Oaxaca, México.-  La Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMDDH)  denunció al  presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera de encubrir al gobierno de Gabino Cué e incumplir tratados internacionales, en perjuicio de vicímas de violación de derechos humanos.   A continuación denuncia pública de la LIMDDH:   Como es del conocimiento público,  el 10 diez de junio de 2011, se publico en el Diario Oficial de la Federación, una de las más importantes reformas de los últimos años, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impactan directamente en la administración de justicia en el país; La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, entre otras cosas, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona, como principio  rector en la función jurisdiccional;  que no es otra cosa, que la obligación de los jueces de interpretar y aplicar las normas jurídicas en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a los derechos de las personas. Foto: Cortesia  Quadratin También, a partir de esta importante reforma constitucional, nace la obligación expresa de las autoridades, de observar y cumplir los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.   Consideramos que si la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos fuera acatada por los funcionarios públicos del Estado, sin cortapisas, se garantizaría mínimamente la  justiciabilidad de los casos  y el derecho de acceso de las victimas de violaciones  derechos humanos, a la justicia.   Sin embargo y a pesar de ello,  con fecha 11 de noviembre de 2011, el señor Adrián, de quien por razones de seguridad y de protección a sus datos personales, omitiremos dar sus apellidos, compareció ante la licenciada  Miria Aurora Rivera Soriano,  Juez 3° de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, a demandar al Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, la reparación del daño moral ocasionado a su persona, por haber sido injusta y arbitrariamente detenido, encarcelado y procesado penalmente por delitos que no cometió, en el contexto del conflicto social del 2006 en la entidad.   Es así, que con fecha 14 de Noviembre de 2011, la Juez 3° de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, licenciada Miria Aurora Rivera Soriano, resolvió, dentro del expediente 639/2011, denegar el derecho de acceso a la justicia al señor Adrián, desechando su demanda basándose en argumentos sin razón ni sustento alguno en derecho, dejando de aplicar en perjuicio de la victima el principio pro persona del que habla la reforma constitucional antes citada; contraviniendo también abierta y descaradamente el criterio establecido el 24 veinticuatro de marzo de 2011 dos mil once, por sus superiores jerárquicos los Magistrados  Ricardo Javier Herrera Muzgo Rebollo, Crescencio Martínez Geminiano y Sergio Saúl Estrada Romero, de la Segunda Sala Civil del propio Tribunal Superior de Justicia, al resolver el recurso de queja con numero de expediente 0057/2011, es decir ocho meses antes de que la Juez 3° de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, licenciada Miria Aurora Rivera Soriano resolviera injustamente, denegar justicia al señor Adrián, como victima por haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, por lo que no puede argumentar o excusar ignorancia como justificación de su mala determinación.   Con esta arbitrariedad, sostenemos que  el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de los jueces del Poder Judicial en el Estado,  viola la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Oaxaca,  el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Victimas de Violaciones a Derechos Humanos a interponer recursos y a obtener reparaciones, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, instrumentos jurídicos emanados de convenciones y tratados internacionales signados por el Estado Mexicano, que de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Federal, son ley suprema, de observancia general obligatoria  en toda la republica mexicana.   Lo anterior cobra relevancia, si tomamos en consideración que un grupo de aproximadamente 80 victimas, sobrevivientes y expresos políticos de Oaxaca, se vieron en la necesidad de hacer lo mismo que el señor Adrián, es decir, acudieron en días pasados, ante los Jueces civiles de este mismo Distrito Judicial, a demandar al Gobierno del Estado de Oaxaca, el cumplimiento del ACUERDO, POR EL QUE SE CREA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 15/2007 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INFORME DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1/2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; expedido en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en fecha 14 de junio de 2012, y el cual fue publicado en el Periódico Oficial en fecha 23 de junio de 2012, ya que el Gobierno del Estado no ha dado cumplimiento con su propio decreto, a pesar de haber sido requerido extrajudicialmente en diversas ocasiones por las victimas, motivo por el cual se ven en la necesidad de acudir a las instancias judiciales a reclamar sus derechos.   No por culpa de una mala funcionaria, como lo es la Licenciada Miria Aurora Rivera Soriano, Juez 3° de lo Civil de este Distrito Judicial, quien además probablemente guarde relación de parentesco con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, vamos a prejuzgar todo el trabajo de los demás jueces, pues hemos tenido experiencias positivas con honrosas excepciones.   Condenamos desde luego, la utilización facciosa de los Jueces del Poder Judicial en el Estado de Oaxaca, para eludir la responsabilidad que tiene el Gobierno del Estado en las violaciones cometidas contra los  derechos humanos y su obligación de repararlas y castigarlas.   Hacemos un llamado y solicitamos respetuosamente a la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de la Gubernatura, maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes, para que a través de sus oficios y a la brevedad posible, atienda y canalice esta denuncia que hoy hacemos pública.   Advertimos que la ausencia de jueces imparciales que atiendan y canalicen debidamente la demanda social de justicia en el Estado de Oaxaca, altera el orden público y pone en grave  riesgo la endeble paz social.   Lamentamos la actitud del Gobierno del Estado de subestimar la demanda legítima de justicia y de no considerar serio el trabajo de las y los Defensores de Derechos Humanos en Oaxaca.   Ante estas arbitrariedades, analizamos la posibilidad de acudir en audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  el próximo periodo de sesiones de marzo próximo. Para conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública, anexamos copia simple de las dos resoluciones a las que hemos hecho referencia en el presente boletín y constituyen hoy la materia de la presente denuncia pública.  

“Sobrevivientes y Expresos Políticos de Oaxaca por la defensa de los Derechos Humanos”

   

“Una Llama encendida por los derechos de los Pueblos”

Limeddh-Oaxaca

Isaac Torres Carmona

Presidente.