Carolina Quezada Oaxaca, México.-  La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad A.C., invita a la presentación del documental “Expedientes”  en el marco de la discusión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a reconocer los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En este documental, se presenta una serie de casos de mujeres de Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí y Distrito Federal,  que han sido criminalizadas por las políticas estatales y federales que se niegan a reconocer al aborto como un problema de salud pública y no de un atentado contra la vida. Al respecto,  Ana María Hernández Cárdenas del colectivo Consorcio,  expone: La criminalización  de las mujeres ¿política pública para el bien común? Una de las repercusiones más preocupantes de la tipificación del aborto como delito es la criminalización de las mujeres. Uno de los ejemplos que da cuenta de la violencia institucional y de la falta de acceso a las garantías y protecciones judiciales de las mujeres es el estado de Guanajuato, donde 160 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto. 7 mujeres fueron presas por hechos de aborto y condenadas por el delito de homicidio en razón del parentesco y  sentenciadas con penas entre los 25 y 30 años de prisión. El 7 de septiembre fueron liberadas por la presión social, la movilización feminista y la extraordinaria labor de las compañeras de la organización local, Las Libres, pero estas mujeres no fueron consideradas inocentes. Como lo afirma el informe a la Relatora, de los expedientes se refleja que en sus procesos hubo claras violaciones al debido proceso ya que al momento de rendir sus declaraciones ministeriales no fueron asistidas por un defensor; fueron obligadas a declarar haber cometido dicho ilícito, siendo víctimas de intimidación, amenazas y coerción por parte de las autoridades responsables, y en dos de los casos las autoridades entraron a sus casa sin orden judicial escrita. En todos los casos se nota la criminalización de mujeres por ser mujeres, pobres, con poca educación y sin acceso a los servicios de salud, además de que en sus sentencias se reflejan estereotipos de género de los jueces que propiciaron una discriminación en el acceso a la justicia. En otros estados como Veracruz e Hidalgo se documentan casos similares de mujeres perseguidas, denunciadas por personal médico al asistir a los servicios de salud y de niñas que luego de sufrir violencia sexual son obligadas a continuar un embarazo forzado con el argumento de que su vida corre peligro con la interrupción de dicho embarazo. En pleno siglo XXI las políticas públicas convierten a las mujeres mexicanas en esclavas, como lo señala la SCJN “un embarazo forzado es una forma de esclavitud” La presentación del documentyal se llevará a cabo  este miércoles 28 de septiembre a las 19:00 horas en el Café Lobo Ázul ubicado en la calle de Armenta y López 120 en el Centro Histórico de la ciudad.