Oaxaca., México.- Desde principios del año 2009,  sobrevivientes y ex presos políticos del régimen ulisista presentaron demandas de reparación del daño moral por la violación del derecho a su libertad personal durante los acontecimientos de represión de aquel régimen de gobierno, de manera colectiva ante los tribunales civiles en el Estado, mismas que en su oportunidad dimos a conocer públicamente, a lo largo de estos dos últimos años. Es así, que el pasado lunes catorce de noviembre de presente año, desde el recinto oficial que ocupan los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial del Centro, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un hecho histórico y sin precedentes, mediante mecanismos jurisdiccionales establecidos previamente en la ley civil, el Gobierno del Estado de Oaxaca, indemnizo simbólicamente a sobrevivientes y expresos políticos de los años 2006-2007, por el daño moral sufrido por las violaciones cometidas en detrimento del derecho a su libertad personal, durante el movimiento magisterial y popular en la entidad. La medida fue posible, gracias a la voluntad política mostrada tanto por el Gobierno del Estado, como por las víctimas, asociada necesariamente al ejercicio de un derecho hecho valer oportunamente ante los tribunales civiles del Estado, por parte de las víctimas. En ese contexto, sobrevivientes y expresos políticos del movimiento magisterial y popular del 2006-2007, hicieron un reconocimiento expreso al Ejecutivo del Estado, por asumir con convicción y sentido de responsabilidad, su compromiso legal y político que hoy tiene como gobierno y con la historia de nuestro Estado, por los vergonzosos y tan deleznables hechos de represión que el régimen  priista, anti democrático y antipopular de Ulises Ruiz Ortiz, en colaboración con el Gobierno Federal, materializaron  en contra del Pueblo de Oaxaca y que dejaron tras de sí, más de 28 muertos y cerca de 500 personas que fueron injustamente encarceladas y procesadas por los jueces del Estado. Hacemos un reconocimiento al Ejecutivo del Estado por la sensibilidad mostrada, al considerar el monto convenido por el daño moral sufrido por las víctimas, como una “indemnización simbólica”, tal y como el Ejecutivo del Estado lo dio a conocer en su primer informe de Gobierno, el pasado martes 15 de noviembre desde el recinto legislativo. Así mismo, sobrevivientes y expresos políticos del movimiento magisterial y popular del 2006-2007, solicitaron al Ejecutivo del Estado, la creación del “programa integral de reparación del daño”, que tiene que ver necesariamente con una serie de acciones por parte del Gobierno del Estado, para garantizar el resarcimiento integral de los daños ocasionados en su esfera personal, psicológica, afectiva o emocional, económica, familiar, laboral y social, como son la prestación de servicios médicos psicológicos gratuitos y de calidad, becas, apoyos y estímulos económicos para la generación de actividad económica que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los afectados y sus familias, así como créditos para mejoramiento a la vivienda, etc.; Esto último, Íntimamente relacionado con la implementación de medidas de desagravio y garantías de no repetición de los actos por virtud de los cuales se consumaron las violaciones a los derechos humanos, como elementos necesarios e indispensables para sentar las bases de un proceso de recomposición del tejido social y de justicia transicional. Los retos en materia de justicia aún prevalecen; seguiremos exigiendo castigo a los responsables de los crímenes y delitos cometidos por los funcionarios públicos involucrados, hechos que aun hoy siguen impunes, por ello consideramos, sin duda alguna, que el tema de justicia seguirá siendo asignatura pendiente para el actual gobierno. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH A.C. filial Oaxaca y sobrevivientes y expresos políticos del movimiento magisterial y popular del 2006-2007, negamos categóricamente que se trate de una repartición de recursos a discreción por parte del Gobierno del Estado, para dividir a las víctimas, tal y como lo han manifestado públicamente algunas voces discordantes, que solo buscan confundir a la opinión pública y contribuyen al enrarecimiento del clima político, con fines poco claros. Lamentamos que se pretenda utilizar y desvirtuar un hecho de tal trascendencia e importancia para la vida social y política de nuestro Estado, pues contrario a lo que se pueda decir, constituye un logro en la lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos, pues es de explorado derecho, que  los mecanismos jurisdiccionales son una alternativa legal y vigente para generar procesos de reparación, apegados a un marco de legalidad. Nadie puede abrogarse de manera unilateral y personal, la vocería de las víctimas, por ello hacemos un llamado a expresos políticos y afectados para que se sumen a las propuestas con perspectiva de derechos humanos generadas desde este espacio. Hacemos un llamado al Gobierno del Estado para que nunca más se vuelvan a repetir  hechos de represión, así como para que no se vuelvan a utilizar las instituciones del Estado para reprimir y criminalizar la Protesta Social. Al Poder Judicial del Estado, en lo sucesivo, para que ajuste su actuar a un marco de legalidad y respeto irrestricto por los derechos inherentes a la condición humana y para que se garantice el principio de  independencia de los jueces y magistrados en su encomienda de impartir justicia. Atentamente “UNA LLAMA ENCENDIDA POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS” Lic. Isaac Torres Carmona Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. LIMEDDH. Oaxaca. Sobrevivientes, expresas y expresos  políticos del movimiento magisterial y popular del 2006-2007.