Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- Más de la mitad de las leyes electorales de los 32 estados del país no respetan, garantizan, protegen ni promueven plenamente los derechos político-electorales de las mexicanas, e incluso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) está atrasado en la materia. Esta es la conclusión del proyecto “Construyendo reglas para la igualdad de género en derechos políticos y electorales”, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y por los investigadores Marta Subiñas, Sandra Serrano, Blanca Olivia Peña, Rodrigo Salazar y Juan Carlos Arjona. La investigación, también auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ONU Mujeres, revela que Guanajuato, Nayarit y Nuevo León son las entidades más atrasadas. Como parte del ciclo de conferencias que organiza Flacso para dar a conocer sus investigaciones, ayer se presentaron los resultados de este proyecto que analizó la normatividad electoral a nivel local, federal e internacional para identificar los problemas normativos que impiden o dificultan la participación política de las mujeres. Los investigadores encontraron que en materia de cuotas de género hay una diversidad normativa en cada estado, que los tribunales electorales locales no han aprovechado sus facultades para garantizar su cumplimiento, y que hay pocos actores institucionales y ciudadanos interesados en el tema. Una vez con este diagnóstico, las y los autores del proyecto elaboraron un índice de armonización legislativa, a partir de las normas electorales vigentes, a fin de contar con un indicador (que va del 0 al 1) que dé cuenta de qué tanto se garantiza el derecho de las mujeres a participar en cargos de elección popular. ESTADOS REZAGADOS De acuerdo con este índice, Guanajuato, Nayarit y Nuevo León están en 0, mientras que el más avanzado es San Luis Potosí que se encuentra en 0.7178, y aunque no llega al 1 el indicador muestra que es el estado con las normas más garantistas en materia de derechos político-electorales de las mujeres. El Cofipe se encuentra en una escala de 0.5659, es decir, a la mitad del indicador, lo que a decir de las y los investigadores refleja que no es la mejor norma para garantizar la participación política de las mexicanas. En este análisis de la normatividad local se encontró que no todos los estados cuentan con una cuota de género en diputaciones y ayuntamientos, ni con los mismos mecanismos de excepción; aunado a ello faltan sanciones para los partidos que incumplen las cuotas. Ante este escenario, las y los especialistas se centraron en cuatro entidades (Yucatán, Puebla, Sinaloa y Nuevo León) para acercarse a militantes de los partidos, integrantes del Poder Legislativo y la ciudadanía interesada en el tema a fin de proponer una reforma a su Código Electoral local. El objetivo –se resalta en el estudio– es hacer de las cuotas de género una oportunidad real para asegurar que más mujeres sean postuladas a cargos de elección popular, principalmente a diputaciones, por ello en próximos días se publicará el informe y una serie de recomendaciones para reformar el Cofipe.