Pedro MATÍAS/Página3 Oaxaca, México.- El gobernador Gabino Cué declaró que no solo se destinaron alrededor de 11 millones de pesos para las víctimas de la represión de su antecesor Ulises Ruiz Ortiz sino que también se formó el Fondo Oaxaca, mediante el cual se han colocado ya más de 430 millones de pesos en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas durante el conflicto social de 2006. Luego de una serie de críticas en las redes sociales y de sus opositores, Cué aclaró que “el Gobierno del Estado cumple con el compromiso de indemnizar a las víctimas y afectados del 2006 para resarcirlas del daño moral y económico que sufrieron durante ese movimiento social”. Entrevistado al término de la inauguración de unas tiendas departamentales, precisó que únicamente atienden las demandas interpuestas en siete expedientes judiciales promovidos en el trienio 2007-2010, por ciudadanos afectados ante diversas instancias jurisdiccionales y con base en recomendaciones dictadas por organismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos. Explicó que el Fondo Oaxaca se estableció para apoyar a integrantes del sector comercial y empresarial que también resultaron afectados, y que desde el 2006, no habían tenido acceso a créditos. Convenio aparte con la Limeddh En el caso de aquellas personas que fueron vejadas, ultrajadas y trastocados sus derechos humanos, el gobernador resaltó que se firmó un convenio luego del diálogo entre la Comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas, y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, con quienes se convino entregar 170 mil pesos a cada una de las 64 víctimas de la represión que presentaron una demanda civil para la reparación del daño. Insistió en que con esto se busca resarcir los daños del que fueron objeto ante los hechos de violencia tan lamentables que se registraron durante el 2006,  lo que constituye un rotundo precedente nacional para la atención integral de víctimas. Luego que el pasado miércoles la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) se enfrentaron verbalmente, los primeros rechazaron haber aceptado en lo “oscurito” la “indemnización simbólica” y otros los acusaron de estar insatisfechos porque pedían tres millones de pesos. En tanto, el líder del magisterio, Azael Santiago Chepi, deslindó al movimiento magisterial de estar enterado y mucho menos ser consensado el pago de alrededor de 11 millones de pesos como parte de las “indemnizaciones simbólicas” a víctimas del 2006. “Como movimiento no compartimos políticas particulares o de grupo que han buscado y siguen buscando beneficiarse con este gran movimiento del 2006, que han buscado lucrar con el sudor, lagrimas, sangre y sufrimientos de las viudas, de los huérfanos que siguen clamando justicia”, puntualizó. Ese 25 de noviembre recordó, “cientos fueron capturados y llevados presos a penales de alta seguridad, muchos fueron torturados y si los hombres y mujeres han olivado el olor a gas lacrimógeno, el humo negó y los cohetones, los verdaderos maestros no lo hemos olvidado y por eso, más allá de las criticas cotidianas, el movimiento magisterial no va a claudicar en la exigencia de justicia y castigo a los responsables del 2006 que tienen nombres y apellidos principalmente el de Ulises Ruiz Ortiz”. Gobierno busca apoyar, no dividir Ante estas posturas, Cué aclaró que la intención de su gobierno es apoyar y no causar divisionismos, y lo acontecido en ese año es un  parteaguas en la vida de Oaxaca,“porque es un hecho que no puede pasar desapercibido, debido a que no se había vivido una erupción social tan fuerte y sin precedente en los últimos años”. Y recordó que había demandas de carácter civil en contra del Estado, el cual representa como gobernador, y aunque no tuvo nada que ver con los hechos del 2006, su compromiso es atender este tipo de  problemas, como en el caso de los defraudados de las cajas de ahorro.