Oaxaca. México. El texto de amenazas de muerte, que involucran a la familia de estos defensores, incluyendo a un pequeño de dos años, muestran que los agresores mantienen vigilancia y seguimiento puntual de las actividades de los integrantes de este comité. México es un país donde no existen condiciones de seguridad para realizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas considera que son defensores o defensoras cualquier persona o grupo de personas que promuevan los derechos humanos, sin importar los antecedentes profesionales que tengan, o si pertenecen o no a una organización de la sociedad civil. Tanto las y los defensores como los periodistas contribuyen con su trabajo a dar voz a aquellos que no la tienen, y a visibilizar los problemas de desigualdad, pobreza, discriminación e injusticia que existen en el país. Uno de los aspectos más graves a los que se enfrentan es la impunidad con la que actúan autoridades gubernamentales o personas privadas que los descalifican, hostigan, amenazan y agreden. En los cinco recientes años las agresiones contra ellos y los periodistas han escalado de manera alarmante, sin que el gobierno federal ni los gobiernos estatales y municipales den respuestas satisfactorias para garantizar el derecho a defender los derechos humanos. Tan sólo en meses pasados se han presentado agresiones lamentables, entre las que podemos citar las amenazas y el hostigamiento contra Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez, defensores de los derechos laborales del Colectivo Obreras Insumisas, del Valle de Tehuacán, Puebla; las amenazas de muerte a la señora Margarita Martínez Martínez y a Adolfo Guzmán Ordaz, defensores de los derechos humanos en el estado de Chiapas; y amenazas y hostigamiento en contra de las defensoras Bettina Cruz Velázquez y Maribel González en el estado de Oaxaca por la empresa Demex, a causa de su trabajo con la comunidad para defenderse de un proyecto eólico que violenta derechos de la población. En lo que va de este mes, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, de Oaxaca, sufrió el allanamiento de sus oficinas y el robo de su información, y los integrantes del Comité Cerezo México volvieron a recibir amenazas de muerte. El texto de amenazas de muerte, que involucran a la familia de estos defensores, incluyendo a un pequeño de dos años, muestran que los agresores mantienen vigilancia y seguimiento puntual de las actividades de los integrantes de este comité. Como en otros casos, los agresores buscan deslegitimar su trabajo, insinuando delitos que jamás cometieron y de los que ya fueron ampliamente exonerados. La organización, conformada entre otros por los hermanos Cerezo, cuenta en cambio con un trabajo de 10 años en el acompañamiento a movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. En este año capacitó a las comisiones de documentación de violaciones a los derechos humanos de dos espacios organizativos: la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia. También presentó en agosto el informe Saldos de la represión 2009-2010: una guerra contra el pueblo, en el que documenta las diversas estrategias de graves violaciones a los derechos humanos que lleva a cabo el Estado mexicano, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la prisión por motivos políticos y la paramilitarización del país. El trabajo de las y los defensores de derechos humanos muchas veces atenta también contra los intereses de ciertos grupos con poder económico, quienes al amparo de autoridades irresponsables, corruptas y negligentes los atacan. En julio de este año el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Luis Espinoza Rueda, calificó de «un peligro para Puebla» a Blanca Velázquez, directora del Centro de Atención al Trabajador, organización de derechos humanos dedicada a la capacitación, orientación y defensa de las y los trabajadores de Puebla y Tlaxcala. Afirmó además que «esta agrupación solamente busca desestabilizar a las empresas, sobre todo a aquellas de procedencia estadunidense». Entre algunas autoridades gubernamentales existe incluso la idea de que los criminales utilizan a los activistas para dañar la imagen de las instituciones, tal como lo declaró el secretario de Marina en julio de este año. Lo que por cierto motivó que las organizaciones civiles que formaban parte de la mesa de trabajo para la creación de un mecanismo de protección para defensores decidieran retirarse hasta obtener una disculpa pública. El Mecanismo de Protección para Defensores, que promueve el gobierno federal, surgió originalmente de la sociedad civil, pero ante la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en julio de este año, se apresuró a emitir un decreto para su creación, sin que se cumpliera con los criterios que las organizaciones consideraban indispensables: un presupuesto adecuado y la creación de una nueva instancia de coordinación con carácter vinculante, que pudiera obligar a la Federación, los estados y municipios a acatar y establecer medias de prevención y protección. Es claro que más allá del discurso, falta voluntad de las autoridades para tomar medidas que protejan a las y los defensores de las amenazas y agresiones que limitan o impiden su trabajo. Creemos que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural en el que detectamos la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la ausencia de investigaciones adecuadas, la corrupción y el desprecio de los gobiernos por los derechos humanos.