Oaxaca, México.- El secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, reiteró establecer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir de una vez por todas los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas, lo que permitirá recuperar la certeza jurídica entre ambos estados y reducir con ello la severa tensión social en la región de los Chimalapas. Con la confianza que otorgan los antecedentes históricos que se remontan desde la época de la Colonia, Martínez Álvarez reafirmó la posición de Oaxaca de confirmar la división que separa a los estados, con base a los documentos existentes, principalmente sus respectivas Constituciones. “Si las Constituciones de Oaxaca y Chiapas eran coincidentes, no se puede cambiar la división territorial de los estados simplemente como el Congreso de Chiapas lo hizo unilateralmente en su constitución de 1995 y de un plumazo marcó sus nuevos límites”. Consideró que es un grave error reducir ese problema a una mera cuestión agraria, pues lo que está en juego es la delimitación exacta del territorio mexicano y la integridad de los pobladores indígenas de la región, por lo que se debe actuar con madurez política para recurrir a las instancias competentes y dirimir estas diferencias. Reflexionó que la creación de nuevos municipios en una zona en litigio por parte de Chiapas, es un acto impulsivo que no permite entablar acuerdos positivos entre los gobiernos, ni mucho menos abonar a un clima de paz y concordia entre las comunidades vecinas. “La prioridad debe ser el bienestar de los habitantes que viven en esa zona, sin importar si son oaxaqueños o chiapanecos. Serán comunidades vecinas por muchas generaciones a futuro y no debemos permitir que sean enemigos desde ahora” Martínez Álvarez invitó a aclarar los límites territoriales con responsabilidad, con base a análisis precisos, justos y haciendo revisiones históricas de los movimientos migratorios de chiapanecos a los Chimalapas desde 1940 y 1950 hasta nuestros días. Solo como ejemplo, señaló que el ejido de Díaz Ordaz -a quien hoy el Congreso de Chiapas, junto con otras comunidades,  lo hizo el municipio “Belisario Domínguez” el día 12 de noviembre de este año-, cuando este asentamiento está  dentro del territorio oaxaqueño  a 14 kilómetros de la línea divisoria con Chiapas. Asimismo, apuntó que con tanta información en los medios de comunicación nos desviamos del verdadero problema, porque no se analiza de fondo la cuestión primordial. “Todo es una cortina de humo que no permite ver con claridad que hay interesados en que este asunto se prolongue en el tiempo, al mezclar el problema territorial con uno agrario, sin importarles el bienestar y la tranquilidad de las poblaciones indígenas de los Chimalapas”. Concluyó que el problema es muy complejo para reducirlo a un asunto agrario, porque hay temas que deben ser revisados  de inmediato, como los permisos de explotación forestal; el control de la seguridad en la zona con mayor reserva para no atemorizar a la población; el análisis histórico de la instalación de compañías madereras que dieron lugar a nuevos asentamientos en los Chimalapas; la aclaración de quiénes son los explotadores de recursos y para quién trabajan; los errores que hizo el gobierno federal en el otorgamiento de bienes ejidales en terrenos comunales y las vías para su aclaración definitiva, por lo que invita respetuosamente a los hermanos chiapanecos a encontrar soluciones por las vías apropiadas,  que abonen  una convivencia armoniosa y justa entre los pueblos, bajo el imperio de la legalidad, la transparencia y la paz.