Gladys Tores RUIZ/CIMAC Oaxaca, México.- A dos años del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a México, es escaso el avance en las 91 recomendaciones a nuestro país, ya que tan sólo en discriminación y violencia de género el balance es negativo, toda vez que la falta de acceso a la justicia ha incrementado la impunidad en los asesinatos de mujeres.   En conferencia de prensa para presentar el balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” afirmaron que el gobierno mexicano ha fallado en los señalamientos de la ONU en materia de Derechos Humanos (DH). [caption id="attachment_45031" align="alignright" width="300" caption="La violencia contra las mujeres problema social en Oaxaca"][/caption] María de la Luz Estrada, coordinadora del Programa de Violencia de Género y Derechos Humanos de Católicas por el Derecho a Decidir; señaló que de las 91 recomendaciones hechas al Estado mexicano en junio de 2009, 13 fueron sobre los DH de las mujeres, enfatizando en la prevención de la violencia contra ellas, y la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General). Así como la derogación de legislaciones discriminatorias, investigación y sanción a los responsables de la violencia y de los asesinatos, y una recomendación que tiene que ver específicamente con el esclarecimiento del feminicidio en Ciudad Juárez. Sin embargo, observó Estrada, a pesar de que el Estado ha invertido bastantes recursos para erradicar la violencia de género los resultados son nulos. Precisó que desde 2004 con el gobierno de Vicente Fox se han creado muchas instituciones a nivel federal para combatir la violencia, las cuales no han dado resultados ya que a partir de 2006 se incrementó la violencia en los asesinatos de mujeres a nivel nacional y se ha negado a las víctimas el acceso a la justicia. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) documentó que de enero de 2009 a junio de 2010 fueron reportados mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país y en 576 de los casos hubo un uso excesivo de la fuerza física. La también coordinadora ejecutiva del OCNF afirmó que el problema es que el gobierno aborda la prevención de la violencia de género sólo a través de talleres y conferencias, dejando de lado el acceso a la justicia y permitiendo que se ahonde la impunidad en estos crímenes. “Ningún procurador del país sabe realmente cuántas de las víctimas estaban involucradas en el crimen organizado, ningún caso ha sido consignado porque en México no se investigan estos delitos”, criticó. María de la Luz Estrada agregó que en México no hay voluntad política y no se le da prioridad a la violencia contra las mujeres “por que no son importantes tantos asesinatos; no es importante para una cultura patriarcal”. En lo referente a la implementación de la Ley General, afirmó que el balance también es negativo, toda vez que una de las primeras disposiciones fundamentales de la norma es la creación de un Banco Nacional de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres, sin embargo desde 2007, cuando se estableció un plazo de 90 días para realizarlo, tal banco no se ha creado. “Una de las excusas de la Secretaría de Seguridad Pública federal para no realizarlo fue que las entidades federativas no integran datos, por lo que no cuentan con la información y no pueden tener un banco de datos”, señaló. MUJERES SIN PROTECCIÓN En lo concerniente a los mecanismos de protección, precisó que desde 2008 en tres ocasiones las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han solicitado la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que también establece la Ley General, pero en ninguna de las ocasiones fue activado. Estrada afirmó que los retos que tiene México están en el acceso a la justicia, y que el feminicidio no es más que el reflejo de un fenómeno generalizado y tolerado por el Estado, creando un ambiente de permisividad y de falta de debida diligencia en la prevención, investigación y sanción contra ese flagelo. Puso como ejemplo, el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. El EPU es un mecanismo implementado por la ONU con el cual los países pasan por una evaluación en materia de DH. En junio de 2009 México fue examinado a través del EPU teniendo como resultado 91 recomendaciones en la materia. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, integrada por 72 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana, ha dado seguimiento a la implementación de estas recomendaciones.