Oscar VALDIVIESO
Oaxaca, México.- La Sección 22 rechazó las respuestas oficiales a su pliego petitorio -que se niega a dar a conocer públicamente- y en asamblea estatal, acordó iniciar un paro indefinido de labores afectando a un millón 300 mil estudiantes.
Con total opacidad y en complicidad con el gobierno estatal, la dirigencia del a Sección 22, como todos los años, simuló una asamblea “democrática” cuando ya se tenía decidido la suspensión de clases.
Sin que hasta el momento se conozca tanto por el magisterio como por el gobierno, las “demandas” exigidas de la dirigencia de la Sección 22, que según tracendió costara al erario público, en total opacidad unos 20 millones de pesos.
Y es que el magisterio, exige que el gobierno de Gabino Cué y de Felipe Calderón, les entregue, violentando la ley, la cantidad de 10 millones de pesos para “implementar” su Plan para la Transformación de la Educación, hecho a modo para no ser evaluados y principalmente para aplicar programas sin rendir cuentas.
Tampoco la dirigencia magisterial quiere que la sociedad se entere, que entre su pliego petitorio están privilegios económicos para que se pague a burócratas y maestros que apenas trabajan , bonos, becas a sus hijos hasta nivel profesional, se cubran gastos para las celebraciones del Día del Maestro, de la Madre, de Muertos, Navidad, Año Nuevo, Día del Árbol del Tule, en las que se incluye entrega de electrodomésticos, y días hábiles laborales que suman hasta diez cada dos meses.
El democrático magisterio menos quiere que salga a la luz pública los “arreglos” en lo oscurito con el gobierno de Gabino Cué como el pago de: gasolina para vehículos particulares de comisionados y dirigentes; de teléfonos celulares, en los que se incluyes familiares, amigas y amigos; de comidas, cenas, desayunos; del mantenimiento de oficinas, con pago de luz, teléfono, agua y cambio semestral de equipos de computo.
Para que los 70 mil maestros y maestros , obtenga todas esta prebendas, no beneficios de justicia laboral, iniciarán el lunes 21 de mayo un paro indefinido de labores con acciones que violentan el estado del derecho, pero que sin embargo, quedan impunes por la incapacidad gubernamental para frenar el abuso de la mafia magisterial.