Lilia TORRENTERA G. Oaxaca, México.-  Es urgente  que el Congreso local, apruebe las reformas hechas a once artículos constitucionales en materia de derechos humanos ya que con ello, se permitiría sancionar  a  maestros y maestras por su negativa a otorgar el derecho a la educación a la niñez oaxaqueña  por paros y movilizaciones. Así lo expuso  el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), Heriberto Antonio García, expuso que entre las  principales quejas que recibe ese organismo,  destacan la negativa al derecho a la educación, la indebida prestación de servicios, la ausencia de maestros,  maltrato infantil físico, psicológico y hasta abuso sexual por parte de trabajadores de la educación. Indicó que tan solo en los primeros cinco meses del 2011,  se contabilizan 96 quejas contra funcionarios, principalmente de maestros y maestras del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO),. Por ello, urgió al poder legislativo a aprobar la reforma federal en el marco legal de derechos humanos para que todas esas disposiciones puedan ser aplicadas en el ámbito educativo pero también en el sistema  penitenciario, de administración de justicia para que las recomendaciones tengan carácter vinculatorio. El ombudsman oaxaqueño consideró que los actos reiterados como paro de labores escolares y movilizaciones de la Sección 22 que  atentan contra el derecho a la educación de la infancia y de terceros, son un acto claro de impunidad porque no se  aplican las sanciones administrativas correspondientes “pues hasta ahora, por desgracia no tenemos conocimiento de se haya sancionado al magisterio  por estas faltas”. Dijo que con la aprobación de las reformas en materia de derechos humanos por  e Congreso de Oaxaca, se podría a contribuir  a erradicar esta impunidad para que las autoridades educativas y judiciales apliquen las sanciones respectivas cuando se emita una recomendación. Antonio García aclaró que las y los trabajadores de la educación, de acuerdo a la Ley, son funcionarios públicos como el propio gobernador y por lo tanto son sujetos de la aplicación del marco legal cuando se cometa una violación a derechos humanos u otro tipo de delitos.