Persiste abuso irracional de recursos en instituciones públicas de México: CIDE

Oaxaca, México.- A pesar de la desigualdad y la recurrente limitación presupuestal que enfrenta nuestro país, las instituciones clave del Estado mexicano mantienen políticas de gasto irracionales, opacas e ineficientes. Investigadores de distintas disciplinas y de diversos centros de estudio, coordinados por Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, documentaron en la serie “El Uso y abuso de los recursos públicos” los dispendios y excesos presupuestales que se siguen registrando en el México del siglo XXI. En un esfuerzo para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), compiló durante 2011 siete trabajos de investigación, en los que se revisaron los detalles de la forma en que se ejerce el gasto público en instancias como la Cámara de Diputados, la oficina de la Presidencia de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública; asimismo, se abordaron políticas públicas sectoriales en materia de subsidios energéticos y medio ambiente. Los coordinadores de la serie expusieron que a pesar de los cambios políticos que ha enfrentado México, no se ha registrado un cambio en la forma en la que se concibe y ejerce el gasto público.  Señalaron que con mayor frecuencia de lo que todos los ciudadanos quisiéramos, los recursos públicos son utilizados discrecional e irresponsablemente para generar redes clientelares, hacer favores a los parientes y amigos o para eludir decisiones políticamente complicadas. Esta serie, que junto con los textos que se publicaron durante el 2010, será compilada en un volumen, tiene como objetivo nutrir el debate público para contribuir a impulsar un nuevo equilibrio en torno a la asignación y ejercicio del gasto. Todos los documentos de la serie están disponibles para su consulta en la página del CIDE (http://www.cide.edu/cuadernosdedebate.html) y  buscan evidenciar, en un lenguaje accesible a toda la población, los excesos que todavía se registran en el ejercicio del gasto público, propios de un sistema político que no tenía que rendir cuentas a la ciudadanía.  Los textos comparten tres características: 1) el enfoque comparativo ―ya sea con otros países o entre entidades federativas―; 2) la evolución en el tiempo del comportamiento del gasto, y 3) la identificación de problemas concretos que ejemplifican el tipo de abusos en el uso del presupuesto, “En el pasado reciente, los organismos públicos no tenían siquiera la obligación de publicar información sobre su presupuesto, sueldos o contratación de funcionarios. De ahí venimos. Por ello, resulta clave  romper las inercias e impulsar nuevas concepciones de lo que significan la asignación y el ejercicio del gasto público”, advierten Elizondo y Magaloni, investigadores del CIDE y autores del estudio “La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales”. En el texto, los autores resaltan la disparidad presupuestal entre los juzgados federales y estatales derivada de la desconfianza en las instancias locales, lo que ha provocado que se gaste mucho en una justicia federal más sólida y se ha abandonado a su suerte a los tribunales locales. Ello genera varias inequidades sociales: la gran mayoría de la población se queda atrapada en la mala justicia local y los pocos que tienen recursos para litigar tienen que pagar tres instancias para llegar a la jurisdicción federal a través del amparo y resolver su caso. Es decir, para muchos la justicia es inaccesible y para unos cuantos es muy costos en tiempo y dinero. Nadie gana en este equilibrio. Por su parte, el análisis “Cuánto y cómo gasta la Cámara de Diputados” de María Amparo Casar, investigadora del CIDE, destaca que los legisladores mexicanos cuentan con un salario muy por encima de sus pares en América Latina con un ingreso promedio de $218,449 mensuales. Esto sin contar con las actividades privadas remuneradas que los legisladores son libres de desempeñar y que, a diferencia de otros países, no tienen la obligación de reportar. Señala además que la Cámara de Diputados cumple con periodos de trabajo muy cortos, un número excesivo de comisiones con alto rezago en sus labores y sin indicadores de desempeño, una baja tasa de aprobación legislativa y niveles ínfimos de contacto y cercanía con los electores. “Sorprendentemente, el propio Congreso ha sido menos escrupuloso cuando se trata de su propia casa. Tanto que puede decirse que en casa del herrero azadón de palo. La información disponible hace muy difícil saber cómo y en qué se gasta el presupuesto del Poder Legislativo y, en particular, de la Cámara de Diputados”, lamenta Casar. En tanto, el estudio “La Presidencia de la República: Un apartado que no conoce la crisis”, de las investigadoras Edna Jaime y Eréndira Avendaño, directora general e investigadora de México Evalúa, concluye que la estructura del personal asignado a esta  oficina  parece excesiva al compararla con sus pares internacionales  mientras que en un contexto de pluralidad política, se hace cada vez más necesario contar con un cuerpo técnico que además apoye al Presidente como un órgano capaz de generar interlocución y acuerdos con otros actores políticos. “La oficina presidencial presenta una debilidad institucional para impulsar la agenda gubernamental debido a que su estructura es altamente dependiente del sistema político, de factores coyunturales y de las directrices que defina el Presidente en turno”, advierten. Otro de los análisis se dedicó a revisar el ejercicio de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente de la Policía Federal. En éste, el profesor del CIDE, Marcelo Bergman, y el consultor independiente en temas de seguridad, Arturo Arango, concluyen que el gasto de esta Secretaria ha sido el de mayor crecimiento entre todas las instancias ligadas a la seguridad en los últimos años, sin que esto se haya traducido en una reducción de la violencia y la criminalidad. Mientras que en el estudio “¿Democracia a cualquier precio? El suntuoso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, el profesor investigador de la Universidad de Monterrey, Eduardo Román, destaca que en los 15 años que lleva funcionando, el TEPJF prácticamente cuadruplicó su presupuesto, al pasar de 548 millones de pesos en 1997 a mil 941 millones de pesos en 2011, sin que esto obedezca a la resolución de un mayor número de impugnaciones. Más bien, apunta el autor, el tribunal se ha convertido en institución suntuaria por los altos salarios de sus funcionarios y magistrados, sus prestaciones excesivas y sus viajes al extranjero. En la segunda etapa de la serie se incluyeron dos investigaciones sobre el impacto negativo de los subsidios y su alto costo en las finanzas públicas. Por un lado, el consultor Gabriel Quadri, director asociado de SIGEA y Enerclima, advirtió sobre el incentivo perverso que representan los subsidios y la afectación que provocan al medio ambiente, al promover prácticas depredatorias de los ecosistemas; en tanto que en el análisis “¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?”, el investigador del CIDE, John Scott, alerta sobre el perfil regresivo del gasto destinado a subsidiar los costos de los combustibles –principalmente gasolina y electricidad- con lo cual se pervierte la idea de ayudar a la población más pobre del país, y por el contrario, se alienta el uso indiscriminado de los recursos energéticos. Esta segunda entrega complementa la primera serie, publicada en el 2010, la cual puso de manifiesto que en México imperan los excesos en el gasto público que ejercen organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el texto  (“¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?” por los autores Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal Electoral (IFE), al igual que autoridades encargadas de la procuración de justicia, de la administración de la renta petrolera y los municipios. Esta segunda entrega complementa la primera serie, publicada en 2010, bajo los siguientes títulos: “Reflexiones para crear un fondo soberano en México: ¿Cómo asegurar la participación de las futuras generaciones del patrimonio petrolero?”, por el economista Jorge Chávez Presa; “¿Cuestan demasiado las elecciones en México? El Instituto Federal Electoral en perspectiva” por Marco A. Mena, consultor independiente en asuntos públicos;  "Nuestros caros defensores de los derechos humanos: El caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” de los investigadores del CIDE y coordinadores del proyecto, Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo; “¿Qué tan bien gastan las procuradurías estatales los recursos públicos? por Marcelo Bergman, profesor investigador del CIDE y Fernando Gabriel Cafferata, catedrático de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina; “El Municipio: ¿La institución de la opacidad?” de los autores Juan Pardinas y Emilio Granados , investigadores del IMCO y, finalmente, el texto “¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?” por Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo. Los coordinadores de la serie, Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, reiteraron la necesidad de fomentar un diálogo público bien documentado en torno a la asignación de los recursos y la implementación de indicadores de desempeño que permitan saber a la ciudadanía si el dinero público se gasta de forma eficiente y transparente. “Necesitamos pasar de una realidad política, en donde el dinero público se maneja como si perteneciera a quien ejerce el gasto, a una en donde se conciba que ese dinero pertenece a los ciudadanos quienes saben cómo se gasta y se le rinden cuentas sobre la eficacia en el uso de estos recursos”, concluyeron.