Oaxaca, México.- La Asamblea General Comunitaria de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, que se encuentra en sesión permanente desde el día 31 de diciembre de 2011, reiteró  que  como una comunidad  que respeta las instituciones, el dialogo y los causes legales, ahor recurrira a organismo internacionales para denunciar a las autoridades electorales de etnocidio, al  violentar  el derecho  de los pueblos indígenas a elegir en libetad a sus autoridades municipales. Los hechos así lo demuestran  y  fácilmente se puede identificar que un reducido grupo de  60 habitantes de la Agencia  de Santa Catarina Xanaguia,  son quienes  han dado muestra de su belicosidad con  el cierre de la carretera a Miahuatlán, a la altura de Guixe; posteriormente con el bloqueo al Tribunal Estatal Electoral y la retención de su personal, mismo que  obligó a ese  órgano jurisdiccional a emitir una resolución bajo presión, revocando el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral que  había calificado la elección. Llamamos la atención de los medios  de comunicación para que contrasten la información que este minoritario grupo de inconformes genera en la capital y se trasladen  a esta comunidad para que constaten el sentir de los verdaderos habitantes de la cabecera municipal y sus Agencias; asimismo descalificamos las declaraciones de ese reducido grupo, quienes se ostentan como Agentes Municipales de las diversas Agencias,  lo cual es totalmente falso, pues ni Agentes ni habitantes de Santiago Lapagia y San Andrés Lóvene, ni mucho menos de la cabecera municipal participamos en ese tipo de acciones de presión que desde luego rechazamos; pues deben percatarse señores comunicadores que los portavoces de los supuestos  inconformes  son  Gonzalo Ramos Crispín  y Josías Ramos,  (tío y sobrino respectivamente, éste último ampliamente conocido por su cercanía y participación en los movimientos del desestabilizador Domingo García Mijangos), pero no se ha escuchado la inconformidad de algún otro Agente, que  respalde sus declaraciones. En este sentido, no caeremos en las provocaciones de este grupo beligerante, que ahora  exige la presencia del ejercito y la policía  en nuestro municipio, y  además  se inconforman  con un supuesto bloqueo que les impide el paso a su población, lo cual nos sorprende pues son precisamente ellos los que ponen en práctica el cierre de carreteras,   como lo hicieron los días 28 y 29  de diciembre de 2010, en la carretera Oaxaca- Puerto Ángel; y ahora exigen se les respete su derecho  de tránsito. Como lo hemos  señalado nos caracterizamos por seguir los cauces legales, en este tenor hacemos  del conocimiento de los Gobiernos estatal  y federal que las resoluciones de los Tribunales Electorales (estatal y federal-Sala Xalapa) violaron los principios de congruencia y exhaustividad que deben caracterizar las determinaciones de los jueces, y que la imposición de un administrador municipal por parte del Congreso del Estado, la denunciaremos ante  organismos internacionales,  por violación  al  Convenio  169 de la OIT, pues dichas determinaciones  trastocan nuestros usos  y costumbres, afectando el sistema de cargos que rige a nuestra comunidad, ya que fueron  resoluciones de escritorio que demuestran el total  desconocimiento  de esos órganos en la  organización interna de cada una de las comunidades indígenas,  y las consecuencias de  esas  resoluciones se traducen en un etnocidio, pues  están  exterminando  nuestras prácticas democráticas ancestrales. Hacemos un llamado a los Municipios que se vieron afectadas por esas  resoluciones que anularon nuestras asambleas comunitarias para crear un frente común y denunciemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  la violación al Convenio 169, pues  el exceso de formalidades que exigieron los tribunales electorales para tener por validas nuestras elecciones, demuestran su total desconocimiento de la realidad de los pueblos indígenas en el Estado de Oaxaca.