Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- El pasado 1 de diciembre Patricia, de apenas 17 años, llegó cerca de las siete de la mañana a la Cámara de Diputados. Estaba sola. Aún a sabiendas del cerco policial al recinto legislativo, la joven decidió ejercer su derecho a manifestarse contra la llegada a la Presidencia del priista Enrique Peña Nieto. La mañana transcurrió entre consignas cuando de pronto la confusión se apoderó de los alrededores de San Lázaro. Se desataron enfrentamientos con la policía y varios jóvenes fueron agredidos. La estudiante de Contabilidad en la Vocacional 14 se encontró a otros adolescentes. En medio del caos, proyectiles y gases lacrimógenos todos corrieron. Patricia saltó unas vallas. “Los chavos con los que estaba me ayudaron. Llegamos a una calle aledaña y corrimos”, relata a Cimacnoticias. Sin embargo, al calmarse las protestas la joven decidió regresar a las cercanías de la Cámara baja. Ahí sus compañeros fueron detenidos y golpeados por policías. Tuvo suerte. A ella no le hicieron nada. Con miedo, la adolescente regresó a su casa. Perdió su celular y en casa no tenía acceso a internet para comunicarse con sus conocidos. Fue hasta esta mañana cuando sus amigos se enteraron de que Patricia estaba bien. La joven es integrante del Frente Nacional contra la Imposición. La tarde del sábado sus amigas y amigos desconocían su paradero por lo que difundieron su nombre y denunciaron una posible desaparición. “Cuando empezaron las agresiones me dio miedo porque nunca había estado en un movimiento tan agresivo”, cuenta. “Sí necesitamos algo más radical, pero no así. No sé como lo tomaron (las autoridades). Hubo golpes, hubo agresiones”, narra. Tras la elección presidencial en julio pasado, Patricia estuvo en el plantón en las afueras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para repudiar lo que muchas y muchos jóvenes calificaron como “imposición”. La joven sostiene que pese a la represión que vivió y por la cual aún permanece asustada, ella no dejará de militar como ciudadana consciente. ABUSO POLICIAL Tras los hechos violentos del sábado pasado en San Lázaro y el Centro Histórico 102 jóvenes fueron detenidos, 21 eran mujeres. Ayer lunes, de las detenidas nueve fueron liberadas, según información de agrupaciones civiles. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya consignó a 69 personas, 12 mujeres y 57 hombres. A las mujeres se les acusa de “ataques a la paz pública”, delito que según el Código Penal del DF se castiga con una pena de 5 a 30 años de prisión. Las jóvenes consignadas, en su mayoría estudiantes universitarias, son Diana Aragón Rocha; Mariana Fernanda Contreras Herrera; Guadalupe Coutiño Escobar; Daniela García Vázquez; Judith Gómez Contreras; María de Rosas Jiménez Cruz; Mariana Muñiz Nieto; Rita Emilia Nen Moctezuma; Jessica Viviana Reyna Camargo; Claudia Ivette Trejo Gómez; Angélica Zepeda Patlani, y Regina López Martínez. Organizaciones humanitarias como el Comité Cerezo y los Centros de Derechos Humanos Zeferino Ladirellero, Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, aseguran que las detenidas no participaron en los disturbios, e incluso que hubo mujeres que sólo observaban cuando fueron aprehendidas por la policía. Jesús Robles Maloof, quien representa a Mariana Muñiz Nieto de 23 años –quien permanece detenida– y a la profesora de la UNAM María Guadalupe Castillo, de 53 años, y a su hija de 19 años, Fernanda Preciado Nieto –quienes ya fueron liberadas–, sostiene que ellas fueron detenidas pese a que no cometieron ningún delito. Un ejemplo de la arbitrariedad policiaca es la detención de Regina López Martínez, quien –según el testimonio de sus amigos– es una estudiante de fotografía que ese sábado fue a desayunar al Centro Histórico. Ella estaba en la calle de Filomeno Mata cuando se percató de la movilización. Al ver que pasaban jóvenes que se manifestaban contra la toma de protesta de Peña Nieto, la mujer de 31 años decidió acercarse a tomar fotografías cuando de repente un grupo de granaderos la detuvo. Ahora Regina está recluida en Santa Martha. De las jóvenes que lograron obtener su libertad por falta de pruebas hasta ahora sólo Ana Lilia Cancino denunció ante los medios de comunicación ser víctima de abusos policiacos. Según lo narrado a la prensa, Ana Lilia participó en la protesta pero no cometió ningún acto vandálico y no obstante fue vejada por los elementos de seguridad, quienes le tocaron los senos y sus genitales, mientras los transeúntes le tomaban fotografías. “Estaban subiendo a la gente (a los camiones de granaderos) cuando yo me acerqué. Un policía me dijo: ‘¿Qué ves, puta? ¿Quieres meterte?’. Y yo vi (cómo subían) a mi novio y a mi amiga, y (el policía) me agarró de cabello”, narró la joven a la prensa. En mayo de 2006, durante un operativo policiaco en San Salvador Atenco, Estado de México, decenas de mujeres sufrieron violaciones y abuso sexual por parte de policías federales y estatales. La impunidad en el caso llegó ante instancias internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.