CENCOS Oaxaca, México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las recientes amenazas de muerte que forzaron la salida temporal del Padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos humanos de los migrantes en México, quien es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 23 de abril de 2010, pero que no fue protegido en forma efectiva por el Estado. La información disponible indica que el Padre Solalinde, coordinador de la Pastoral Social de la Movilidad Humana de Tehuantepec, Oaxaca y fundador del Albergue del Migrante Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, recibió seis amenazas de muerte en los dos últimos meses por sus labores relativas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México. El 16 de mayo de 2012, el Padre Solalinde salió de México con el objeto de resguardar su vida e integridad y mientras se esclarecen sus condiciones de seguridad. En 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad del Padre Alejandro Solalinde, David Álvarez, Areli Palomo, Mario Calderón, Norma Araceli Doblado y quienes trabajan o se encuentran en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino, tras haber sido objeto de actos de intimidación, y que en febrero de 2010, el Padre Solalinde habría sido detenido y encañonado por policías federales al concurrir a la Fiscalía del Estado de Oaxaca en el contexto de investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes. La Comisión Interamericana considera de suma gravedad que el Estado de México no haya adoptado medidas de protección efectivas para prevenir que el Padre Solalinde se viese forzado a salir del país, sobretodo, teniendo en cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas por la CIDH y las amenazas y hostigamientos que le afectan a él y al personal que trabaja en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino.   La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio estas amenazas y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En este sentido, la CIDH urge al Estado a adoptar de forma inmediata medidas efectivas de protección a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los beneficiarios de estas medidas cautelares, así como de los migrantes en tránsito por México que se encuentran en una situación de riesgo. Asimismo, la CIDH urge al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para que el Padre Alejandro Solalinde pueda regresar al país y continuar desarrollando sus tareas de defensa de los derechos de los migrantes de manera segura. El Comisionado Felipe González, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Migrantes expresó que "durante la visita de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes a México en julio y agosto de 2011, la delegación de la CIDH tuvo oportunidad de ver la labor central que realizan el Padre Solalinde y el personal del Albergue Hermanos el Camino en la defensa de los derechos humanos de miles de migrantes.   En aquel momento ya eran beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y aún así persistían las amenazas y actos de hostigamiento en contra del Padre Solalinde, los cuales según nos han informado se han recrudecido hasta el punto de forzar su salida del país. Esta situación tiene un impacto directo en la protección de los derechos de los migrantes que llegan a este albergue, así como también, un efecto amedrentador sobre otros y otras defensores de los derechos humanos de los migrantes en México.   Es de importancia categórica que México adopte e implemente todas las medidas que sean necesarias para garantizar condiciones de seguridad para los migrantes que se encuentren en una situación de riesgo, así como para que los y las defensoras de derechos humanos puedan continuar su trabajo, y, en particular, para que el Padre Solalinde pueda regresar y continuar sus labores". En las Observaciones Preliminares hechas por la Relatoría de la CIDH sobre Derechos de los Migrantes tras finalizar su visita a México en 2011, la Relatoría destacó "la importante labor que realizan organizaciones de la sociedad civil y personas individuales, al proveer albergue, alimentos, agua potable y otros servicios a los migrantes que transitan por el territorio mexicano.   Los albergues proveen seguridad, alimentación e información a miles de personas que transitan todos los años por México. Estas personas y organizaciones cumplen una función social de gran valor, donde el Estado ha estado ausente durante muchos años." De igual manera, la Relatoría consideró que es "sumamente importante el trabajo desempeñado por defensoras y defensores de los derechos humanos de los migrantes, quienes a pesar de los riesgos que esto implica continúan con su labor", y en dicho sentido recomendó al Estado de México "garantizar condiciones de seguridad para las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes". Tal como ha sido reiterado por la Comisión en su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.   La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. La Comisión Interamericana recuerda al Estado su obligación de ofrecer la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

  Washington, D.C. - 22 de mayo de 2012