Oaxaca, México.-  Isaac Torres Carmona, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. filial Oaxaca,  culpó al gobernador Gabino Cué Monteagudo del linchamiento  público contra su organización por el mal manejo  publicitario tras la entrega de indemnizaciones a 41 víctimas de la rpresión en 2006 A continuación postura de Torres Carmona: Como es del conocimiento público y en un hecho sin precedente, el pasado 14 de noviembre, desde el recinto oficial que ocupan los Juzgados Civiles y Familiares de este Distrito Judicial del Centro, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, comparecieron conjuntamente en formal diligencia, el titular del Ejecutivo, licenciado Gabino Cúe Monteagudo y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, ambos con el carácter de demandados dentro de diversos expedientes relativos a los Juicios de Reparación del Daño Moral, que promueven desde hace un par de años atrás, un grupo de aproximadamente 70 víctimas de la represión de los años 2006 y 2007 en la entidad, quienes fueron acusados y procesados de manera injusta y arbitraria, por delitos que no cometieron. En este contexto, el Gobierno del Estado entrego a 41 personas un recurso económico en efectivo a cada una de ellas, cuyo monto ya es público, a título de indemnización “SIMBOLICA” de reparación del Daño Moral sufrido, bajo las siguientes premisas: PRIMERO.- Que no existe suma de dinero suficiente que repare el daño moral sufrido, pues es el resarcimiento de este tipo de daño requiere de medidas complementarias a la simple entrega de dinero, cualquiera que sea la suma. SEGUNDO.- Que la responsabilidad del Gobierno del Estado en las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el contexto del conflicto social del 2006 y 2007, no se reduce  a una simple cuestión monetaria o de entrega de recursos económicos. TERCERO.- Que es incuestionable el derecho que tienen las víctimas de una detención arbitraria, como lo es el presente caso, de acceder a una indemnización en dinero en efectivo, de acuerdo con la propia legislación civil del Estado de Oaxaca, en concordancia con otros ordenamientos legales, tanto del ámbito federal, como internacional, tal y como lo disponen los artículos 1787 y 1800 del Código Civil vigente para la entidad. Tan es así, que el titular del Ejecutivo del Estado, así lo dio a conocer, en su primer informe oficial de gobierno el pasado 15 de noviembre, refiriéndose expresa y textualmente a la medida indemnizatoria como “SIMBOLICA”. Bajo esas tres premisas fundamentales, recae la responsabilidad exclusiva en el licenciado Gabino Cúe Monteagudo, como titular del Ejecutivo, de dar publicidad adecuada sobre las indemnizaciones, estableciendo por un lado, categóricamente, la diferencia que existe entre lo que son violaciones a Derechos Humanos cometidos por el Estado en contra de los particulares y por otro, los delitos cometidos entre particulares, para fijar criterios claros, apegados a la normatividad y dogmática aplicables, en concordancia con los estándares de derecho internacional de los Derechos Humanos; en este tenor, era responsabilidad del Estado, a través de su titular,  dirigir un acto público de desagravio, en general, en favor de las más de 400 personas detenidas, torturadas y procesadas arbitrariamente y de las cerca de 30 personas asesinadas en el contexto del conflicto social de 2006, 2007 y en específico de estas primeras 41 personas indemnizadas en términos de la acción legal demandada al Gobierno del Estado, atendiendo precisamente, al principio de integralidad que debe acompañar a todo proceso de reparaciones por violaciones a Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones relativas en la materia, tal y como lo dispone el artículo 1787 del Código Civil de Oaxaca, así como a estándares internacionales que regulan dicha medida, ya que tal y como se dijo en líneas anteriores, el resarcimiento del daño moral requiere de medidas complementarias a la simple entrega de dinero, cualquiera que sea la suma de esta. En días recientes y posteriores al Primer Informe oficial de actividades, el Gobierno del Estado ha hecho llegar a los domicilios particulares en la entidad, a través del Servicio Postal Mexicano, propaganda comercial de porte pagado, relativa al primer informe, en cuya información contenida en su interior, expone varios rubros, entre los cuales cita textualmente el de “SEGURIDAD Y JUSTICIA” en cuyo rubro se puede leer en el punto cuarto, textualmente lo siguiente, como logro de un compromiso de gobierno: “SE RESARCIO EL DAÑO PATRIMONIAL A LAS VICTIMAS Y AFECTADOS DEL 2006” Si esta aseveración está relacionada con el proceso indemnizatorio de las 41 personas mencionadas con anterioridad, de un total de 70 que demandaron por la vía civil la reparación del Daño Moral, ante los tribunales del Estado, dicha información, es falsa y no corresponde a la verdad real e histórica de los hechos, ya que no se ha resarcido en ningún caso, el daño patrimonial, sino moral de manera simbólica solo, en un grupo de 41 personas. Para la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., filial Oaxaca, es clara la utilización y la falta de publicidad adecuada sobre las indemnizaciones referidas, haciendo patente la responsabilidad del Gobierno del Estado por la publicidad oficial, torpe, tardía y malintencionada, ya que dicha información no corresponde a la verdad  real e histórica de los hechos, que solo busca engañar a la opinión pública, con consecuencias negativas por todos conocidas, mismas que se han traducido en una serie de reacciones desfavorables a todos los niveles, tanto en amplios sectores sociales, como públicos y privados; desde víctimas de la represión que teniendo el derecho de acceder a una indemnización, aún no han accedido a ella, pasando por organizaciones sociales y afines, hasta los círculos más regresivos del capital financiero, quienes de inmediato aprovecharon la oportunidad para colocar sus intereses eminentemente económicos en la agenda de gobierno, politizando un logro legal y legítimo para la lucha por la reivindicación de los derechos humanos, en detrimento de los mismos. Asimismo la falta de publicidad adecuada sobre las indemnizaciones por parte del Gobierno del Estado, ha dado pie a una campaña de linchamiento mediático, en contra de los sobrevivientes, víctimas de la represión y expresos políticos, revictimizandolos, ahora por acceder a una medida de elemental justica, a la que tienen derecho. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia la mala fe con la que se ha producido el Gobierno Estado, en la publicidad oficial a un mes de haberse adoptado la medida indemnizatoria como acción legal y legítima de gobierno como respuesta a un compromiso de carácter judicial; y nos deslindamos de la utilización y el mal uso que éste ha hecho y haga en lo sucesivo sobre las mismas, rechazando categóricamente ser parte de la comparsa gubernamental. Un logro para la lucha reivindicatoria del movimiento de Derechos Humanos en el estado de Oaxaca, como lo es la indemnización por daño moral a un grupo de víctimas y expresos políticos del 2006, 2007,  no puede verse empañado por la torpeza y la improvisación en el manejo de la información oficial, la mala fe y la utilización de la medida para satisfacer intereses políticos mezquinos del Gobierno en turno, de cara a la opinión pública, por lo que responsabilizamos al Gobierno del Estado de pretender reducir su responsabilidad sobre las violaciones a Derechos Humanos en el contexto de conflicto político social, a una cuestión puramente monetaria. A la oficina de la Comisionada para la atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo del Estado: Nuestro reconocimiento por sus buenos oficios en el caso concreto, de las indemnizaciones por daño moral a un grupo de víctimas y expresos políticos del 2006, 2007, por mantener un compromiso palpable por cumplir con su deber, dentro de un gobierno al que poco o nada le importan los Derechos Humanos. Hoy es evidente que las decisiones tomadas desde la Oficina para la atención de los Derechos Humanos de la Gubernatura presidida por la Maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes, no corresponden necesariamente a la política de Gabino Cúe como titular del Ejecutivo; para darse cuenta de ello basta con revisar las diversas declaraciones públicas, torpes y tardías que el mandatario del Estado ha hecho respecto a las indemnizaciones en diferentes medios de comunicación, a un mes de haberse adoptado la medida indemnizatoria como acción legal y legítima de gobierno, en cumplimiento a una obligación de carácter judicial. No menos evidente es la injerencia  que ejercen los grupos de presión económica, en la toma de decisiones de Gobierno adoptadas por el Ejecutivo, en detrimento de los Derechos Humanos. A los medios de comunicación: En particular al periodista Humberto Cruz y la empresa privada de televisión denominada “TV AZTECA”; PRIMERO.- para que en lo sucesivo dejen fuera de sus contenidos informativos la visceralidad y el manejo de posiciones maniqueas, en relación a las indemnizaciones adoptadas como una acción legal y legítima de gobierno en cumplimiento a un compromiso de carácter judicial, a un grupo de víctimas y expresos políticos del 2006 2007; ya que dichas posiciones solo contribuyen a la desinformación y polarización social, tomando en cuenta en todo momento, la obligación y corresponsabilidad que tienen como comunicadores y medios de comunicación, de informar con responsabilidad para contribuir a la construcción de una cultura mínima de respeto por la legalidad y de Derechos Humanos, empezando por autoridades y funcionarios públicos de gobierno. SEGUNDO.- Para que garanticen nuestro derecho de réplica, solicitando la reproducción integra del presente boletín, en sus diferentes espacios de televisión, radio y prensa escrita. Exigimos indemnización económica para las restantes 370 personas aproximadamente que  fueron torturadas, encarceladas y procesadas injustamente, por los tribunales del Estado, y  para las familias de los cerca de 30 asesinados  en el contexto de represión gubernamental del 2006, 2007, así como un programa de reparación integral de los daños, sin dejar de lado la determinación de la responsabilidad penal y de castigo a los responsables por dichas violaciones. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. filial Oaxaca, refrenda su compromiso en el combate a la impunidad y el abuso de poder, orientando sus esfuerzos en poner a disposición de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sin distinción de raza, genero, sexo, ideología, posición social, credo o religión, los mecanismos y procedimientos legales y de derecho, para canalizarlos por la vía de las instituciones; si ésta premisa básica, entre otras, no está garantizada por las autoridades y sociedad en general, la posibilidad para una transición democrática pacifica en Oaxaca, esta cancelada. “Justicia Verdad y Reparación” “Una llama encendida por los derechos de los pueblos” Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. filial Oaxaca. Isaac Torres Carmona Presidente Asamblea Provisional de Sobrevivientes y Expresos Políticos de Oaxaca.