Oaxaca, México.- El Secretario de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Albino González, sostuvo que ante los rezagos históricos que enfrenta Oaxaca en materia de pobreza, resulta indispensable poner en marcha políticas públicas que ataquen las causas y no sólo los síntomas o impacto que provocan.
Al participar en la Semana Académica y Deportiva de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca (UABJO), subrayó que la política de desarrollo y bienestar social para ser integral debe distinguir con precisión, por un lado, las causas de la pobreza y la desigualdad y, por otro, sus manifestaciones.
En su ponencia, suscribió lo descrito por el CONEVAL, en el sentido de que “se han confundido las causas y los síntomas de la pobreza, con lo cual una buena parte de los programas sociales de superación de la pobreza, atacan principalmente lo segundo “.
Ante la presencia del rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes, la Directora de la Escuela de Economía, Araceli Escobar Méndez, así como la comunidad estudiantil, el titular de la SEDESOH, precisó que desde esta perspectiva, “la hipótesis fundamental de mi ponencia, considera que no es suficiente con atender las manifestaciones de la pobreza sino fundamentalmente a sus causas, particularmente aquellas que impiden a la población contar con empleo e ingresos remuneradores”.
Reconoció que Oaxaca, enfrenta un gran reto en materia de Desarrollo Social, al ubicarse en los últimos lugares en indicadores sociales y económicos, como es ocupar el sitio 32 de población en viviendas con piso de tierra, sin drenaje, y sin electricidad; en el lugar 31, en cuanto al rezago educativo; en población en viviendas sin acceso al agua; mortalidad infantil y mortalidad materna.
Asimismo, describió la entidad también está ubicada en el lugar 29 del acceso a la salud y el lugar 25 en cuanto al acceso a alimentación.
En su análisis, comentó que la Política Social se aprecia como el conjunto de normas e instituciones, programas y recursos públicos destinados a mejorar las condiciones de bienestar de la población. Constituye una herramienta a través de la cual cada sociedad promueve, protege y ejerce los derechos sociales y fundamenta la ciudadanía social de sus miembros.
Históricamente, agregó, se ha demostrado que el desarrollo social como proceso de promoción del bienestar no puede ser dejado a las libres fuerzas del mercado, por el contrario siempre ha requerido de la participación del Estado, particularmente en las etapas de crisis económica, a través de una política social activa que promueve, protege y permite el ejercicio de los derechos sociales de la ciudadanía.
Por ello, se pronunció por el fortalecimiento y mejor coordinación de las acciones del estado, entendido éste en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), sobre la base de la democratización de dichas acciones, la transparencia en los procesos de toma de decisiones, la rendición de cuentas y la mejora en la calidad de la representación política.
Para lo cual, puntualizó, se requiere de políticas públicas que reconozcan y enfrenten las asimetrías existentes en la sociedad, la inequidad distributiva y la injusta desigualdad de oportunidades, con el objeto de eliminarlas, porque es importante señalar que en nuestro estado a pesar de nuestro enorme potencial y de la vasta riqueza natural.
En este Gobierno, dijo, además del impulso de políticas sociales universales que benefician a todos los ciudadanos, promovemos políticas de focalización para identificar grupos de población beneficiaria de programas y acciones destinadas a satisfacer necesidades básicas.
Expuso que como parte de este esfuerzo, “la Estrategia Bienestar constituye la base la construcción de un Sistema de Protección Social, y que abarca en la actualidad al menos trece programas con un presupuesto de un mil cuatrocientos nueve millones de pesos y una población atendida de más de un millón cuatrocientos mil habitantes”.
Por otro lado, abundó, se complementa con la Estrategia de Desarrollo Microrregional, la cual busca atender a las causas estructurales de la pobreza,” trabajamos focalmente con los 172 municipios de mayor marginación y rezago, y menor desarrollo humano, los que agrupamos en 25 microrregiones de atención prioritaria, donde se articulan otros 100 municipios”.
En ese marco, informó que para esa Estrategia se mantiene una inversión etiquetada y creciente para los programas dirigidos a grupos vulnerables, “de ahí la importancia que la inversión actual de 1,409 millones de pesos se conserve al menos en términos reales durante los próximos cuatro años”.
En tanto, que para las 25 Microrregiones será necesario mantener un piso de inversión estimada en 2 mil millones de pesos, orientados a la infraestructura de comunicaciones (circuitos microrregionales); infraestructura social (conclusión de hospitales, plantas de tratamiento y escuelas); e infraestructura productiva (para la generación de empleo e ingresos), señaló.
Finalmente concluyó que es indispensable aprovechar espacios que dispone la Ley de Planeación del Estado, “en particular el establecimiento de comisiones intersectoriales para la atención de las actividades de planeación estatal que fomenten la concurrencia de los tres órdenes de gobierno (con sus respectivos recursos) para convenir con los actores sociales la ruta del desarrollo a la que aspiramos”.