La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca condenó las amenazas de muerte que han recibido Alba Cruz Ramos y Reyna Rivera, defensoras de derechos humanos en el estado.   A través de un pronunciamiento público, exigieron al gobierno del estado que de manera inmediata ordene medidas de protección que garanticen de la integridad de las dos mujeres y sus familias.   “Repudiamos el incrementado de ataques a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el estado de Oaxaca. Ello muestra la indiferencia del Gobierno del Estado de garantizar el derecho a defender derechos humanos”, señalaron. Las amenazas de muerte contra las dos activistas, según relataron, ocurrieron el pasado 13 de abril cuando recibieron un mensaje de texto a sus respectivos teléfonos celulares donde fueron amenazas de muerte. Ambos mensajes, señalaron, provenían del mismo número y tienen como marco las diversas actividades en defensa de los derechos laborales y acciones solidarias con diversos activistas.   La asociación civil afirmó que en el caso de la abogada Alba Cruz de la organización Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixta, el mensaje tienen estrecha relación con una serie de amenazas de muerte, seguimiento y acoso al que ha sido sometida desde 2007, y por lo cual es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde ese año.   “No obstante y a pesar de contar con medidas cautelares, Alba Cruz sufrió el pasado 30 de marzo el intento de embestida a su vehículo por una camioneta gris doble cabina con placas del Distrito Federal con tres sujetos a bordo, quienes huyeron a toda velocidad al percatarse de que la defensora intentaba tomar una foto”, sostuvieron.   Por otra parte, informaron que Reyna Rivera es defensora y esposa del sindicalista, ex preso político y víctima de tortura Marcelino Coache, quien en el último medio año ha enfrentado diversos actos de hostigamiento laboral y una campaña de desprestigio en su contra por su activa participación en el movimiento social en Oaxaca. “El mensaje de amenaza”, apuntaron, “que ella recibió entro a su celular unos minutos después del que recibido la abogada Cruz Ramos quién, cabe destacar, es la representante legal del señor Coache”. Reyna Rivera y Marcelino Coache también cuentan con medidas cautelares por parte de la CIDH desde mayo del 2009.