Oaxaca, México.- El Investigador Eduardo Román del Centro de Investigación y Docencia Económica, dio a conocer parte de las conclusiones de su estudio titulado “¿Democracia a cualquier precio? El suntuoso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Si la revista Forbes publicara un número especial sobre las instituciones electorales más ricas del mundo, seguramente encontraríamos en los primeros lugares –así como sucede con las personas físicas– a instituciones mexicanas. Lo anterior no puede ser motivo de orgullo en un país como el nuestro con altos niveles de pobreza, grandes brechas de desigualdad social y poco desarrollo educativo. Por lo tanto, cuando menos esto debe hacernos reflexionar si es necesario y correcto en términos de ética pública destinar tanto dinero a las instituciones electorales e invitarnos a estar atentos a la forma como se emplean dichos recursos. ·         Lo anterior, no debe entenderse como un cuestionamiento a la conveniencia de contar con este tipo de instituciones o como una forma de demeritar las contribuciones que dichas instituciones hayan podido realizar la transición democrática en México. Para nadie es desconocido que instituciones electorales federales como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido piezas claves para garantizar uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático: contar con procesos elecciones limpios y confiables. ·         No obstante, ni siquiera esas grandes contribuciones pueden servir como garantías de inmunidad al escrutinio público de estas instituciones. Mucho menos tratándose del análisis del presupuesto que reciben y de la forma como lo ejercen. El objetivo de este documento es precisamente hacer un ejercicio de escrutinio sobre la enorme cantidad de recursos que recibe una de estas instituciones, el TEPJF, y de la forma como lo gasta. ·         Este ejercicio no sólo pretende demostrar que la mexicana es una jurisdicción electoral muy cara. En la mayoría de los países comparados, salvo el caso de Brasil, nuestro TEPJF es mucho más costoso. Si bien desde el 2006 se puede apreciar una reducción significativa del costo promedio por asunto, lo cierto es que nuestro tribunal podría ser mucho más eficiente. Las áreas de oportunidad se encuentran principalmente  en el ámbito administrativo. Como veremos, la enorme cantidad de recursos que recibe el TEPJF no tiene que ver con sus cargas de trabajo, sino con los salarios y prestaciones de los funcionarios de alto nivel y un estructuras administrativas y gastos  que no son justificados para un órgano jurisdiccional y que más bien representan, en términos de ética pública, un mal uso de los recursos públicos.