EDUCA Oaxaca, México.- Este jueves,  el Gobierno del Estado de Oaxaca asumió la responsabilidad por los daños causados a víctimas de violaciones a Derechos Humanos durante los años 2006 y 2007, documentadas por la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Informe de la Suprema Corte de Justicia la Nación sobre el Caso Oaxaca, entre otros documentos.   [caption id="attachment_170495" align="alignright" width="300" caption="Foto: Ismael Rivera de la Olla"][/caption] Desde el ámbito de los derechos humanos, fuimos testigos de la práctica generalizada de violaciones graves a los derechos fundamentales por parte de autoridades federales y estatales frente a las demandas legítimas del movimiento social que pugnaba por la democratización en el Estado de Oaxaca. Ocurrieron hechos que vulneraron el derecho a la vida, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad personal y juridica, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la paz y el derecho a la información, hechos realizados por autoridades federales y estatales que fueron documentados plenamente por la CNDH y la SCJN.   Es importante reconocer que las víctimas han sufrido daños irreparables como producto de las graves violaciones de los derechos humanos, y que estas violaciones han afectado también a sus familias y personas cercanas. Las víctimas han sufrido también un proceso de estigmatización que, aunado a las secuelas físicas y psicológicas de las violaciones de sus derechos humanos, han dificultado su reintegración a la sociedad.   Por ello, el gobierno local reconoce públicamente la inocencia de las personas que fueron arbitrariamente detenidas en este periodo, redignifica la memoria de los caídos y sus familias, y firma un Acuerdo que crea el Plan Integral de Reparación del Daño que contempla medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos que se irán definiendo, implementando, revisando y evaluando, y contaran con la participación de las víctimas.   En vista de lo anterior, consideramos que este acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado de Oaxaca contribuye a la redignificación de las víctimas y a su reintegración a la sociedad, así como a un proceso de reconstrucción del tejido social que sólo será posible si está basado en la verdad y la justicia.   Insistimos que la justicia será siempre una premisa irrenunciable y que desde luego es parte fundamental del Plan integral de reparaciones, exigimos que en el menor tiempo posible las investigaciones que realiza la Fiscalía en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, rinda frutos y pueda establecer la responsabilidad penal de los responsables de los hechos sucedidos en el 2006 y 2007 en el Estado. Este es un paso necesario para romper con el pasado autoritario y pugnar por una transición democrática desde un marco de justicia transicional, en miras a la reconstrucción del tejido social y la reconciliación de los diversos sectores de la sociedad.  

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación.