Guadalupe Cruz Jaimes/CIMAC Oaxaca, México.- Un mapeo realizado por la organización Las Libres y otras organizaciones integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la libertad y los derechos de las Mujeres, reveló que en al menos once estados de la República mexicana, hay mujeres presas por interrumpir un embarazo, dijo a Cimacnoticias, Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización civil Las Libres, en Guanajuato. La activista informó que muchas de ellas sufrieron abortos espontáneos y cuando acudieron a los servicios de salud fueron denunciadas por el personal médico. En su mayoría, dijo, son mujeres pobres que no pudieron costear una “legítima defensa”. Luego de que en 2010, Las Libres, junto con la Clínica de interés público del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lograron la liberación de ocho mujeres de Guanajuato acusadas de homicidio en razón de parentesco -que se encontraban presas tras sufrir abortos espontáneos- las llamadas para pedir ayuda no han cesado, indicó Cruz Sánchez. “Desde los propios penales nos han buscado mujeres de otros estados de la república pidiendo ayuda”, sostuvo. La activista indicó que familiares y organizaciones de diversas entidades federativas se han puesto en contacto con Las Libres para pedir su apoyo o asesoría, ante la creciente criminalización de las mujeres por aborto. La organización conoce de casos de mujeres encarceladas por aborto u homicidio en razón de parentesco en San Luis Potosí (SLP), Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes. En SLP, Querétaro y Puebla, los Congresos locales penalizaron el aborto, al “proteger la vida desde la fecundación o concepción” mediante reformas constitucionales, aprobadas de 2008 a diciembre de 2010. La modificación constitucional avalada en SLP, fue impugnada por diputados locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ayer 4 de los 11 ministros que integran el máximo tribunal, consideraron que la protección de la vida desde la concepción es constitucional. A pesar que una mayoría numérica votó por la invalidez de esa reforma, no se alcanzó la mayoría calificada y dicha modificación sigue vigente en la entidad. A los ocho estados mencionados se suman Sonora, Chiapas y Baja California, como otras tres entidades donde Las Libres han denunciado el encarcelamiento de mujeres por abortar. Cabe precisar, que los Congresos locales de esos estados también reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde la fecundación o concepción”. COINCIDENCIAS Los casos de las mujeres criminalizadas por aborto son semejantes, mencionó la activista, “en general, las acusadas de homicidio en razón de parentesco no se indujeron un aborto, algunas de ellas deseaban ser madres y otras no sabían que estaban embarazadas”. La mayoría de estas mujeres son habitantes de zonas rurales, en situación de pobreza, sin acceso a la educación básica y a servicios de salud mínimos. Ellas “acudieron a hospitales públicos porque tenían un dolor intenso, porque no sabían que hacer. Cuando llegaron a los servicios de salud las fueron denunciando”, detalló Verónica Cruz, con base en la información a la que Las Libres ha tenido acceso. Otra coincidencia es que las mujeres no tuvieron oportunidad de defenderse legalmente, ya que carecían de recursos suficientes para pagar los servicios de un profesional. Los ministerios públicos “creyeron que ellas eran culpables por no ejercer la maternidad, como el mandato social lo establece para las mujeres”, apuntó la activista. Y ejemplificó que en el caso de la guanajuatense Yolanda Martínez, ella “ni siquiera está segura de que estuvo embarazada y las autoridades ‘le plantaron’ dos fetos”. Mientras que Alma Yareli Salazar, otra de las ocho mujeres liberadas el año pasado en Guanajuato, fue sentenciada por homicidio en razón de parentesco con base en un peritaje psicológico que aseguraba que la mujer interrumpió su embarazo “para ocultar su infidelidad”. 11/GCJ/LGL