Pedro Matías se presenta ante Comisión legislativa de DDHH

Oaxaca, México.- Eloaxaqueño Pedro Matías, quien desde hace más de dos décadas desempeña el trabajo periodístico, se presentó ante la Comisión legislativa de Derechos Humanos para dar a conocer su propuesta e impulsar la Defensoría Especializada en la Protección de la Libertad de Expresión.   A continuación la presentación textual del periodista. Diputada Marlene Aldeco, diputados Flavio Sosa, Pavel López, Max Vargas y Carlos Martínez, buenas tardes.       Señores y señoras, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, gracias por estar aquí.       Quiero decirles que yo no soy abogado ni soy académico y mucho menos político, pero 25 años de ejercicio periodístico me han permitido la oportunidad de conocer gran parte del territorio de Oaxaca, conocer su radiografía y me ha permitido palpar la pobreza, la injusticia y la impunidad insultantes.       En un cuarto de siglo, los campos de Oaxaca se han teñido de sangre y ningún gobernante, desde Jesús Martínez Álvarez pasando por Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz Ortiz hasta Gabino Cué, se ha escapado de masacres que han generado la condena no solo local y nacional sino hasta de la comunidad internacional.       En esas administraciones fueron asesinadas 454 personas por cuestiones políticas, sociales o agrarias.       Estadísticas oficiales revelan que en 1986 cuando Jesús Martínez Álvarez gobernó y en el sexenio de Heladio Ramírez se cometieron 96 asesinatos políticos.       En el periodo de Diódoro Carrasco se registraron 87 homicidios por la misma índole; en la administración de José Murat Casab se documentaron 82; mientras que con Ulises Ruiz Ortiz se llegaron a 108 crímenes políticos, y en lo que va de la presente administración ya se han cometido 90.       Algo escandaloso e inédito en el régimen de Ulises Ruiz fue el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares en beneficio de mil 264 personas, entre periodistas, defensores de derechos humanos e indígenas mixtecos, zapotecos y triquis.       Un caso emblemático de lo que representa la lucha por el respeto a los derechos humanos es el de Estela García Ramírez al haber logrado que el Estado mexicano reconociera su culpabilidad en la ejecución extrajudicial del indígena zapoteco, Celerino Jiménez Almaraz, perpetrada por la entonces Policía Judicial de Oaxaca, en el sexenio de Diódoro Carrasco.       Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano, representado por las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como por el gobernador Gabino Cué, aceptaron la responsabilidad por la negativa de justicia.       Hay que recordar que en agosto de 1996, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió violentamente en el estado de Oaxaca, razón por la que el gobierno de Diódoro Carrasco instrumentó una estrategia contrainsurgente en la región de los Loxichas, considerada el bastión del grupo guerrillero.       Durante la madrugada del 24 de abril de 1997, un comando de más de 50 agentes encapuchados de la Policía Judicial allanó violentamente el domicilio de Celerino, ubicado en la comunidad de Santa María Jalatengo, perteneciente al municipio de San Mateo Río Hondo, y 14 años después el Estado mexicano reconoce su culpabilidad.       Considero que si matar a una persona es un delito grave, es doblemente criminal dejar morir a la gente que vive en extrema pobreza y matar sus esperanzas de justicia y de tener una vida digna por la omisión de los gobierno sin importar las siglas, colores, ideología y religión porque lo importante es la gente.       Aunada a esta impunidad debe sumársele el alto número de feminicidios, las negligencias médicas, la falta de servicios educativos de calidad, y la muerte materno-infantil, entre otros problemas que violan los derechos a la salud, a la educación, a una vida digna y a la participación política, entre otros.           Ahora, quiero referirme a otro derecho fundamental de la sociedad y que está ligado directamente con el gremio periodístico:       El derecho a tener una sociedad informada y el derecho a la libertad de expresión.       Para ello, quiero referir la “Declaración de Chapultepec”, resultado de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en México, en marzo de 1994, donde se aprobaron 10 principios fundamentales que fueron suscritos por la UNESCO, la OEA y la Sociedad Interamericana de Prensa.       Entre esos principios sobresalen el punto número 1 que dice: “No hay personas ni sociedad libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades: es un derecho inalienable del pueblo.       Otros puntos importantes señalan que:       *Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.       *El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.       *Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminación o favores en razón de lo que escriban o digan.       *Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.       Así las cosas, el gran reto de la transición de Oaxaca en materia de medios de comunicación es construir una nueva institucionalidad  de la relación  medios-poder.       Sabemos que el periodismo es una profesión que se desarrolla en condiciones adversas, como la falta de garantías y las condiciones adecuadas para el ejercicio de su profesión y aunque esto corresponde a las empresas, el Estado como tal debe garantizar su pleno ejercicio, pues los datos de agresiones contra periodistas son escalofriantes.       La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 74 asesinatos en los últimos 11 años, además de 12 desapariciones y 18 ataques contra de instalaciones de medios de comunicación.       Y otro dato bastante preocupante es que Oaxaca está entre los cinco primeros lugares en agresiones, según la organización internacional Artículo 19.       Retomando la exposición de motivos que creó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es necesario tener presente siempre que una sociedad en la que los derechos humanos no se respeten y se defiendan con eficacia no puede concebirse como un auténtico estado democrático.       Por ello, ahora que se crea la Defensoría como un nuevo organismo autónomo y ciudadanizado, deseo participar en el Consejo para vigilar que se respeten los derechos humanos.       Y para lograrlo, tengo una propuesta específica, como parte de las facultades de quienes integren el Consejo que es el de establecer las políticas y criterios generales de actuación de la Defensoría.       La propuesta consiste en impulsar la creación de la Defensoría Especializada en la Protección de la Libertad de Expresión, porque el papel de los gobiernos no ha sido el esperado debido a que ha instaurado instancias inútiles que no resuelven esta problemática o actúan de manera inadecuada.       A través de esta defensoría especializada se busca instalar un verdadero mecanismo de protección, seguimiento y acompañamiento a periodistas agredidos.       En conclusión debemos tener presente siempre que “No hay personas ni sociedad libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades: es un derecho inalienable del pueblo”, especialmente ahora que los derechos humanos se han elevado a rango constitucional.