Oaxaca, México.- La Asamblea General Comunitaria de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, que se encuentra en sesión permanente desde el día 31 de diciembre de 2011, reiteró que como una comunidad que respeta las instituciones, el dialogo y los causes legales, ahor recurrira a organismo internacionales para denunciar a las autoridades electorales de etnocidio, al violentar el derecho de los pueblos indígenas a elegir en libetad a sus autoridades municipales.
Los hechos así lo demuestran y fácilmente se puede identificar que un reducido grupo de 60 habitantes de la Agencia de Santa Catarina Xanaguia, son quienes han dado muestra de su belicosidad con el cierre de la carretera a Miahuatlán, a la altura de Guixe; posteriormente con el bloqueo al Tribunal Estatal Electoral y la retención de su personal, mismo que obligó a ese órgano jurisdiccional a emitir una resolución bajo presión, revocando el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral que había calificado la elección.
Llamamos la atención de los medios de comunicación para que contrasten la información que este minoritario grupo de inconformes genera en la capital y se trasladen a esta comunidad para que constaten el sentir de los verdaderos habitantes de la cabecera municipal y sus Agencias; asimismo descalificamos las declaraciones de ese reducido grupo, quienes se ostentan como Agentes Municipales de las diversas Agencias, lo cual es totalmente falso, pues ni Agentes ni habitantes de Santiago Lapagia y San Andrés Lóvene, ni mucho menos de la cabecera municipal participamos en ese tipo de acciones de presión que desde luego rechazamos; pues deben percatarse señores comunicadores que los portavoces de los supuestos inconformes son Gonzalo Ramos Crispín y Josías Ramos, (tío y sobrino respectivamente, éste último ampliamente conocido por su cercanía y participación en los movimientos del desestabilizador Domingo García Mijangos), pero no se ha escuchado la inconformidad de algún otro Agente, que respalde sus declaraciones.
En este sentido, no caeremos en las provocaciones de este grupo beligerante, que ahora exige la presencia del ejercito y la policía en nuestro municipio, y además se inconforman con un supuesto bloqueo que les impide el paso a su población, lo cual nos sorprende pues son precisamente ellos los que ponen en práctica el cierre de carreteras, como lo hicieron los días 28 y 29 de diciembre de 2010, en la carretera Oaxaca- Puerto Ángel; y ahora exigen se les respete su derecho de tránsito.
Como lo hemos señalado nos caracterizamos por seguir los cauces legales, en este tenor hacemos del conocimiento de los Gobiernos estatal y federal que las resoluciones de los Tribunales Electorales (estatal y federal-Sala Xalapa) violaron los principios de congruencia y exhaustividad que deben caracterizar las determinaciones de los jueces, y que la imposición de un administrador municipal por parte del Congreso del Estado, la denunciaremos ante organismos internacionales, por violación al Convenio 169 de la OIT, pues dichas determinaciones trastocan nuestros usos y costumbres, afectando el sistema de cargos que rige a nuestra comunidad, ya que fueron resoluciones de escritorio que demuestran el total desconocimiento de esos órganos en la organización interna de cada una de las comunidades indígenas, y las consecuencias de esas resoluciones se traducen en un etnocidio, pues están exterminando nuestras prácticas democráticas ancestrales.
Hacemos un llamado a los Municipios que se vieron afectadas por esas resoluciones que anularon nuestras asambleas comunitarias para crear un frente común y denunciemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación al Convenio 169, pues el exceso de formalidades que exigieron los tribunales electorales para tener por validas nuestras elecciones, demuestran su total desconocimiento de la realidad de los pueblos indígenas en el Estado de Oaxaca.
