Soledad JARQUIN EDGAR   Oaxaca. México. María Elena, Marlyn, María de los Ángeles, Teresa, Felícitas, Virginia y Daniela son apenas algunos de los cientos de casos de mujeres cuyas vidas han sido “tocadas” por la violencia por el hecho de ser mujeres. En todos estos casos prevalece un factor: la falta de justicia, porque cuando la justicia no es completa no es justicia. María Elena López Bretón interpuso una queja ante la Comisión para la Defesa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por “hostigamiento y discriminación laboral”, acciones que derivaron en que su embarazo, diagnosticado en el IMSS como de alto riesgo, terminara en el lamentable aborto de un embrión de 10 semanas de gestación. El hostigador laboral, Jesuswaldo Martínez Soria, Coordinador de Evaluación del Desempeño, en la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura no sólo no respetaba los horarios de trabajo de María Elena López Bretón, sino que le negaba y se molestaba porque tenía que acudir cada 15 días a consulta por recomendación de su médico familiar del IMSS. En alguna ocasión, el funcionario señaló: “como las mujeres no piensan que cuando se embarazan, dejan de lado las responsabilidades del trabajo y uno tiene que aguantarlas…”. La contadora pública María Elena López Bretón tiene 35 años de edad, desde hace 11 labora en el Gobierno Estatal donde ha ocupado diversos cargos. El 13 de junio ingresó al IMSS, donde le informaron que tendrían que practicarle un legrado porque el embrión había muerto. De manera responsable llamó a su jefe inmediato para comunicarle que no regresaría a la oficina. La respuesta de Martínez Soria aún está fresca en la memoria de María Elena López Bretón y testigos que lo escucharon por el alta voz del teléfono celular: “…lo único que te voy a decir es que por favor la próxima vez nos avises con tiempo, porque no es posible que abandones así el trabajo; hace rato yo personalmente tuve que ir a pedir unas cosas hasta la planta baja y eso no es posible, yo no tengo que hacer tu trabajo; es una irresponsabilidad que te vayas así cuando hay tanto trabajo…” María Elena López Bretón perdió a su hijo como resultado del excesivo trabajo que le fue impuesto por su jefe inmediato tras conocer que estaba embarazada; Martínez Soria “un estudioso doctor” egresado de la Universidad de Barcelona, prosiguió con el hostigamiento cuando ésta volvió a su trabajo y decidió marginarla colocándola en un reducido espacio de la oficina gubernamental, es decir, la sacó del cubículo que ocupaba antes de ser hospitalizada. La DDHPO resolvió el pasado 17 de noviembre que en términos del artículo 45 de la Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acreditando violaciones a los derechos humanos de María Elena López Bretón, por parte de Jesuswaldo Martínez Soria. Es increíble, pero desde el principio tuvo conocimiento el gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien ofreció atender el caso y afirmó –de acuerdo a lo dicho por López Bretón- que personas como Jesuswaldo no deberían seguir trabajando en el gobierno estatal porque hacían daño… pero nada pasó, el servidor público sigue laborando en la misma oficina, en tanto que a María Elena se le ofreció desde la Secretaría de Administración un cambio para que no tuviera que seguir viendo al funcionario que había violentado sus derechos, está vez sería como “oficial” en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. María Elena no aceptó y le recordó al titular de la dependencia que la víctima era ella. De acuerdo con la propia DDHPO, María Elena López Bretón sufrió una serie de violaciones a sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y otras reglamentaciones. Pero esto no ha sido todo, un médico del IMSS de nombre Luis Salvador Aguilar Rodríguez, encargado de la Coordinación del Departamento Clínico de Ginecología proporcionó al Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Iturribarría Pérez, documentos propiedad del IMSS con la pretensión de descalificar las acusaciones de María Elena. Sin duda, una violación más a sus derechos que podrían ocasionar una nueva demanda ante la DDHPO e, incluso, de tipo penal contra quién o quiénes resulten responsables. Aunado a ello, ha recibido advertencias que suenan a amenazas “tus llantas podrían salirse”, en tanto otra empleada que atestiguó ante la DDHPO a su favor fue despedida y un compañero fue marginado por solidarizarse con ella. Hoy, María Elena López Bretón tiene una justicia a medias, que exhibe la actuación de los servidores públicos, su falta de ética y de humanidad, que se suman al enorme abuso de poder al grado de obtener documentos que debían ser confidenciales entre pacientes y personal médico del IMSS, pero que finalmente revelan una serie de complicidades que alcanzan al propio mandatario oaxaqueño. En suma, hay complicidad, opacidad y omisión que revelan que aquello del gobierno de los derechos humanos, como se autonombran, es una falacia. Los siguientes son casos pendientes, no justificaciones para el gobierno gabinista, porque aunque estos crímenes no se cometieron en la actual administración, es hoy el responsable de su solución. María de los Ángeles El pasado 24 de noviembre se cumplieron 10 años desde que María de los Ángeles López Díaz, quien estaba embarazada, fue quemada viva por su compañero, un policía ministerial de nombre Samael Cruz Delgado. Las heridas le produjeron un aborto y finalmente la muerte un 1 de enero de 2002. Su familia ha tenido que enfrentar un larguísimo proceso que todavía no termina, Samael Cruz Delgado no ha sido sentenciado, a pesar que fue aprehendido en 2009 en Estados Unidos por el FBI y deportado a Oaxaca para enfrentar a la justicia. Por increíble que parezca pronto se cumplirán 10 años y nada pasa.   Marlyn Marlyn del Rosario Cruz Rodríguez murió en un consultorio dental ubicado en la agencia municipal de Cinco Señores donde le fue practicado un aborto. Los hechos que ocurrieron en agosto de 2006 aún no están resueltos por la justicia. Los presuntos responsables de los hechos ni siquiera están detenidos, incluso uno de ellos Alfonso Santos Zavaleta, fungió como agente municipal de esa agencia durante la administración municipal anterior. Virginia y Daniela La desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, ocurrida el 5 de julio de 2007 nunca ha sido investigada y se atribuyó a un conflicto interno entre grupos de la etnia triqui. Su familia sigue esperando que regresen la maestra bilingüe, Virginia entonces tenía 20 años, y su hermana Daniela apenas 14 años y era estudiante de secundaria. Teresa y Felícitas En la misma zona de la mixteca oaxaqueña ocupada por el grupo triqui, Teresa Bautista y Felícitas Martínez fueron asesinadas cuando apenas tenían 22 y 24 años. Ambas eran locutoras de la Voz que Rompe el Silencio, estación radiofónica comunitaria ubicada en San Juan Copala. Estos hechos ocurrieron un 7 de abril de 2008. Como en el caso de las hermanas Ortiz Ramírez, los asesinatos de las locutoras triquis no han sido aclarados y los cuatro crímenes son sin duda producto de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ya que frente al conflicto las mujeres se convirtieron en un botín de guerra. Violencia obstétrica Un enamorado secretario de Salud no se dio por enterado de la iniciativa de ley que se supone envió el ejecutivo al legislativo. El ejecutivo posibilitó y pidió la elaboración de la misma a organizaciones civiles, nadie leyó el encargo una vez que organizaciones que participaron en su elaboración concluyeron su trabajo, se firmó y como si fuera un “paquete” lo llevaron ante el Congreso. Del entuerto, lo increíble es que el titular de Salud, German Tenorio, no estuviera enterado. Es como si su jefe Gabino Cué le hiciera “manita de puerto”. Falta de comunicación o es que ahora nadie quiere hacerse responsable de nada, frente a la embestida de las organizaciones y colegios médicos. Verdades a medias o mentiras completas. Mientras el personal médico asegura que nadie los consulto; Eduardo Liendro, uno de los promotores de esta iniciativa, dice que ya lo habían platicado con diversas organizaciones médicas. Quienes ahora ven plácidamente la batalla de dimes y diretes en que se ha convertido el tema de la violencia obstétrica que tiene detenido todo “el paquete de reformas” que favorecerían una vida libre de violencia para las mujeres, son las y los legisladores que debían analizar la propuesta, pero no se preocuparon, la decisión sería política y en ese camino saltaron los chipotes. Del tema, nadie sabe a ciencia cierta nada. Hay quienes opinan, incluso, que la violencia obstétrica debe legislarse pero su sitio correcto es la Ley de Salud estatal. Lo que sí quedó claro, es que el Secretario de Salud no conoce la iniciativa, lo peor -sin duda- es que según su propio dicho, tampoco se preocupó por saber de qué se trataba. Es decir, el chipote creció mucho entre legisladores y los empleados gubernamentales. Vaya cosa. @jarquinedgar; Caracolasfem.blogspot.com; Canalgentelibre.com