CENCOS Oaxaca, México.- La desaparición forzada de personas es uno de los crímenes más infames que se han cometido en la historia de la humanidad y, quienes estamos aquí, podemos dar fe de esta dramática realidad que padecemos miles de familias muertas en vida por la desapararición de nuestros seres querdios. Quienes estamos aquí somos apenas una pequeña expresión de miles de familias que estamos viviendo la misma tragedia de tener uno o más familiares desaparecidos; se suma a ésta, la experiencia común de la desesperación, la impotencia e indignación, ante la nula actuación, de los gobiernos federales y estatales. El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en su informe preliminar menciona la recepción de información de casos en un estimado de 3000, del 2006 a marzo del 2011. De manera individual al principio y unidos después, los familiares hemos sufrido día a día la indolencia de las autoridades, así como la falta de respuestas a nuestros clamores y demandas. Ocultar o negar esta tragedia ha sido la respuesta común de los gobiernos estatales y federales, de un partido u otro; los legisladores han hecho puntos de acuerdo, como si estos fueran simples trámites administrativos de canalización. Esta indignante evasión de responsabilidad entre unos y otros, lo único que ha hecho, es hacer a todas las instituciones de gobierno en cómplices por las graves violaciones a los Derechos Humanos que están realizando contra nuestras familias. La búsqueda que nosotras sí hemos realizado y que en varios casos las autoridades han obstruido, nos permitió que cientos de familias con desaparecidos en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Zacatecas …  nos fuéramos encontrando y organizando con la esperanza de que la búsqueda arrojara resultados positivos. De hecho, en algunos casos y por corto tiempo, algunos gobiernos estatales parecía que tomaban el asunto con seriedad y responsabilidad al darle seguimiento a las denuncias presentadas, sin embargo, los resultados han sido negativos. Con respecto al perfil de las víctimas, la edad promedio de las personas desaparecidas es de 30 años, la mayoría son hombres, todas las personas son  trabajadoras, siendo la ocupación recurrente la de empleados y vendedores, sin salario fijo y sin prestaciones sociales, sus familias dependían económicamente de lo que su familiar podía ir consiguiendo al día para la manutención. Sin embargo también nos encontramos otro grupo amplio de profesionistas como agrónomos, ingenieros civiles e industriales, arquitectos abogados, contadores, y pequeños comerciantes. Un dato característico de la desaparición forzada de personas en el noreste del país, es que éstas se dan de manera colectiva, y algunas de ellas estaban en tránsito por las carreteras de algunas de las entidades federativas. Es común que las Procurdurías o Fiscalías estatales no inicien Averiguaciones Pevias, condicionan cubrir el plazo de 72 horas para realizar la acciones conducentes de búsqueda. Una justificación que dan es que los hechos por sí mismos no revelan la posible comisión de delito, aún con elementos suficientes que demuestran lo contrario, por lo tanto no se investigan. Es común que las Aeriguaciones o Actas Adminsitrtivas o Cicusntanciadas que abren las autoridades no generan procedimientos rápidos y expeditos para la lcoalización de las personas reportadas como desaparecidos. Indefinición de la autoridad en las líneas de investigación: queremos señalar que constantemente apreciamos tanto en las autoridades estatales como las federales en su respectivo ámbito de competencia, el deficiente trabajo jurídico al no definir las líneas de investigación y conformarse sólo con engrosar el expediente sin resultados positivos incurriendo en omisión y en responsabilidad pública. Tras este largo y tortuoso camino en búsqueda de justicia, hemos llegado a conclusiones que acercan a la delincuencia organizada con diversas estructuras del Estado, particularmente de las instancias de los estados, caracterizadas por un letargo increíble en la integración de las averiguaciones previas. Dichas omisiones apuntan hacia una impunidad deliberada, constatada con la ausencia de resultado alguno en las investigaciones: no sabemos dónde están nuestros familiares, ni por qué pasó en ninguno de los casos. De las 260[1]  personas desaparecidas en Coahuila y Zacatecas,  sólo en dos casos la averiguación previa ha sido consignada ante un juez. Estamos ante una situación de omisión generalizada, que en nuestra opinión es una omisión deliberada, que debe ser investigada, conforme a lo que establece el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, comúnmente conocida como Convención de Palermo. Es decir, en palabras directas: No nos atendieron durante meses, o años; no han realizado búsqueda alguna, ni investigaron con rigor criminológico, por lo que no puede satisfacerse el derecho a saber qué y por qué pasó; desestimaron nuestras evidencias, deslizando amenazas disfrazadas de buen consejo; y, tras la presión del colectivo, finalmente se sentaron a atendernos, sin que esa deferencia haya significado reconocer estas graves anomalías, y tampoco se hayan logrado avances en saber qué está pasando en el norte del País: en dónde están, a dónde se los llevan y por qué. Según nuestra experiencia, coincidimos con el Fiscal del Estado de Coahuila: consideramos que las desapariciones tienen patrones que indican su manufactura, básicamente en dos sentidos: privaciones de la libertad de parte de los grupos de la delincuencia organizada que operan en diversas regiones del país, que generalmente actúan con la connivencia de sectores de la estructura del Estado; y, por otra parte, detenciones arbitrarias realizadas directamente por las fuerzas policiales. Es tal el grado de abdicación de la función del Estado, que los mencionados grupos (abiertamente de carácter paramilitar), recorren carreteras y cruzan ciudades y localidades, dejando una estela de muerte y desapariciones, sin que autoridad alguna haga valer la Constitución que juraron defender.

En ningún momento hemos sentido que haya Estado que nos proteja. En medio de un despliegue policíaco-militar de decenas de miles de efectivos, ninguno de ellos acudió cuando privaron de la libertad a cada uno de nuestros familiares y, peor aún, cada vez aumentan más los casos donde están involucradas autoridades policiales o militares. No sentimos protección del Estado en el momento de acudir a denunciar; ni en la integración de nuestros expedientes. Son tantas las negativas, las evasivas y las vejaciones que puedo decir, delante de las familias presentes que existe -al menos- responsabilidad por omisión (también impune) pero también configura el contubernio, la complicidad y, por ende, la aquiescencia de una parte de la estructura del Estado, como bien ha dicho el Secretario de Gobernación, que se niega a brindarnos el servicio que juraron guardar con lealtad y patriotismo.

Podemos afirmar que hay una complicidad generalizada de las autoridades en cada una de las desapariciones: o porque están aliadas con el crimen organizado, porque sabiendo los cómo, quién y dónde funcionan las casas de seguridad, se limitan a ser convidados de piedra, o porque abiertamente participan en la detención de nuestros familiares. Nosotras tenemos una búsqueda de vida y eso lo hemos hecho saber tanto a autoridades estatales como federales, por eso nos negamos a que nos informen sólo de fosas clandestinas. No obstante, hasta el momento, por la manera en que hemos oído los planteamientos de la generalidad de los servidores públicos que nos han atendido, han sido insistentes en la entrega de muestras de ADN para el caso de que se hallen más fosas. Independientemente de que el tema de las fosas es uno de los episodios más escalofriantes y peor tratados por el Estado mexicano., nos preocupa el que el Estado mexicano esté dando ya por muertos a nuestros desaparecidos. No aceptamos otra cosa que una búsqueda en vida por parte del Estado Mexicano, y ustedes podrán muy bien entender por qué. En meses recientes hemos presentado la propuesta de creación de un Fiscalía Federal para la investigación de Deapariciones, a la fecha no hemos recibido respuesta adecuada, el decreto del Presidente Calderón para a creación una Procuraduría Social de Atención a Vícitmas, desconoce el proceso de diálogo e interlocución que hemos tenido por casi 3 meses, junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignindad, la creación de esta Procuraduría, dista en mucho de ser una intancia de prucuración de justicia y nos preocupa sea un mecanimos más para favorecer la impunidad. Elaborado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, CDH Victoria Diez, A.C., CDDH Fray Juan de Larios, A.C. México, D.F, 28 de septiembre del 2011 Fecha: 29/09/2011 INFORME AL  COMISIONADO RODRIGO ESCOBAR GIL, REALTOR ESPECIAL PARA MÉXICO, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Información difundida por le Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos