Citlali LÓPEZ/CIMAC Oaxaca, México.- El caso de “Antonia” refleja la triple injusticia sobre las mujeres jóvenes indígenas: ella fue violada, quedó embarazada, y por la lejanía, así como por las carencias humanas y materiales en la agencia del Ministerio Público (MP), el embarazo no pudo ser interrumpido. “Antonia” vive en una ranchería enclavada la sierra mixe del estado de Oaxaca. Sólo habla su lengua materna. Durante el trayecto de un paraje a otro la joven fue sorprendida por su agresor. Por la falta de información y la afectación sicológica, pasaron poco más de dos meses antes de que “Antonia” se decidiera a denunciarlo, primero a sus padres y después ante las autoridades con la compañía de un grupo de asesoras comunitarias de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. El primer obstáculo fue la falta de dinero para viajar desde su comunidad hasta la agencia del MP más cercana, ubicada a cuatro horas de distancia. Al llegar, le pidieron volver al siguiente día porque el agente del MP estaba “de comisión”. Después el obstáculo fue la falta de un traductor y de hojas de papel para tomar la declaración y conformar los siete juegos de la denuncia. Para cuando Antonia pudo volver, el tiempo que marca la ley para practicar un aborto legal por violación, ya había expirado. En 2011 la subprocuraduría de Atención a Delitos Por Razón de Género conoció ocho casos de violación que resultaron en embarazos no deseados. De estos, se presentaron cuatro solicitudes de aborto, sólo dos se autorizaron. Un caso fue rechazado porque ya estaba fuera de las semanas de gestación (tres meses contados a partir de la violación) y el otro porque ponía en riesgo la vida de la mujer. En 2012, de los seis casos de embarazo por violación denunciados, en ninguno hubo solicitud de interrupción, precisó Iliana Araceli Hernández Gómez, subprocuradora de Atención a Delitos por Razón de Género. Según la funcionaria, ninguna solicitud corresponde a mujeres de comunidades indígenas. El caso de “Antonia” nunca llegó. El protocolo de atención establece que el primer paso es la denuncia, y luego el MP está obligado a brindar la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE). Si la mujer ya se sabe embarazada en ese momento, el MP tiene 72 horas para pronunciarse sobre la solicitud a partir de las valoraciones médicas y psicológicas que confirmen un embarazo por violación. Luego la solicitud se canaliza a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) para determinar la edad gestacional del producto. La respuesta de los SSO tiene que darse en menos de 24 horas para que el MP autorice el aborto legal. INCAPACIDAD INSTITUCIONAL Ana María Hernández, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, sostuvo que el bajo número de solicitudes de aborto legal tiene que ver con la incapacidad institucional para intervenir en la problemática, pues muchos de los casos no llegan o se quedan en el camino. A nivel nacional Oaxaca ocupa los primeros lugares por el delito de violación. En 2011 se denunciaron 586 delitos sexuales, de los cuales 195 fueron por violación. De enero al 31 agosto de este año, se presentaron 373 denuncias por delitos sexuales, 118 por  violación. El 90 por ciento de las denuncias fueron interpuestas en la región de los Valles Centrales, donde están los municipios con mayor urbanización y ubicados a menos de una hora de la capital del estado. Por rango de edad de las víctimas, el delito se concentra entre las mujeres de 11 a 20 años. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reporta que sólo una de cada 10 mujeres víctimas de violación denuncia. Consorcio para el Diálogo Parlamentario estima que arriba del 10 por ciento de las violaciones termina en un embarazo no deseado. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sólo cuenta con 394 agentes del MP, 170 secretarios ministeriales y 132 agencias ministeriales, para cubrir 570 municipios, sus agencias y rancherías. SIN DERECHO A DECIDIR El bajo número de casos conocidos por la subprocuraduría no significa que el delito sea de baja incidencia, “habla de una falta de capacidad para captar esas mujeres que están en riesgo. La infraestructura y las instancias de procuración de justicia resultan insuficientes”, señaló Hernández. El aborto, expuso, es un tema de democracia y de justicia. Las mujeres son tratadas como menores de edad. Su cuerpo es tutelado por los servicios de salud, el juez, el marido y los padres. “Las mujeres no tienen el gobierno de su propio cuerpo”, alertó. Los obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo  (ILE) mantienen en riesgo a las mujeres, sobre todo a las jóvenes de comunidades indígenas y rurales, abundó la activista. Explicó que al no encontrar otra opción, ellas recurren a “remedios” que ponen en peligro su vida, como la colocación de frijoles en la vagina para que la germinación estimule la dilatación del cérvix, o la provocación de caídas. Es un tema de injusticia porque quienes más se exponen son las mujeres pobres, indígenas y jóvenes. “Ése es el tema por el cual planteamos la despenalización del aborto, para que deje de ser un delito, las mujeres no se sientan perseguidas y recurran de manera directa a los servicios de salud”, apuntó Ana María Hernández. En Oaxaca, el 1 de agosto de 2010 se aprobó la reforma en materia penal para establecer el derecho de la mujer para recibir información de manera veraz, objetiva y oportuna para que pueda tomar de manera libre la decisión de terminar un embarazo en caso de haber sido víctima de violación. El 28 de septiembre se conmemora el “Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito”. La fecha busca recordar a los gobiernos latinoamericanos que 6 mil mujeres mueren al año por complicaciones de abortos. El aborto legal podría prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo.