CENCOS Oaxaca, México.- A menos de una semana del ataque brutal contra 20 campesinos y defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo,. Juan Regalado Martínez, pequeño propietario y miembro del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, y Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, presentaron una denuncia penal en donde establecen con claridad que el día 28 de octubre fueron golpeados y pateados por Ventura Ordaz Santiago, quien los atacó con la cacha de su pistola y los amenazó de muerte ante la presencia de 50 caciques golpeadores y policías municipales de La Venta armados con armas de fuego y machetes. Durante el ataque  Ordaz Santiago y los demás golpeadores intentaron desalojar a los manifestantes de la Carretera Panamericana, donde repartían volantes de manera totalmente pacífica para informar a la comunidad sobre la problemática que enfrentan en el proyecto eólico “Piedra Larga”. A 15 minutos de que los propietarios y defensores lograran escapar del lugar, se reportó la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez, aparentemente por un disparo. A pesar de violencia previa y amenazas de muerte contra pequeños propietarios y defensores de derechos humanos, la desarrolladora Renovalia Energy y su subsidiaria Demex omiten pronunciarse sobre los hechos, incluso los cometidos por sus agentes y vigilantes de seguridad desde el 21 de octubre Ante esta situación las comunidades y organizaciones firmantes lamentamos la pérdida de una vida y rechazamos categóricamente la violencia. Sin embargo, el Sr. Ordaz Santiago y los golpeadores han acusado falsamente de la muerte al Sr. Regalado Martínez y al Sr. Rodrigo Flores Peñaloza de la Asamblea de los Pueblos Indígenas, a quienes deslindamos completamente de cualquier responsabilidad. Insistimos en que la investigación sobre la muerte de Ordaz Velásquez sea a fondo e imparcial, y que los responsables sean procesados y castigados jurídicamente. Y denunciamos rotundamente el clima de persecución que posibilite que el gobierno del estado, los caciques o las empresas eólicas utilicen este suceso para criminalizar la protesta social pacífica. Es importante recordar que, desde el 21 de octubre, los pequeños propietarios del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo y sus aliados de la sociedad civil hemos avisado de una escalada de violencia y amenazas en contra de los que reivindican los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec. Estas represalias han sido perpetradas por vigilantes de seguridad contratados por Demex, la subsidiaria en México de la eólica española Renovalia Energy, y se han denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca. También individuos como el Sr. Rolando Gómez Wendolay, líder sindical de la Sección 021 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Sr. Pedro Santiago Rasgado, operador político de un exgobernador oaxaqueño, y el Sr. Jaime de la Cruz Gómez actúan como agentes y portavoces de Demex, amenazando y desacreditando a los pequeños propietarios y sus aliados. Y más grave aún es la presencia del Ejército Mexicano, la policía estatal de Oaxaca y la policía municipal en los terrenos de los dueños de las tierras. Situación empresarial y financiera Molestos por la ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en sus tierras, los pequeños propietarios han intentado en vano dialogar con Demex y Renovalia Energy. Los representantes de estas empresas se han opuesto al dialogo y mantienen silencio sobre la represión y las inconformidades entorno al proyecto “Piedra Larga”. No obstante, las normas internacionales de responsabilidad social y rendición de cuentas empresariales establecen obligaciones para las empresas, y Renovalia-Demex dista mucho de ser ejemplar. Desarrollado por Renovalia-Demex, "Piedra Larga" suministrará energía principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento de 18 años a partir de 2012. Para construir el parque Renovalia obtuvo un crédito sindicado de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Nacional Financiera, Bancomext y el Fondo Nacional de Infraestructura) y tres bancos privados: Banco Espírito Santo de Brasil, y los bancos Santander y CaixaBank de España. A continuación se enumeran algunas de las normas empresariales más importantes respecto a los derechos humanos, las cuales Renovalia no está respetando: La responsabilidad de “prevenir o mitigar” las violaciones de derechos humanos relacionados con sus “operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales”, tales como los abusos perpetrados por los vigilantes de seguridad contratados por Demex; La responsabilidad solidaria de Renovalia de no prestar ayuda, auxilio o apoyo moral, fomentar o financiar a, confabular con, o tener conocimiento de la comisión de violaciones de derechos humanos, lo cual parece cuestionable dado la escalada de violencia y amenazas a manos de agentes de Demex; La responsabilidad de identificar los riesgos de seguridad en sus operaciones y asegurar que su uso sea proporcional y conforme a derecho; Y la responsabilidad de publicar un código de conducta y adherir a ella para asegurar cumplimiento con la ley mexicana. Y respecto a los tres bancos privados, todos firmantes de los Principios de Ecuador, adquieren la responsabilidad de no prestar dinero a proyectos de desarrollo en los cuales el acreedor, en este caso Renovalia, no puede cumplir con las normas sociales y medioambientales de las instituciones financieras. En fin, Renovalia-Demex y sus prestamistas no cumplen con los estándares mínimos internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Demandamos Por las violaciones, acciones y omisiones mencionadas, no hay condiciones de desarrollo sustentable ni protección de los derechos humanos ni del medioambiente en “Piedra Larga”. Por lo tanto, ante las autoridades del Estado de Oaxaca, demandamos que: Verifiquen las condiciones en las que se están desarrollando las actividades de las empresas Demex y Grupo Bimbo en las tierras de las y los integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo; Se tomen las medidas adecuadas para que cualquier dialogo que involucre las tierras de las y los campesinos de Unión Hidalgo sea con la presencia de los mismos, las empresas y las autoridades del Estado de Oaxaca; Tome las medidas precautorias pertinentes para asegurar la vida y la integridad física de las defensoras de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez, Maribel González, Rodrigo Flores Peñaloza, Juan Regalado Martínez, Guadalupe Castellanos Ramírez y todos y cada uno de los integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo; y Se investigue a fondo y de manera imparcial la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez, y que los responsables sean procesados y castigados jurídicamente.

Y ante las autoridades federales, exigimos que cancelen: El Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los pueblos indígenas; Las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que defendemos los derechos a la tierra y el territorio; y Los créditos otorgados a Demex por parte de NAFIN, Bancomext y FONADIN.

Juchitán, Oaxaca – FIRMANTES Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) -- Valeria Scorza ProDESC Zamora 169, B2 Col. Condesa Mexico, D.F.