Adriana RAMOS/IGABE Oaxaca, México.- El presidente del Centro de Derechos Humanos en Apoyo a los Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Maurilio Santiago Reyes, informó que debido a la constante violación a los derechos humanos que existe en México, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia temática en Washington. Indicó que participarán cuatro organizaciones, una de ellas mixteca, el próximo 28 de marzo los representantes de la CIDH se reunirán con los dirigentes de CEDHAPI, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA), Consultoría Jurídica de los Pueblos Indígenas del Norte y el Departamento de Derechos Humanos de Chicago, quienes tendrán una audiencia temática sobre distintas problemáticas que existen. Expresó que como CEDHAPI, la participación que tendrán será lo relacionado con la conflictividad agraria y los derechos humanos en Oaxaca, y aún cuando no abordarán temas específicos ante los defensores en otras partes del país, si tocarán los casos de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y Santo Domingo Ixcatlán, por los conflictos agrarios que viven con San Sebastián Nopalera y Chalcatongo de Hidalgo respectivamente. Asimismo explicó que la CIDH convocó a tres reuniones de trabajo el 26 de abril, las cuales están relacionadas con los tres casos en los que la comisión ha emitido medidas cautelares: San Juan Copala, Ixcatlán y Zimatlán, en donde la exigencia principal de las personas afectadas es la seguridad e impartición de justicia, lo cual no han visto hasta el momento por parte del gobierno federal. “No hay una implementación debida de las medidas cautelares por parte del gobierno mexicano, específicamente la Secretaría de Gobernación y la Secretaria de Relaciones Exteriores, porque sólo hay un seguimiento del tema, pero no avanzan en cuestiones concretas, el tema especificó es la seguridad y justicia, pues no hay vigilancia acorde a las necesidades de cada comunidad que recurrió a la CIDH”, aseveró Santiago Reyes. Finalmente agregó que a las reuniones de trabajo del próximo 26, están invitados el gobierno estatal y federal, además de las personas involucradas, ya que la CIDH requirió conocer los avances en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares toda vez que las victimas reportan nulos avances.