Oaxaca, México.- Con la administración del Gobierno anterior no hay ningún trato ni acuerdo político, debido a que el Gobierno del Estado no tiene facultad de perdonar delitos, porque no es juez, afirmó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López, ante la presunción de la revocación de ordenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la pasada administración.
[caption id="attachment_77379" align="alignright" width="255" caption="Miguel Ángel Ortega Habib, su encarcelamiento en manos de Cué Monteagudo"]
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El criterio de un Juez de Distrito, fue en el sentido de que se subsane un requisito por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por ello en observancia a dicho criterio, se cumplirá en términos de ley.
El Juez – explicó el Procurador de Justicia- emitió un criterio donde establece que las querellas, al tratarse del delito de peculado, deben ser presentadas por el Director Jurídico de la Contraloría y no por la Secretaria titular de la misma, por lo que el proceso lo repondrá la parte indicada y el tramité seguirá su curso, el cual es finalmente la aplicación de la ley.
El amparo otorgado por el Juez de Distrito brinda ahora al Gobierno del Estado -específicamente a la Contraloría- la oportunidad de revisar todos sus trámites en la materia, y en este sentido, la instancia conoce ahora el procedimiento riguroso para fincar responsabilidades al concluir un proceso de auditoría. “Hablamos de las que están en curso y las que seguirán”, afirmó.
El Procurador del Estado señaló que este hecho no representa cosa juzgada, y una vez subsanado el requisito por parte de la Contraloría, la instancia volverá a presentar la querella ante la PGJE, pues se está en presencia de aspectos de forma y no de fondo, lo cual además insistió, permitirá a dicha Secretaría fortalecer las diversas auditorias que actualmente tiene en curso.