Oaxaca, México.- Oaganizaciones  civiles,  dieron a conocer este jueves  el  Diagóstico sobre Agresiones a Defensores y Defensoras Comunitarias y el lamentable papel que ha jugado la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)  cuyo titular se ha dedicado a resaltar efemerides además de tener una inherente ilegalidad por su servilismo al Gobierno estatal.   A continuación  los puntos principales de dicho diagnóstico 1. En Oaxaca existe una combinación de factores que agravan las condiciones de trabajo de las y los defensores comunitarios. La tensión social existente en el estado, los conflictos agrarios y políticos, el deterioro del tejido social, la marginación y pobreza, configuran un escenario peligroso y desafiante para el trabajo de los/as defensores/as comunitarios.   2. Estas condiciones sociopolíticas y estructurales explican la violación sistemática de los derechos humanos. La omisión del Gobierno ante violaciones fragrantes por parte de las mismas autoridades estatales o municipales, de caciques regionales o bien de empresas privadas que invierten en territorio oaxaqueño, genera una grave situación que hace más compleja esta realidad.   3. Quienes están en una situación más vulnerable son las y los defensores comunitarios, pues son los que enfrentan de manera más directa los abusos de poder de las autoridades municipales –que de acuerdo a información publicada en este estudio, son las autoridades que más violentan los derechos humanos en el estado-; así también están a merced de los poderes fácticos: caciques locales o bien a los actores regionales que apoyan proyectos de inversión afectando sus territorios y recursos naturales.   4. Las y los defensores comunitarios se encuentran solos ante sus agresores. En voz de ellos mismos, el mismo Gobierno Estatal se ha aliado a los poderosos inversionistas o bien a esas viejas familias caciquiles que han gobernado de facto diversas regiones del estado de Oaxaca.   5. La criminalización del trabajo de las y los defensores esconde un tipo de racismo. Hay un ambiente tendiente a estigmatizar al luchador social sólo porque no acepta pasivamente las cosas. Se ha generalizado la idea de que si las y los defensores se oponen a una noción de “desarrollo” es porque se oponen al progreso y “alguien que está en contra del progreso es nocivo para el país”. No se observa al defensor como una persona que “defiende derechos”.   6. De acuerdo a estudios del presente diagnóstico, durante 320 días se registraron 120 actos de violencia contra defensores/as (Enero-Noviembre 2012). Estas agresiones las dividimos en tres tipos: a.- Actos de hostigamiento, b.- Amenazas y c.- Agresiones físicas. En Oaxaca sucede una agresión contra defensores cada tres días.   7. Es preocupante que estas agresiones sucedan, pero aún más que los/as defensores/as continúen en estado de indefensión. En el diagnóstico se confirma una hipótesis: las agresiones contra defensores se acentúan porque su labor es poco visible, desconocida o bien porque existe un deliberado interés de ciertos actores de denostar esta lucha por los derechos humanos.   8. La institución pública encargada de garantizar el respeto a los derechos humanos (DDHPO) carece de legitimidad. El diagnóstico nos presenta un balance de la relación de desencuentro que ha existido entre las organizaciones ciudadanas y la institución pública de derechos humanos. Los siete titulares que han presidido dicho órgano (1993-2012) han tenido una relación directa con la administración pública estatal y la clase política gobernante.     9. La institucionalidad de derechos humanos en Oaxaca se colapsó en 2006 y a la fecha no se ha podido recuperar, ni ha podido retomar una ruta clara de independencia de los grupos de poder. Los hechos ocurridos aquel año hicieron evidente la subordinación de las instituciones encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos, al gobierno en turno. Aunque también fue evidente la existencia de un marco jurídico obsoleto que limitó su actuación.     10. En el actual periodo de alternancia política en Oaxaca, da la impresión de que existe voluntad política del Gobierno Estatal para que se transversalice el enfoque de derechos humanos en toda la administración pública. Sin embargo, la agenda de los derechos humanos aun no logra afianzarse como una prioridad para los funcionarios. Muchos servidores públicos lo consideran como una actividad secundaria a sus tareas públicas.     11. La clave de la política pública es que existan recursos suficientes para desarrollar los programas y las acciones de gobierno. Mientras no existan recursos económicos suficientes, o se enfrente con carencias esta dura problemática será difícil que las políticas aterricen en acciones concretas. No es suficiente la buena disposición de un gobernante, es indispensable una acción de Estado en la que se comprometa todo el sector público.   12. Las organizaciones sociales y civiles, así como las y los defensores de derechos humanos atraviesan por un proceso de reorganización y rearticulación de sus iniciativas. No es fácil entender y actuar en un escenario caracterizado por un nuevo gobierno que ha hecho suya la agenda de la sociedad civil, en medio de un estado convulso donde, de alguna manera, se observan signos graves de violaciones a los derechos, situación a la que el gobierno no pone freno. Son muchos los desafíos que presenta la alternancia política en Oaxaca.  

13. Oaxaca representa un modelo de una lucha comunitaria organizada en la defensa de los derechos humanos. Con todo y las variantes del nuevo contexto, que en muchos sentidos son positivas: el interés de los organismos internacionales de derechos humanos la ONU y la CIDH, la Reforma Constitucional a nivel federal del año 2011, los cambios legales e institucionales que se han dado en el estado a raíz de la reforma de abril de 2011, todo esto hace que Oaxaca sea nuevamente el experimento, tierra fértil para que las y los defensores sean quienes ocupen un lugar central en los cambios que propicien el respeto y reconocimiento de los derechos humanos.