Bárbara GARCÍA C.
Oaxaca, México.- Los días pasados los tres niveles gobierno en México y específicamente en Oaxaca han mostrado su peor cara, la más inepta, cínica e ineficiente.
El autoritarismo se revela hasta en las acciones que pretenden aparecer como referentes de rectitud y firmeza. Un Estado que viola sistemáticamente nuestros derechos humanos, argumentando políticas fuera del derecho y la razón, es un Estado autoritario.
El término autoritarismo, según quienes lo definen en las estructuras modernas de Estado, señalan que existen modalidades sui generis de ejercicio de la autoridad en las relaciones socio-políticas, en la cuales algunos de sus gobernantes, conducidos por la irracionalidad, la falta de interés hacia la búsqueda de consensos y carencia de fundamentos deontológicos en sus decisiones, provoca una alteración en el orden social y su accionar que desemboca en el resquebrajamiento del Estado de Derecho, en el cual prima la opresión y la ausencia de libertad.
Las consecuencias negativas de esta modalidad de poder, por supuesto, las sufrirá la parte del grupo social que obviamente no comulgue con el orden falto de apertura que promueve la otra parte.
La imposición autoritaria y por demás ineficaz de la guerra interior entre el Estado mexicano y el narcotráfico resulta, sin duda, la más aberrable expresión de autoritarismo, considerando que implica acciones que violentan nuestros derechos individuales y difusos a una vida en paz y con oportunidades, sin contar con las múltiples violaciones a nuestros derechos humanos que tendría que garantizarnos el Estado, como el de seguridad, certeza jurídica, libertad de expresión y tránsito.
La crisis alimentaria que padece México -en el sureste ya es per se- y de especial atención en algunos estados del norte agravada por la sequía de más de un año, ha alertado más a los medios de comunicación que a los gobiernos que impróvidos y desfachatados no alcanzan a entender que es su obligación proveer los medios que aseguren los derechos alimentarios de la población.
Una vez más la ciudadanía tiene que hacer malabares, llamada por los poderosos monopolios que aprovechan la tragedias humanas en su beneficio. Un gobierno incapaz de resolver la hambruna en un sector de su población, mientras los partidos políticos recibirán 5 mil 292 millones 486 mil 351 pesos para las elecciones. Seguramente coincidiremos en que es autoritarismo.
Desde el año pasado y lo que llevamos de enero del 2012, la población no encuentra equilibrio entre lo que pasa a su alrededor y la información oficial respecto de la recurrencia y gravedad de la influenza –del tipo que sea-, la mayoría de personas están adscritas a esa denigrante institución llamada “Seguro popular” que requiere al paciente sangrando y muriendo para atenderlo en las salas de urgencias; si no es así, tendrá que ir por una ficha a las 6 de la mañana –aunque tengas neumonía- para que pases a consulta, donde serás atendido por personal médico malencarado y de grosero trato –como no, si les pagan tres pesos y deben atender a más 20 pacientes al día-, dirán que la medicina específica no la tienen y harán una receta que la mayoría no podrá comprar. La falta de información y la ineptitud que pone en riesgo la salud de un pueblo y la vida de uno sólo de sus habitantes es autoritarismo.
Mientras tanto, en Oaxaca estamos llegando a 200 casos de influenza nociva y mortal, un número superior a la mayoría de los estados de la república. Sin embargo, las autoridades sanitarias afirman que no hay que alarmarnos, que todavía faltan más muertes y que es normal que la gente se muera. No hay alarma si una niña o niño se ve enfermo de gripa y no se cura solo, bueno pues que acuda al viacrucis del seguro popular. Eso es autoritarismo.
La Comisión Federal de Electricidad ha aumentado hasta 500 por ciento el cobro de la luz en el último año, lo que implica una violación más a los derechos económicos y sociales de las y los usuarios, sobre todo cuando se trata de zonas muy pobres como es el caso de Oaxaca, concretamente en Santa María Xadani, municipio istmeño, donde se utilizaron camionetas de la CFE custodiadas por elementos de la Policía estatal para realizar cortes de energía eléctrica porque los habitantes no han cubierto sus pagos respectivos. Esto es autoritarismo.
La permanencia de grupos paramilitares en la región triqui, reconocida por el gobierno oaxaqueño y la inacción política, promueven la impunidad criminal que tiene azorados a propios y extraños en los caminos y municipios en conflicto.
Si bien es cierto que es un problema añejo y muy complicado, el gobernador Cué debió haber sido mucho más cuidadoso en el evento que realizó frente a representantes de la ONU y de los grupos políticos triquis, donde sin definir estrategias de acción de resguardo, declaró que están dadas las condiciones para el regreso de triquis a Copala. Por fin se desocupaban las puertas de su palacio de gobierno.
De manera totalmente irresponsable, apelando a la generosidad y buena voluntad de las autoridades triquis dio el banderazo de salida… ¿será que los principios amorosos ya permean en el ánimo del gobernador? Por supuesto que el desconocimiento de la ley, la falta de pericia política y de autoridad democrática ha metido en camisa de once varas a sus operadores políticos que se tiran al suelo para detener el peregrinaje del regreso masivo de triquis –que la mayoría son mujeres, niñas y niños- que corren tremendo riesgo, porque no han desactivado o al menos eso dicen, a los grupos paramilitares apostados en el camino.
El desconocimiento de la ley, la impunidad e ineficacia en el ejercicio público, también es autoritarismo.
La insuficiente y errónea gestión jurídica que el gobierno de Oaxaca viene realizando en el litigio de controversia ante la Suprema Corte de Justicia por el caso chimalapas y límites territoriales es una afrenta a los intereses oaxaqueños que debería revisarse a fondo y no salir con la batea de babas de Gabino Cué, pidiendo a las y los ministros sean generosos… y resuelvan a favor ¿sabrá el gobernador que la Corte decide con la ley en la mano y no con bondades aligeradas a petición de parte? También la ignorancia se traduce en autoritarismo.
Una de las expresiones más comunes del autoritarismo es la cooptación selectiva de organizaciones y movimientos ciudadanos para distraer las verdaderas luchas sociales, pretendiendo disfrazar de democracia participativa, los errores, desaciertos, actos u omisiones de la autoridad, y aún más cuando la cooptación se da descaradamente sobre personas que desarrollan una actividad social importante y son utilizadas para legitimar gobiernos y gobernantes en el ejercicio de poder, obsequiándoles privilegios como camionetas blindadas y guaruras a defensores de derechos humanos, comprando dignidades con el poder sobrante. Después la simulación se completa con reconocimientos que el propio gobierno les ofrece desde instancias a su merced, como a veces resulta el Congreso del Estado. ¡Qué lástima!
Del ayuntamiento de la capital habría que mencionar que se encuentra fuera de la ley sin ningún recato -que para eso son autoridad- el cabildo que está a la merced del pequeño dictador Ugartechea, sólo se agacha a su paso y sirven de comparsa para argumentar aumentos desproporcionados de impuestos y derechos, para luego vestirse de redentores y en sesión mandatar que lo que el Cabildo autorizó ahora lo desautoriza, porque ven por el bien de Oaxaca y ya se dieron cuente que estaban abusando de su autoridad. Esto es incerteza jurídica, abuso de poder e ilegalidad, por lo tanto es autoritarismo.
¿Y qué nos queda a la ciudadanía para auto defendernos? Tal vez debemos empezar por conspirar.
Argumentemos, comuniquémonos accionemos, contra las expresiones autoritarias del Estado-Gobierno que limitan o anulan nuestras libertades y violentan nuestros derechos. Pongámonos de acuerdo y realicemos acciones u omitamos conductas que nos denigren o atenten contra nuestra integridad y dignidad.
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