciones Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Humanos Yaxkin y Sakbe, gestora de la entrevista con el relator para México de la CIDH,  Rodrigo Escobar.