CENCOS Oaxaca, México.- Desde
 el 
mes 
de 
mayo 
de 
este 
año, 
28 
pequeños
propietarios
de
 la 
comunidad
 indígena zapoteca 
de 
Unión
 Hidalgo 
han 
exigido 
a 
la 
empresa 
eólica
 Demex, 
subsidiaria
 de 
la
 española
 Renovalia
 Energy,
 un
 diálogo
 para
 tratar
 las
 afectaciones
 ambientales
 y
 violaciones
 de derechos
 humanos
 que
 sufren
 como
 consecuencia
 de
 sus
 contratos
 de
 arrendamiento
 con
 esta empresa. Estos
 pequeños
 propietarios, 
quienes
 representan 
la 
mayoría
 de 
las 
hectáreas 
en 
renta 
en 
el parque
 eólico
 Piedra Larga
 –
 Fase
1, 
denuncian 
principalmente 
tanto 
una 
violación 
básica
 de sus
 derechos 
como 
pueblo
 indígena,
 como 
la 
de 
sus 
derechos
 a
 una 
consulta 
previa, 
libre 
e informada,
 algo 
que 
nunca 
sucedió
 entre 
2009 
y 
2010 cuando
 se 
firmaron 
los 
contratos 
de arrendamiento.
 A
 partir 
de 
esta
 violación 
inicial, 
se 
han
 dado 
otra 
serie de
 violaciones, afectaciones
 ambientales
 y
 recientemente
 represiones
 violentas
 a
 manos
 de
 caciques
 y agentes 
de 
la 
empresa 
Demex. Cabe mencionar 
que 
el 
proyecto 
eólico
 de
 Piedra 
Larga 
está 
siendo
 desarrollado 
por Renovalia‐Demex 
para suministrar
 energía 
limpia 
principalmente
 a 
Grupo
 Bimbo 
por 
medio 
de un 
contrato 
de 
auto abastecimiento de
 18
 años
 a
 partir
 de
 2012.
 Para
 construirlo
 Renovalia obtuvo
 un
 crédito
 sindicado
 de
 160
 millones
 de
 dólares
 financiado
 por
 el
 gobierno
 mexicano (Bancomext,
 Banobras‐Fonadin
 y
 Nafinsa)
 y
 tres
 bancos  privados 
(Banco 
Espírito 
Santo 
de Portugal,
 y
 Santander
 y
 aixa Bank 
de 
España). Durante
 los
 meses
 de
 mayo
 y
 junio
 de
 este
 año,
 los
 pequeños
 propietarios
 organizados
 en
 el Comité
 de
 Resistencia
 al
 Proyecto
 Eólico
 de 
Unión 
Hidalgo 
intentaron 
entablar 
un 
diálogo con Demex 
y 
el 
Gobierno
 de Oaxaca
 para 
anular 
sus 
contratos 
de 
arrendamiento,
 los 
cuales 
se consideran 
irregulares 
ya 
que 
se 
realizaron sin
 que
 se
 diera
 un
 proceso
 de
 consulta
 libre,
 previa
 e
 informada
 significando
 una
 clara
 violación
 a
 los derechos
 de 
los 
pueblos 
indígenas. En 
un 
inicio 
Demex 
pretendía 
acceder 
al 
llamado 
pero, 
al 
poner 
pretextos ridículos
 y no democráticos, 
logró 
que
 el
 diálogo
 nunca 
 se 
llevará 
a 
cabo. 
Luego,
 durante 
los 
meses 
de lluvia, la
 empresa
 dejó 
de
 construir 
ya 
que 
las 
condiciones 
climáticas 
se 
lo 
impedían.
 Y recientemente 
en 
octubre Demex empezó 
a 
construir 
de 
nuevo, 
aún 
sin 
dialogar 
con 
los pequeños
 propietarios.
 Durante
 este
 periodo
 los
 pequeños
 propietarios
 llevaron
 a
 cabo
 actos
 de
 resistencia
 legales
 y
 pacíficos,
 como
 informar
 a
 su
 comunidad
 por
 medio
 de
 volantes, documentar
 las
 afectaciones
 ambientales
 en
 sus
 tierras
 y
 organizarse
 colectivamente. No 
obstante, 
el 
día
 18 
de 
octubre 
dos 
personas
 que
 se 
ostentaban 
como
 representantes 
de 
la empresa, 
Jaime de
 la
 Cruz
 Gómez
 y
 Juan
 Altamirano,
 amenazaron
 con
 que
 el
 día
 siguiente Demex
 entraría
 a
 trabajar
 las
 parcelas 
arrendadas
 acompañada
 de 
la 
fuerza
 pública. 
Luego
 el día
 21
 de
 octubre
 50 
trabajadores
 de 
Demex
 llegaron
 y
 dos
 de
 ellos
 derribaron
 la
 valla
 que rodea
 las
 tierras.
 Estos
 trabajadores
 amenazaron
 a
 los
 pequeños 
propietarios, 
y
un
ex 
policía  empleado 
por 
la 
empresa
 le 
dijo 
a 
la 
Sra.
 Bettina 
Cruz
 Velázquez 
que “si 
vuelves 
por 
acá
te
 vamos
 a
 quemar 
y 
te 
vamos
 a 
matar". 
Y 
a 
otra 
defensora, 
Maribel 
González 
Pedro, 
le
 dijeron: “váyanse
 que
 las
 vamos
 a
 matar”.
 También
 cuatro
 hombres
 que
 se
 sospecha
 son
 vigilantes
 de seguridad
 de
 Demex
 golpearon
 a
 Arquímedes
 Gómez,
 un
 maestro
 que
 apoyaba
 a
 la comunidad.
 Por
 estos hechos
 se 
presentó 
una 
denuncia 
penal 
ante 
la 
Procuraduría 
General
 de Justicia 
de 
Oaxaca. El 
día 
25 
de 
octubre
 el 
director 
del
 proyecto 
Piedra 
Larga, 
Javier 
Vilchis 
Roldán,
 hizo
 llegar 
una carta
 a 
los dueños 
de 
las 
tierras 
en 
la 
cual
 se 
comprometió 
a
 no 
iniciar 
obra 
alguna 
en 
las parcelas 
en 
disputa
 hasta 
que se
 agotara 
un 
diálogo 
programado
 para
 el
 día
 27
 de 
octubre 
con autoridades 
del 
Gobierno
 de
 Oaxaca.
 Pero 
en dicho
 comunicado
 no 
se 
les
 hizo 
invitación 
a
 los pequeños
 propietarios 
para 
participar; 
por
 lo 
tanto, 
las 
y 
los dueños
 de
 las
 tierras
 elaboraron una
 carta
 a
 Demex
 señalando
 su
 inconformidad
 con
 este
 diálogo
 falso. Además,
 ese
 día 
los 
trabajadores 
de 
Demex
 arremetieron 
contra 
el 
reportero 
José
 Virgilio Vázquez 
López 
del
 Diario
 Punto
 Crítico
 de
 Juchitán.
 Al
 querer
 tomar
 fotos,
 un
 grupo
 de trabajadores
 se
 acercaron
 de
 manera
  violenta
 armados
 con 
machetes 
y 
le
gritaron:
 “Nos
 los vamos 
a 
chingar
 si 
regresan
 aquí”. El
 día 
26 
de 
octubre, 
a 
pesar 
del 
compromiso 
de 
no 
entrar 
a
 las 
tierras 
de
 los
 propietarios, Demex 
siguió trabajando,
 pero
 esta
 vez
 con
 la
 presencia
 de
 seguridad
 armada.
 También llegaron
 tres
 camionetas
 del
 Ejército, 
la 
policía
 estatal
 y 
la 
policía 
municipal 
para 
resguardar
 a la empresa. El 
día
 27
 de 
octubre 
el 
operador 
político
 del
 ex gobernador 
Ulises 
Ruiz
 Ortiz 
y
 ahora
 agente 
de la
 empresa
 Demex,
 Pedro 
Santiago 
Rasgado, 
envió 
un
 correo 
electrónico 
desacreditando 
a 
los pequeños 
propietarios 
y promoviendo
 falsedades
 acerca
 de
 ellos
 y
 las
 organizaciones
 de derechos
 humanos
 que
 los
 acompañamos. También
 ese
 día
 el
 líder
 sindical
 de
 la
 Sección
 021
 de
 la
 Confederación
 de
 Trabajadores
 de México
 (CTM),
 Rolando
 Gómez
 Wendolay, 
actuaba
 como
 porta voz
 de
 la 
empresa amenazando 
a 
los 
pequeños
 propietarios. El 
día
 28 
de 
octubre, 
mientras 
repartían
 volantes 
pacíficamente 
sobre 
la
 Carreter Panamericana tramo
 La Ventosa ‐ La
Venta,
 20
 miembros
 del
 Comité
 de
 Resistencia 
y 
de 
la
Asamblea
 de 
los Pueblos
 Indígenas
 fueron  atacados 
a 
golpes, 
patadas 
y 
con
 la
 cacha
 de 
las armas 
que portaban 
por 
50
 caciques 
y 
policías 
municipales
 armados
 con
 armas
 de
 fuego
 y
 machetes
 y dirigidos
 por
 el
 Agente
 Municipal
 de
 La
 Venta,
 Ventura
 Ordaz Santiago.
 La
 Sra.
 Bettina
 Cruz Velázquez,
 el
 Sr.
 Juan
 Regalado
 Martínez
 y
 el
 reportero
 Vázquez
 López
 del Diario
Punto 
Crítico sufrieron 
heridas. 
A 
15 
minutos 
de 
que
 los
 propietarios
 y 
defensoras 
lograran
escapar del 
lugar, se
 reportó
 la 
muerte
 lamentable 
de 
Reynaldo
 Ordaz
 Velásquez,
aparente mente
 por 
un 
disparo. El 
día 
3 
de 
noviembre
 la 
defensora 
Bettina 
Cruz 
Velázquez
 y
 el
 señor
 Juan 
Regalado 
Martínez presentaron
 denuncias
 penales
 contra
 Ventura
 Ordaz
 Santiago,
 las
 cuales
 fueron
 ratificadas
 la semana
 pasada.
 De
 igual forma 
el 
10
 de 
noviembre
 se
 solicitaron 
medidas 
cautelares 
ante 
la Comisión
 Estatal
 de
 Derechos 
Humanos de
 Oaxaca
 para
 salvaguardar
 la
 vida
 e
 integridad personal
 de
 Bettina
 Cruz
 Velazquez,
 Maribel
 González
 Pedro, 
Rodrigo 
Flores 
Peñaloza,
 Juan Regalado
 Martínez
 y 
Guadalupe 
Castellanos 
Ramírez, 
todos 
integrantes el
 Comité
 de Resistencia
 ante
 el
 Parque
 Eólico
 de
 Piedra
 Larga
 fase
 1,
 Unión
 Hidalgo,
 las
 cuales
 fueron otorgadas 
el
 11
 de 
noviembre
 del 
presente. Y
 el
 día
 8
 de
 noviembre
 el
 director
 de
 Demex
 en
 México,
 Fernando
 Ballester,
 categóricamente negó
 responsabilidad
 por 
ejercer 
“algún
 tipo 
de 
presión
 física 
o 
verbal 
sobre
 los 
habitantes 
y/o propietarios 
de 
la zona”.
 En
 vez
 de
 reconocer
 su
 responsabilidad,
 Ballester
 insinúo
 que “aspiraciones
 económicas”,
 y
 no
 violaciones
 de 
derechos 
humanos
 y
 del 
medio ambiente, fueran 
los 
motivos
 tras 
la 
organización 
comunitaria en 
Unión 
Hidalgo. Ante
 la
 escalada
 de
 violencia
 y
 amenazas
 contra
 las
 y
 los
 que
 reivindican
 los
 derechos humanos
 de
 los
 pueblos
 indígenas
 en
 el
 Istmo
 de
 Tehuantepec,
 los
 pequeños
 propietarios
 de Unión
 Hidalgo
 y
 las organizaciones
 de 
derechos 
humanos
 aquí
 representados 
exigimos 
al Gobierno
 del
 Estado
 de 
Oaxaca:

• Que
 cese
 la
 criminalización
 de
 la
 protesta
 social,
 incluyendo
 por
 parte
 de
 la
 policía
 estatal
 y
 otros servidores 
públicos. 
Desde
 luego 
lamentamos
 la 
pérdida
 de 
una 
vida 
y 
rechazamos categóricamente
 la
 violencia;
 sin
 embargo,
 Ventura
 Ordaz
 Santiago
 y
 sus
 golpeadores
 han acusado
 falsamente
 de
 la 
muerte
 al
 Sr.
 Regalado
 Martínez
 y
 al
 Sr.
 Rodrigo
 Flores
 Peñaloza
 de
 la
 Asamblea
 de
 los
 Pueblos
 Indígenas, 
a
 quienes 
deslindamos
 completamente
 de 
cualquier responsabilidad.
• Que
 la 
investigación 
sobre 
la 
muerte 
de 
Reynaldo
 Ordaz
 Velásquez 
sea 
a 
fondo 
e
 imparcial, 
y que
 los responsables
 sean 
procesados 
y
 castigados 
jurídicamente.
• Que
 se
 salvaguarde
 la
 integridad
 física
 y
 otorgue
 medidas
 preventivas
 para
 las
 y
 los
 defensores de
 derechos
humanos
 de 
Unión 
Hidalgo.
• Y
 que
 se
 entable
 el
 diálogo
 con
 las
 partes
 afectadas
 del
 proyecto
 Piedra
 Larga
 para
 poner
 fin
 a
 la violencia
 y
 para
 tratar
 las
 afectaciones
 ambientales
 y
 violaciones
 de
 derechos
 humanos
 como consecuencia 
de 
los 
contratos 
de 
arrendamiento.

Al 
Gobierno 
Federal 
le 
exigimos:

• Que 
la 
Secretaría 
de 
Energía
 intervenga 
como 
autoridad
 competente 
para 
revisar
las
condiciones en  las
 cuales 
se 
desarrollan
 los 
parques 
eólicos 
del 
Istmo
 de
Tehuantepec;
• Que
 la
 Comisión 
Federal 
de 
Electricidad
 revise 
los 
términos 
de 
la
 licitación 
pública 
otorgada 
a Demex,
 ya 
que 
incumple
 con 
múltiples 
condiciones, 
normas
 y 
mejores 
prácticas.
• Que
 los
 bancos 
estatales 
prestamistas 
a 
Renovalia 
Energy
–
Bancomext, 
Banobras‐Fonadin
y Nafinsa –
 exijan 
cuentas 
a 
la
 empresa
 española 
por 
sus 
prácticas 
de
 derechos
 humanos
 y 
del medio ambiente.

Y 
a 
las 
empresas
 privadas 
les 
exigimos:

• Que 
los 
tres 
bancos 
privados 
(Banco 
Espírito 
Santo 
de Portugal, 
y 
Santander 
y
 Caixa Bank
 de España)
 que
 también 
prestan 
a 
Renovalia 
revisen 
su
 cumplimiento 
con 
las 
normas
 en 
materia 
de 
empresas
 y derechos
 humanos
 de
 los 
Principios 
de
 Ecuador.
• Que
 Renovalia
 reconozca
 su
 incumplimiento
 con
 normas
 de
 derechos
 humanos
 internacionales,
 como
 ser
 responsable
 solidario
 de
 las
 violaciones
 cometidas
 por
 los
 vigilantes
 de
 seguridad contratados
 por
 Demex
 y
 la
 de
 publicar
 un
 código
 de
 conducta
 y
 adherirse
 a
 él
 para
 asegurar
 su cumplimiento 
con 
la 
ley 
mexicana. 
Finalmente, 
Renovalia
 debería
 reponer 
los
 daños
 causados.

Atentamente: El 
Centro
 de 
Derechos 
Humanos
 Miguel 
Agustín
 Pro
Juárez El 
Comité
 de 
Resistencia
 al 
Proyecto
 Eólico
 de
 Unión
 Hidalgo La
 Asamblea
 de los
 Pueblos
 Indígenas 
del 
Istmo 
de
 Tehuantepec 
en 
Defensa 
de
 la
 Tierra 
y 
el  Territorio El 
Proyecto 
de
 Derechos
 Económicos, 
Sociales 
y 
Culturales El 
Proyecto
 de 
Organización,
 Desarrollo , 
Educación
 e 
Investigación

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