Oaxaca, México.-A diez años del cobarde asesinato de la defensora de Derechos Humanos en la capital del país, Digna Ochoa y Plácido, el crimen sigue impune y la mejor salida que ha encontrado el Estado Mexicano para evadir su responsabilidad ha sido sostener una hipótesis oficial inverosímil como la del suicidio. En el Estado de Oaxaca persisten las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de persona, como práctica sistemática en el ejercicio del poder público, en contra de líderes, organizaciones sociales y comunidades que luchan constantemente por mejorar sus condiciones de vida; mujeres y hombres por igual son asesinados y desaparecidos en condiciones de absoluta impunidad, sin que hasta ahora, el actual gobierno del Estado haya demostrado interés o capacidad para prevenir, investigar y castigar a los responsables de estos delitos; por mencionar algunos casos; las ejecuciones y emboscadas en la sierra sur, incluida la región de Loxicha, antes, durante y después del 2006, como son los caso ya conocidos deSelerino Jiménez Almaraz, Catarino Torres Pereda, Heriberto Pasos Ortiz y el caso más reciente de Antonio Jacinto López quien incluso, de acuerdo a la información pública del caso, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en cuanto a desaparición forzada de persona se refiere, el caso de las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la del profesor Carlos Rene Román Salazar por señalar algunos casos ya conocidos. Insistimos en denunciar la responsabilidad del Estado Mexicano en   esta grave situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos; urge conocer la verdad detrás de todos y cada uno de estos crímenes y prácticas de lesa humanidad, castigo a los responsables y reparación del daño a las víctimas.

Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que apeguen su conducta, en el ejercicio del poder público que detentan, a un marco mínimo de legalidad, donde se privilegie el respeto a la vida, a la integridad física y psicológica delos líderes, organizaciones sociales y comunidades que luchan constantemente por mejorar su condición; así como el cumplimiento del principio del debido proceso legal y garantías judiciales en todos los procesos de orden penal.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 19 de octubre de 2011.