Oaxaca, México.- El conflicto en la zona triqui ha sido tratado como prioritario para el Gobernador del Estado,  Gabino Cué Monteagudo, desde el primero de diciembre de 2011, aseguró el Doctor Víctor Raúl Martínez Vásquez, Coordinador de Asesores del Ejecutivo estatal. En entrevista refirió que en atención a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 135 personas desplazadas de su comunidad en 2010 debido al conflicto, el  Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Dagoberto Carreño Gopar y el Director Adjunto de la Unidad de Derechos Humanos  de la Secretaría de Gobernación, Carlos Garduño, así como funcionarios de distintas dependencias, han realizado hasta el momento  9 reuniones formales con los beneficiarios.  En las reuniones efectuadas el 15 de diciembre de 2010; 10 y 28 de enero de 2011, así como 11 y 26 de febrero; 8 de abril; 11 de mayo; 2 y 17 de junio, agregó, han participado instancias tanto estatales como federales, con el objeto de atender sus necesidades derivadas de la difícil condición de encontrarse fuera de su lugar de origen.    En dichas reuniones se ha propuesto y atendido temas como el de protección de la salud de los beneficiarios de las medidas cautelares –dándoseles atención médica en el hospital de Juxtlahuaca y en la ciudad de Oaxaca–, teléfonos de emergencia, albergues temporales, educación, atención al tema de justicia de manera específica, defensorías de oficio; propuestas en las que los peticionarios tuvieron la decisión de aceptarlas o no. Martínez Vásquez recordó que uno de los temas centrales que se ha planteado en las mesas de atención a este conflicto, ha sido el del retorno de los desplazados. Por ello, el 9 de junio de 2011 se conformó una comisión interinstitucional que visitó San Juan Copala para verificar las condiciones en las que se encontraban las casas de los beneficiarios para eventualmente plantear la posibilidad de construir un proceso de retorno de los beneficiarios a su comunidad.   Para esa fecha, indicó el sociólogo, las conclusiones generales de la visita fueron que sí existían ciertas condiciones para el retorno, pues tanto las autoridades como la población en general están de acuerdo en ello, aunque se hacía necesario restablecer algunos elementos del tejido social interno de la comunidad para que se diera un regreso que garantizara el restablecimiento integral de la vida comunitaria. Lamentablemente, señaló, en las últimas semanas se han suscitado diversos hechos que han empañado el proceso de paz que se estaba construyendo. El más reciente se dio el pasado 5 de agosto, donde perdieron la vida tres habitantes de Agua Fría, Copala, mismos que no se encontraban en la lista de los beneficiarios de medidas cautelares.  Al respecto, dijo, se está a la espera de los resultados que arrojen las investigaciones para detener a los responsables y determinar los escenarios y las decisiones que permitan avanzar respecto a este tema.