Oaxaca, México.- El senador oaxaqueño, Heladio Ramírez López reconoció que los minifundistas, campesinos sin tierras y jornaleros agrícolas siguen siendo los grandes afrentados del campo mexicano, que claman por un Estado que entienda e impulse sus perspectivas de vida, trabajo y producción. Consideró que no solo se requiere una revisión y planteamiento de una nueva estrategia de las políticas públicas en la materia, sino un replanteamiento del modelo de desarrollo del campo mexicano. Durante la celebración del foro A 100 años del Plan de Ayala, aseguró que el problema de la tierra fue y es el móvil fundamental de la historia de la Nación. La economía campesina --subrayó-- es la que exige justicia, libertad y ley, como lo demandaba Emiliano Zapata, porque sigue padeciendo los rigores de la incomprensión de las “políticas públicas anticampesinas”. A su vez, el senador Francisco Herrera León, estimó que el Plan de Ayala tiene componentes importantes que aún siguen presentes, ya que es el antecedente de la constitución de instituciones como los Tribunales Agrarios, que incluso incluía el amparo agrario o la revocación de mandato, que no han perdido vigencia. En su opinión se debería generar una política real para la región sureste porque es el gran reservorio de la producción por su abundancia de tierra y de agua, ello en el contexto actual donde el problema principal es el cambio climático. Por su parte, Felipe Arturo Ávila Espinosa, investigador e historiador de México, explicó que con el Plan de Ayala nació una nueva época, donde los derechos sociales son reconocidos y forman parte de la vida cotidiana, al ser establecidos en instituciones y leyes. Sin el Plan de Ayala, la Revolución, el zapatismo, el Artículo 27 constitucional, y la reforma agraria, no habría campesinos con tierra en México, y “habrían desaparecido” porque los convertía en trabajadores agrícolas asalariados. En tanto, Eduardo Robledo Rincón, ex secretario de la Reforma Agraria, señaló que la estabilidad, gobernabilidad y desarrollo de México en el siglo XX se sustentaron en la reforma agraria y permitieron la construcción de un país predominantemente urbano, industrial y dotado de un importante sector de servicios. Afirmó, que la reforma agraria no logró el bienestar sostenido de la población y los individuos a los que llegó viven hoy en pobreza extrema. El debate legislativo sobre el campo ha sido escaso, y ha omitido considerar el problema central de que sin un auténtico desarrollo rural sostenible que combata la pobreza y el atraso no podrá haber en México un progreso económico y democrático, destacó. Por su parte, Jesús Anlen López, secretario general de acuerdos del Tribunal Superior Agrario, manifestó que los Tribunales Agrarios tuvieron su origen en el Plan de Ayala y en las reformas al Artículo 27 de la Constitución del 6 de enero de 1992. Con la promulgación de la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se dio vida a los órganos federales dotados de plena jurisdicción y de autonomía para dictar sentencias en materia agraria, añadió Son --abundó-- el testimonio del tránsito entre la sociedad rural y un colectivo de predominio urbano, el medio más racional del cambio es el derecho y el ejercicio de la ley. Finalmente, Iván Pliego Moreno, historiador y director de apoyo técnico en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, sostuvo que el Tribunal Agrario es una muestra del fracaso de la reforma agraria, porque fue hasta 1992 cuando se modificó la Constitución en el sentido del proyecto original del Artículo 27. En el foro también participó Augusto Gómez Villanueva, subdirector corporativo de Desarrollo Institucional de Financiera Rural.