Guadalupe CRUZ JAIMES/CIMAC   Oaxaca. México. En promedio, sólo la mitad de las unidades médicas del sector salud en Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala, brinda a las mujeres la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), método eficaz para evitar embarazos no deseados después de una relación sexual sin protección. De acuerdo con una investigación de las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), los prestadores de servicios en esas entidades negaron el anticonceptivo a las usuarias con el argumento que la PAE aún no llegaba a su unidad de salud o que había “desabasto”. [caption id="attachment_130724" align="alignleft" width="300" caption="En Oaxaca hay “poco abastecimiento” y tampoco el personal está capacitado."][/caption] De ese modo, las secretarías de Salud de Chiapas, DF, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala, estarían incumpliendo con la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar (NOM-05), la cual estipula la obligación de los servicios sanitarios de proporcionar la PAE a las mujeres que la requieran. El desabasto fue el principal motivo para negar el acceso a la PAE en  Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y el DF. Mientras que en Chiapas los prestadores de servicios no proporcionaron el anticonceptivo porque dijeron que requerían la autorización de personal médico ausente en ese momento, según el estudio “Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. Análisis desde la sociedad civil 2007-2010”. En la investigación se asienta que la negación de la PAE en Morelos se disparó hasta 71 por ciento, en Tlaxcala fue de 44 por ciento, y en Hidalgo de 37.5 por ciento. La información se obtuvo a partir de entrevistas con usuarias de los servicios públicos de salud, y con la consulta que hicieron las propias activistas al simular que requerían la PAE.  OBSTÁCULOS En Chiapas, el personal de salud condicionó a las usuarias a que debían acudir menstruando para que les pudiera brindar la PAE, así como contar con autorización médica previa. En ese estado se verificó también la falta de personal para dar información. La Secretaría de Salud (Ss) de Chiapas destinó en 2008 118 mil pesos para anticoncepción de emergencia, y adquirió 4 mil 148 pastillas. Para 2009 el presupuesto para PAE ascendió a 793 mil pesos, pero la compra disminuyó a 2 mil 784 pastillas. En el DF quienes requieren la anticoncepción de emergencia deben pagar consulta y tienen que habitar en la zona donde se ubica el centro de salud. Las usuarias deben llegar a las 5 de la mañana para alcanzar una de las 15 fichas que se reparten diariamente. En Hidalgo las unidades carecen de personal autorizado, el servicio sólo se brinda en un horario especifico, y se solicita a las usuarias receta médica para autorizar la PAE, denuncian las organizaciones en su investigación. En 2008 la Ss de esa entidad adquirió 2 mil pastillas de anticoncepción de emergencia, y para 2009 aumentó a 2 mil 700. El presupuesto que gastó en métodos anticonceptivos en 2008 fue de 972 mil pesos y para el año siguiente destinó un millón 82 mil pesos. En los servicios de salud en Morelos es necesario que las usuarias elaboren una hoja de petición para que les den el anticonceptivo de emergencia. Cuando se levantó la información “no había PAE en existencia”, dijeron Equidad de Género y Ddeser. En Tlaxcala las organizaciones encontraron que sólo el personal autorizado puede otorgar este método y que la “burocratización es excesiva”, ya que para tener acceso a la PAE las mujeres necesitan abrir un expediente y acudir a una plática acerca de su uso. En Oaxaca hay “poco abastecimiento” y tampoco el personal está capacitado para dar consejería sobre el uso de la PAE. Las usuarias menores de edad tienen que ir acompañadas de una persona adulta. En general, señala el estudio, el personal de salud no está capacitado para brindar información “clara y precisa” acerca de la anticoncepción de emergencia. Además en entidades federativas como el DF y Chiapas se detectaron actitudes prejuiciosas ante la solicitud de la PAE. A 43 por ciento de las activistas que fingieron ser usuarias del servicio se les indicó de forma errónea e insuficiente en qué casos debe usarse la PAE. Y el 46.7 por ciento de las mujeres recibió información incorrecta acerca de si la pastilla es abortiva o no.