Jueves 10 de febrero, 2011. 09:14 pm
México debe garantizar justicia para indígenas victimas de violación
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Oaxaca, México.- Amnistía Internacional urgió a las autoridades Mexicanas a cumplir íntegramente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas violadas y torturadas por el ejército Mexicano en 2002.
El viernes pasado, las autoridades Mexicanas cancelaron la inauguración de una mesa de trabajo programado para el 8 de febrero con las mujeres y sus representantes con el fin de acordar e implementar los mecanismos para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana.
Entre los requerimientos incluidos en las sentencias se encuentra el de transferir ambas investigaciones de los casos de la justicia militar a la justicia ordinaria. Las sentencias de la Corte son claras en señalar la incompetencia del sistema de justicia militar en investigar y enjuiciar las violaciones de derechos humanos ya que consideran que forma un obstáculo insuperable para lograr justicia.
En las sentencias emitidas en Octubre de 2010 la Corte Interamericana constató la responsabilidad del estado Mexicano en la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ordenó una serie de medidas que el Estado debía tomar para reparar el daño. Las sentencias también requieren reformas legislativas para garantizar que todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas sean investigadas y procesadas en la justicia ordinaria.
La sentencia es inapelable y es de cumplimento obligatorio por parte del Estado. El gobierno de México reconoció formalmente su obligación de cumplir con la sentencia pero se ha resistido en implementar las medidas designadas por la Corte.
“La decisión de cancelar la reunión prevista con los peticionarios sin explicación adecuada o fechas alternativas es otra señal de la falta de compromiso real por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias de una corte internacional y respetar los derechos humanos,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
El viernes pasado, las autoridades Mexicanas cancelaron la inauguración de una mesa de trabajo programado para el 8 de febrero con las mujeres y sus representantes con el fin de acordar e implementar los mecanismos para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana.
Entre los requerimientos incluidos en las sentencias se encuentra el de transferir ambas investigaciones de los casos de la justicia militar a la justicia ordinaria. Las sentencias de la Corte son claras en señalar la incompetencia del sistema de justicia militar en investigar y enjuiciar las violaciones de derechos humanos ya que consideran que forma un obstáculo insuperable para lograr justicia.
En las sentencias emitidas en Octubre de 2010 la Corte Interamericana constató la responsabilidad del estado Mexicano en la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ordenó una serie de medidas que el Estado debía tomar para reparar el daño. Las sentencias también requieren reformas legislativas para garantizar que todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas sean investigadas y procesadas en la justicia ordinaria.
La sentencia es inapelable y es de cumplimento obligatorio por parte del Estado. El gobierno de México reconoció formalmente su obligación de cumplir con la sentencia pero se ha resistido en implementar las medidas designadas por la Corte.
“La decisión de cancelar la reunión prevista con los peticionarios sin explicación adecuada o fechas alternativas es otra señal de la falta de compromiso real por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias de una corte internacional y respetar los derechos humanos,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
www.ciudadania-express.com