Familares de Betty Cariño y Jery Jaakkolan piden seis meses de investigación

Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- A más de dos años del asesinato de los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, en abril de 2012, los abogados de la familia anunciaron que pedirán que la investigación se extienda seis meses a fin de recopilar pruebas luego de que se emitieran órdenes de aprehensión contra varios de los presuntos responsables. En conferencia de prensa, las familias de ambos defensores informaron que a más de dos años del ataque a la caravana humanitaria que se dirigía al municipio de San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril de 2010, se han librado varias órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a través de la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social, logró las primeras órdenes de aprehensión contra varios de los autores del asesinato de los defensores de Derechos Humanos (DH) la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola. Sin embargo los abogados que coadyuvan en el caso, Karla Micheel Salas y David Peña, informaron que por cuestiones de seguridad no darán los nombres ni el número de implicados, pero adelantaron que pedirán que el periodo de investigación se extienda seis meses a fin de ofrecer más pruebas. Ante esto Salas explicó que la finalidad de extender el periodo de indagaciones es tener tiempo para aportar más pruebas que ayuden a esclarecer este asesinato, y lograr que las autoridades reconozcan que también hubo un intento de homicidio contra el resto de los integrantes de la caravana. El 27 abril de 2010 una caravana integrada por más de 40 defensores de DH y dos reporteros de la revista Contralínea Érika Ramírez y David Cilia; se dirigía a llevar víveres rumbo a la comunidad autónoma de San Juan Copala, municipio de Juxtlahuaca, cuando fue emboscada por un grupo de paramilitares que se disputan la zona. Es de recordar que en la región triqui de esta entidad persiste el conflicto entre grupos de caciques, incluso el 29 de mayo de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó nuevas medidas cautelares a favor de 76 indígenas de las comunidades cercanas. Los abogados recodaron que la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) pero en un año de investigación no logró avances por lo que pidieron que el expediente se regresara a las autoridades locales, donde sí hubo resultados. Agregaron que si bien las órdenes de aprehensión liberadas el pasado 27 de septiembre por el delito de homicidio calificado son un avance a favor de los activistas, aún es necesario que el gobierno federal y estatal implementen el Mecanismo de protección para defensores en  riesgo. En la rueda de prensa participó Omar Esparza, esposo de Bety Cariño; y Eve Jaakkola madre de Jyri Jaakkola, quien desde Tampere, Finlandia, confió en que se logre justicia en este caso, lo que podría sentar precedentes en otras investigaciones. Los abogados explicaron que de ser necesario presentarán una acusación formal ante las autoridades de Finlandia para que investiguen a los autores intelectuales de este asesinato, entre ellos a el ex gobernador Ulises Ruiz. En este contexto se da la visita de las eurodiputadas del Parlamento Europeo Ska Keller y Satu Hassi, quienes estarán en Oaxaca a partir del 3 de octubre para pedir la seguridad de los testigos, que se ejecuten las órdenes de aprehensión y que el Tribunal de Justicia valore todas las pruebas antes de dictar sentencia. Las eurodiputadas que visitan México se reunirán con el gobernador Gabino Cué para recopilar información y expresar sus preocupaciones en torno a la impunidad en que ha permanecido el asesinato de la activista mexicana y el defensor finlandés. También sostendrán un encuentro con la comisionada de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Eréndira Cruz Villegas y con el procurador General de Justicia estatal, Jesús López. Este es el tercer año que las parlamentarias europeas visitan México para constatar la  grave situación humanitaria que prevalece en Oaxaca, su primera visita fue en 2010 tras el asesinato de los activistas y hasta ahora los encuentros con los funcionarios no han dado grandes resultados.