Oaxaca, México.- El diputado Flavio Sosa Villavicencio se pronunció este lunes a favor de que el gobierno de Oaxaca investigue la posibilidad de que la administración anterior haya cometido fraude para la adquisición de deuda pública, como ocurrió en el estado de Coahuila bajo la administración de Humberto Moreira.

El legislador del Partido del Trabajo en el Congreso local señaló también la necesidad de hacer auditorías a fondo sobre sobre los recursos de la deuda adquirida por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, e identificar claramente para qué fueron utilizados y de qué forma.

Flavio Sosa señaló la necesidad de tener claridad sobre cómo y por qué la deuda pública creció mil veces, al pasar de 416 millones de pesos --la heredada por José Murat a Ulises Ruiz-- a los cuatro mil 123 millones de pesos de pesos que la pasada administración legó al actual gobierno de Gabino Cué.

Necesitamos saber si ese dinero no está sirviendo para pagar obras que no fueron realizadas o para enriquecer aún más a las personas y empresas que fueron ilegalmente beneficiadas con contratos de infraestructura por la administración anterior, agregó el diputado.

“Está muy bien pagar esa deuda si es necesario para mejorar las condiciones de vida de la población, pero debemos tener la seguridad de que no estamos financiando el equipamiento de los hospitales privados del tirano" (Ulises Ruiz), expresó.

La semana pasada fue revelada información de la PGR y de la Procuraduría estatal sobre un fraude por 118 millones de pesos, cometido durante la administración anterior mediante la falsificación de firmas y sellos, al pagar equipo médico que nunca llegó a los Servicios de Salud de Oaxaca.

Flavio Sosa expuso que el aumento de mil veces en la deuda pública es sin tomar en cuenta los contratos por prestación de servicios (PPS), con un costo cercano a los tres mil millones de pesos, mediante los cuales la actual administración continúa pagando la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

En ese sentido, se pronunció por analizar si continuar el pago de los PPS, o si se deben rescindir los contratos y devolver las obras por costosas y malhechas.

También pidió revisar a profundidad qué empresas se benefician con esos contratos, para evitar la posibilidad de que sean los propios funcionarios de la pasada administración gubernamental, o sus prestanombres, quienes continúen el saqueo del erario público incluso ya terminada su gestión.

“Se debe también hacer un análisis del costo y la utilidad pública de las ciudades Administrativa y Judicial”, expuso, pues no parecen obras indispensables frente a las graves carencias y rezagos que enfrenta un estado tan empobrecido como Oaxaca.

“Parece más bien que (los funcionarios de la pasada administración) encontraron una forma inmoral de hacer negocio a costa del dinero del pueblo”, señaló.