Munícipes, cómplices de fraude en Cajas de Ahorro

Mario Enrique Herrera Carrasco* Oaxaca, México.- Solo 13 de más de 190 responsables de ilícitos cometidos contra defraudados de Cajas de Ahorro, se encuentran procesados en Tribunales de la entidad, dos de ellos con libertad condicionada. [caption id="attachment_71268" align="alignleft" width="300" caption="."][/caption] Se estima que en Oaxaca el resto de las directivas de cada cooperativa irregular conformada por un Presidente, un Secretario y un Tesorero sigue libre, aunque el número de delincuentes puede ser mayor, se trata de una perfecta Organización Delictiva; La PGJE solo tiene conocimiento de fraudes cometidos por 63 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) de las más de 300 que se encuentran establecidas de manera irregular en el estado. Captación indebida de recursos públicos y retención de ahorros son el origen de estas prácticas ya comunes para el ahorrador; al no devolver el ahorro en tiempo y forma conforme al documento firmado con la SOCAP se causa un detrimento en su patrimonio y mediante un efecto domino se genera afectación de la totalidad de socios ahorradores de una comunidad, así la cifra crece hasta llegar hoy en día a más de 5.2 mmp, tan solo en Oaxaca. Gran número de las actuales Cajas de Ahorro carece de documentos que acrediten su legal constitución por ello son consideradas como irregulares, motivo por el cual en estricto apego a derecho al no contar por lo menos con el Acta Constitutiva de la empresa para operar como Sociedad Cooperativa, justo sería que la Autoridad Municipal no otorgara permiso de apertura, o bien, cerrara sin mayor trámite los locales que ya operan en el lugar haciéndose pasar por empresas de Ahorro y Préstamo, sin serlo. Cualquiera sabe que si una empresa privada que pretenda captar recursos públicos, si carece de una legal constitución, es síntoma de un engaño al público consumidor, más tratándose de una simulación para recibir dinero bajo la figura de Ahorro Popular. La Autoridad Municipal, es responsable solidaria de esta práctica ilícita, al no llevar al cabo su tarea de control en cuanto a la proliferación de establecimientos mercantiles dedicados a la captación de recursos públicos. Las Cajas de Ahorro se encuentran perfectamente auspiciadas y autorizadas por los mismos Gobiernos Municipales en la mayoría de los casos, para operar bajo el similar de Ahorro, Préstamo e Inversión, si contar con el acta constitutiva de su establecimiento ni los permisos municipales y estatales. Si los Ayuntamientos Municipales o Autoridades Comunitarias (usos y costumbres), ayudaran al ahorrador de su comunidad a prevenir el delito y no autorizaran la apertura de un local comercial que se pretenda hacer pasar como Caja de Ahorro careciendo de documentación idónea como Sociedad Cooperativa, la situación sería distinta, no habría tantos fraudes en Oaxaca. Por supuesto que la obligación de Vigilancia y Supervisión respecto de la operación y el manejo de la sociedad ya es tarea de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que ante la falta de una dependencia exclusiva del sector actúa de manera emergente la CONDUSEF, pero lo relativo a la apertura de un establecimiento es responsabilidad directa de la Municipal y de nadie más. Se olvida la Autoridad Municipal que una de sus funciones constitucionales es la de conservar el Estado de Derecho en su localidad, por tanto le corresponde exigir la legal constitución de cada empresa en su Municipio, y si no la tiene entonces no debe concederse permiso de apertura, con ello logra la prevención del delito. Un padrón con los datos de quienes constituyen cada Sociedad Cooperativa facilitaría en adelante la situación jurídica en materia de Ahorro y Préstamo, todos debemos hacer la tarea, al Gobierno Estatal le corresponde implementar políticas públicas en estrecha relación con la CNBV, lograr un Registro Estatal de Ahorradores (REA) que enlazado con la información que  hagan llegar los Municipalidades y autoridades comunitarias mantendría un exacto control sobre cooperativas. El REA debe contener el dato preciso por cada SOCAP, de socios, captación, prestamos y garantías de Ley para Ahorradores, nombre de sus directivos y ubicación de los mismos, para que en caso de apreciarse alguna irregularidad se actúe de manera inmediata ante la CNBV, imponiendo medidas necesarias y preventivas de manera conjunta entre el Estado y el Municipio. La realidad es que la Autoridad Municipal llevará a cabo estas tareas bajo el pretexto siempre, de que esa actividad le corresponde a la CNBV y que hasta en tanto no se actúe en consecuencia, los ediles del estado no lo harán; la justificante siempre será que no se encuentra dentro de su esfera jurídica, ya que es de carácter Federal y no local. Por simple analogía jurídica sabemos que si una empresa no exhibe documentación idónea respecto de su constitución al momento de solicitar apertura se tratará obviamente de una empresa apócrifa. Si una Caja de Ahorro estuviera constituida legalmente con independencia de contar o no con la autorización para captar recursos por parte de la CNBV, el socio ahorrador tuviera por lo menos identificados los generales de las personas que integran la mesa directiva de esa caja, pero como la autoridad municipal no se toma la molestia de pedirlos antes de la apertura, entonces el ahorrador cuando es victima de fraude, carece de esa información y en consecuencia no sabe a quien denunciar y cuando lo sabe, desconoce donde localizarlo, porque a la única persona con la que ha tenido contacto es con la cajera, por ello la confusión del responsable del delito. La mayoría de Presidentes Municipales del estado solapan y protegen a los directivos de la caja de ahorro, y se escudan en su trillada justificante que es competencia del Federal, para permitir que una SOCAP actúe al margen de la Ley. Las obligaciones fiscales y municipales a favor de la comunidad, por el uso de suelo, permiso de apertura y derechos que deriven de esa Caja de Ahorro para con el municipio, pasan a segundo término. Aportaciones para fiestas patronales del pueblo, campañas políticas Municipales, compra de materiales a favor del Ayuntamiento, favores personales entre Municipales y directivos, prevalecen en el cooperativismo actual en Oaxaca y otros estados, todo lo que se pueda ofrecer para conseguir el permiso de apertura es valido para comenzar el gran negocio estafador, apoderarse de los ahorros que con mucho esfuerzo ha reunido el socio cautivo y pasado el tiempo, desaparecer sin dejar rastro alguno, esa es la constante. Lo que no han reflexionado las Autoridades Municipales, es que el dinero que reciben como gratificación es de remesas extranjeras de los familiares del ahorrador, es del esfuerzo de años de un campesino o del salón de clases de la escuela que decidieron guardarlo como ahorro para utilizarlo en la graduación de los alumnos, no le pertenece a la cooperativa, es parte de la cooperativa; es dinero del socio ahorrador y no a la administración de la Caja de Ahorros, esta es la triste historia del cooperativismo en México. A costa del engaño que se ejerce en el ahorrador, los bolsillos de los empresarios cooperativistas crecen, haciendo creer que el dinero es de su propiedad y con ello tienen facultades para destinarlo a fines personales, lo cual es una mentira; el cooperativismo significa ayuda mutua entre miembros de una misma comunidad, con la intención de crecer como ser humano, como comunidad y como Estado, lejos estamos todavía de ello. De continuar esta tendencia sin que los Gobiernos de los 3 niveles emitan un apolítica emergente preventiva de manera conjunta, el problema se antoja mayor tomando en consideración que actualmente no existe legislación alguna que impida la apertura de empresas de Ahorro Popular sin documentos, ya que tienen hasta el 31 de diciembre de esta año, para operar bajo el amparo protector de la CNBV denominado prorroga condicionada con ello, a las irregulares, les quedan poco más de 6 meses de libre actuación en perjuicio de miles y miles de ahorradores de buena fe. Solo un Bando Municipal avalado por los Ejecutivos Estatal y Federal podría prevenirlo.