Oaxaca, México.- A consecuencia de la  privación ilegal de la libertad  de trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) desde las 10:00 horas del pasado jueves 22 de noviembre en las instalaciones de esta misma institución, por  integrantes del magisterio oaxaqueño encabezados por el director de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició la queja con número de expediente DDHPO/1639/(01)/OAX/2012.   Trabajadores de la educación indígena del IEEPO retuvieron a trabajadores del referido organismo federal “cerrando los accesos principales de las oficinas de CDI con cadenas y mecates para que los trabajadores no pudieran salir de la citada dependencia”.   A través del oficio 13751, la DDHPO  decretó “la adopción de una medida cautelar en vía de colaboración” al Procurador General de Justicia del Estado con el propósito de que girara instrucciones al agente del Ministerio Público que correspondiera para detener dichos acontecimientos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.   Asimismo, mediante el oficio número 13764, se solicitó la colaboración del Secretario General de Gobierno para que dentro del ámbito de su competencia efectuara las acciones necesarias a fin de   iniciara una mesa de diálogo entre las partes involucradas con la finalidad de que los trabajadores retenidos  fueran liberados y se buscara una solución pacífica al conflicto suscitado.   Mediante el oficio DDH/SA/XI/7090/2012, la Procuraduría General de Justicia del estado aceptó la medida cautelar emitida por la DDHPO, como consecuencia de ello, la Visitaduría General de la DDHPO recibió la llamada telefónica del Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones (Balderas Pérez Canseco) quien informó que se inició la averiguación previa 256/T.M./2012 sobre estos acontecimientos, sin detenido.  

A las referidas instalaciones del gobierno federal se presentó la  Agente del Ministerio Público, Eva Hernández Alonso, adscrita a la Agencia de Dolores, quien realizó la inspección ministerial,  debido a que la dependencia es federal y queda fuera de su competencia, ésta le fue turnada a la Procuraduría General de la República.