Anayeli García Martínez/CIMAC
Oaxaca, México.- La Fundación del Consejo General del la Abogacía Española criticó que pese al alto número de agresiones que enfrentan cotidianamente las y los Defensores de Derechos Humanos en México aún no exista un protocolo que investigue este tipo de amenazas.
En entrevista con esta agencia, el abogado José María Prat Sabat, representante de la Fundación –con sede en Madrid, España– afirmó que es urgente y necesario impulsar un protocolo de investigación que dé seguimiento a las amenazas y agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos.
Prat Sabat explicó que su visita a México –que inició el 1 de marzo y concluyó ayer– tuvo el objetivo de impulsar la adopción de un protocolo de investigación en Guerrero, entidad donde hay 107 defensores con medidas de protección otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009.
Con el objetivo verificar la implementación de las medidas de protección adoptadas en favor de Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca violada por soldados en 2002 y los 107 activistas, en 2010 una delegación de la Fundación estuvo en México a solicitud de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En ese momento la organización hizo una serie de recomendaciones para el protocolo, sin embargo, Prat Sabat adelantó que hasta ahora no han visto avances sustanciales en la materia, “nuestro trabajo está hecho, ahora falta que el gobierno de Guerrero lo apruebe, independientemente de que la federación también está trabajando un protocolo muy parecido a este”, indicó.
Cabe desatacar que el 7 de julio de 2011, el gobierno federal a través de la Segob publicó las bases para crear un mecanismo de protección para activistas, no obstante el mecanismo aún no está listo pese a que las agrupaciones ya presentaron una propuesta.
En este escenario, las Relatorías sobre la situación de defensoras y defensores de la ONU y de la CIDH han documentado la grave situación, por su parte el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) contabilizó 69 casos de agresiones de enero a diciembre de 2011.
Al observar estos datos, Prat Sabat, expresó: “Yo pienso que es un problema de mentalidad de la gente –y explica- la gente tiene que estar mentalizada que las y los defensores son importantísimas en este país, como en cualquier otro, y quizás más aquí porque se han vulnerado muchos derechos”.
El abogado español señaló que constató el problema luego de trabajar de cerca dos casos mexicanos en la CoIDH, el caso de violación sexual de Inés Fernández Ortega y el caso de feminicidio de Campo Algodonero; “por tanto vemos lo que está pasando con los defensores de Derechos Humanos”, afirmó.
Prat Sabat mencionó que la situación de las y los activistas es preocupante y criticó que se hable del tema y no se implementen medidas de acción urgente. “Se habla de protocolo, se habla siempre, pero de momento el protocolo no esta aprobado”, sostuvo.
Durante su estancia en México, los representantes de la Fundación visitaron al defensor Maximino García Catarino, quien se encuentra preso desde el 21 de enero de 2012 en el Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres, Guerrero, acusado de un delito que sus abogados sostienen, no cometió.
Además de Prat Sabat, José Javier García Oliver, abogado del Colegio de Abogados de Baleares y María Macarena Eseverri Aznar, abogada del Colegio de Abogados de Pamplona, también presentaron su apoyo a Maximino, también beneficiado por las medidas de la CoIDH.